El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades incorpora la categoría de Sociedades Automatizadas. Las sociedades jurídicas, como las empresas, actúan a través de sus órganos directivos, que se tienen que hacer responsables de sus acciones. Con la nueva figura jurídica que Milei pretende hacer legal, ese rol lo pasaría a cumplir una IA o un algoritmo, al que no se puede hacer responsable por incumplimientos, errores, etc.

En las Sociedades Automatizadas legalizadas habría al menos una persona jurídica que se tiene que hacer cargo de ciertas responsabilidades, pero como las decisiones son puestas en última instancia en sistemas automatizados, los empresarios pueden liberarse de innumerables responsabildades.

Es obvio que la IA no va y hace el trámite de formar una «Sociedad Automatizada», sino que lo hace una Persona Humana (en términos legales), que luego no debería hacerse cargo de mucho de lo que pase con la empresa que registra. El proyecto de Sociedades Automatizadas es turbio por donde se lo mire.

Además, ese nuevo modelo de empresas podrían funcionar «sin trabajadores» en términos legales. Es decir, sin trabajadores en blanco. Es un intento de generalización del negreo 2.0 de las aplicaciones. La experiencia de los repartidores de plataformas muestra que la discusión no empieza con esta reforma: ya existe una disputa por quién controla los algoritmos que organizan el trabajo y quién se apropia de los beneficios de la automatización.

Las aplicaciones de reparto convirtieron una parte del trabajo cotidiano en una secuencia de decisiones que llega al trabajador desde una pantalla. Rappi, PedidosYa y Uber utilizan sistemas que asignan pedidos, calculan tiempos, procesan información sobre tráfico y demanda y establecen incentivos para los repartidores. La aplicación registra además cuánto se acepta o rechaza, cuánto demora una entrega y qué evaluación recibe quien la realiza. Para el repartidor, buena parte de la jornada empieza y termina siguiendo decisiones tomadas por ese sistema.

Para quien reparte, eso tiene consecuencias bastante concretas. La asignación puede depender de la proximidad, el tiempo estimado, el puntaje y otros datos que el sistema actualiza permanentemente. El trabajador puede competir por pedidos bajo reglas que no conoce completamente y sobre las que no tiene capacidad de decisión. El resultado se ve enseguida —un reparto que llega, otro que no aparece, una tarifa que cambia, una cuenta que queda bloqueada— aunque las razones que llevaron al sistema a tomar una determinada decisión permanezcan fuera de su alcance. El SiTraRepA viene señalando esa falta de transparencia como una de las características de la gestión algorítmica de las plataformas.

El poder de la aplicación convive con una definición jurídica que las empresas sostienen desde la expansión del trabajo por plataformas: el repartidor sería un trabajador independiente, un colaborador o su propio jefe. SiTraRepA sostiene lo contrario desde su nacimiento: quienes reparten están sometidos a las reglas de las empresas y deben ser reconocidos como trabajadores en relación de dependencia, con derechos laborales y organización sindical.

La contradicción aparece con más claridad cuando se mira qué significa, en la práctica, esa supuesta independencia. El repartidor puede decidir cuándo conectarse, pero no cuánto paga cada pedido, cómo se distribuyen las tareas, qué variables utiliza el sistema para asignarlas ni bajo qué condiciones puede dejar de recibirlas. Una parte de las decisiones que antes podía concentrar un supervisor aparece ahora distribuida en un sistema que procesa datos y ejecuta reglas automáticamente. La orden puede no venir de una persona sentada frente al trabajador y, sin embargo, las condiciones de trabajo siguen estando determinadas desde afuera.

Por eso una de las principales reivindicaciones de los trabajadores de plataformas es la transparencia algorítmica. Si un sistema organiza, mide y condiciona el trabajo, sus reglas no pueden quedar completamente fuera del alcance de quienes están sometidos a ellas. SiTraRepA y las organizaciones internacionales de trabajadores por plataformas vienen reclamando conocer y discutir esos mecanismos. El reclamo apunta a algo bastante concreto: conocer cómo se toman decisiones que tienen efectos sobre el ingreso, la asignación de pedidos y la continuidad del trabajo. La empresa puede presentar al repartidor como alguien que trabaja por cuenta propia mientras utiliza un sistema que organiza buena parte de las condiciones en las que ese trabajo se realiza. La aplicación aparece como intermediaria entre quien pide y quien entrega, pero detrás de esa interfaz sigue existiendo una empresa que fija reglas, administra datos y obtiene un beneficio de la actividad. La tecnología cambió la forma de ejercer ese poder, pero no lo hizo desaparecer.

Esa discusión ya existe en las plataformas. Ahora llega a otro terreno: el de las reglas que definen qué puede ser una empresa y qué necesita para funcionar.

Las Sociedades Automatizadas

El Gobierno presentó en el Senado su proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades, que reemplaza el régimen vigente y propone «adaptar» la legislación a una economía atravesada por la digitalización y las nuevas tecnologías. La iniciativa incorpora una categoría que hasta ahora no existía en la legislación argentina: la Sociedad Automatizada. El proyecto sigue en tratamiento en el Senado: la Comisión de Legislación General recibió nuevos expositores el 11 de agosto y tiene previsto continuar su análisis el 19 de agosto.

La novedad no consiste simplemente en permitir que una empresa use inteligencia artificial. Eso ya ocurre y no hacía falta una reforma societaria para habilitarlo. El proyecto contempla que una sociedad de cualquiera de los tipos previstos por la ley pueda ser considerada Sociedad Automatizada cuando desarrolle su objeto mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria. La máquina tampoco se convierte en sujeto de derecho: la sociedad sigue siendo la titular de la actividad.

Con esta reforma, para el Estado argentino los responsables de la empresas son una impersonal IA mientras factura alguien de carne y hueso.

Ahí aparece la diferencia con las plataformas. En las plataformas de reparto, el sistema organiza una actividad que todavía ejecutan miles de trabajadores. Asigna tareas, mide resultados, administra incentivos y puede condicionar el acceso a nuevos pedidos. Las empresas, al mismo tiempo, sostienen que esos trabajadores son independientes. El proyecto contempla la generalización de esta situación: las personas que ejerzan su trabajo bajo el control del algortimo pueden funcionar 100% sin un solo trabajador en relación de dependencia.

La reforma se presenta como una actualización del derecho societario frente a una economía que cambió con Internet, las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Pero hay algo más específico en juego. La tecnología ya podía organizar tareas dentro de una empresa. Ahora el proyecto propone que pueda formar parte de una sociedad cuya actividad ordinaria no necesite trabajadores en blanco.

La cuestión de la responsabilidad aparece en un lugar central. El artículo 14 establece que la Sociedad Automatizada responde frente a terceros, con su propio patrimonio, por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no aparece como una persona jurídica separada: el sujeto que responde es la sociedad. Queda, sin embargo, una cuestión que el proyecto no termina de cerrar: cómo se articula esa responsabilidad con la eventual responsabilidad de quienes configuran, administran o controlan el sistema cuando una decisión autónoma produce un daño.

En las plataformas ya hay decisiones automatizadas que afectan directamente los ingresos y las condiciones de trabajo. Una cuenta puede ser bloqueada, un pedido puede no aparecer, una tarifa puede cambiar o una evaluación puede tener consecuencias sobre la actividad posterior. En esos casos, la decisión del sistema sigue formando parte de una relación que las empresas presentan como independiente. El reclamo de SiTraRepA por la transparencia de los algoritmos apunta a hacer visible esa relación: detrás de la decisión automática hay reglas diseñadas dentro de una empresa y consecuencias que recaen sobre quien trabaja.

El proyecto lleva esa cuestión a la estructura empresarial. En las plataformas, el algoritmo interviene sobre una actividad que todavía realizan personas. La Sociedad Automatizada, en cambio, puede desarrollar su objeto mediante esos sistemas sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para la operación ordinaria. La diferencia no está en que aparezca por primera vez un algoritmo dentro de una empresa. Está en el lugar que puede ocupar. Si un sistema autónomo produce un daño, entonces no alcanza con mirar qué hizo el sistema. También hay que reconstruir cómo llegó a hacerlo: quién decidió utilizarlo, con qué reglas fue configurado, qué controles existían y quién podía intervenir sobre su funcionamiento. Que una decisión sea ejecutada automáticamente no significa que haya aparecido sin una historia previa de decisiones humanas.

El problema jurídico no consiste en imaginar una inteligencia artificial que adquiere voluntad propia y pasa a responder por sus actos. Está en otra parte. Una empresa puede delegar funciones en sistemas automatizados y seguir siendo la estructura que organiza la actividad y se apropia de sus resultados. Cuantas más funciones se delegan, más compleja puede volverse la reconstrucción de la cadena de decisiones. La automatización puede hacerla menos visible, pero no elimina las relaciones económicas que están detrás. Una empresa que prescinde de trabajadores en su operación ordinaria no es, por eso, una empresa que prescinde del trabajo. Los sistemas de inteligencia artificial necesitan infraestructura, conocimiento técnico, mantenimiento, energía y una extensa cadena de producción. Buena parte de quienes realizan esas tareas puede quedar fuera de la estructura societaria. El trabajador puede desaparecer de la nómina sin desaparecer de las condiciones materiales que hacen posible la actividad.

Algo parecido puede verse en las inversiones que se buscan promover alrededor de la economía tecnológica. Los centros de datos y otras actividades tecnológicas requieren grandes volúmenes de infraestructura y capital, pero eso no implica necesariamente una cantidad equivalente de empleo directo. La cuestión no es contar cuántos puestos desaparecen o aparecen con cada nueva tecnología. Es observar dónde queda ubicado el trabajo cuando una empresa puede reducir la cantidad de trabajadores que necesita reconocer dentro de su propia estructura.

Programadores, técnicos, personal de mantenimiento, trabajadores de infraestructura, logística y energía quedan distribuidos a lo largo de una cadena que una Sociedad Automatizada puede utilizar sin incorporarlos necesariamente como trabajadores propios. El capital puede concentrar la propiedad y la decisión en una empresa mientras parte del trabajo necesario para sostenerla aparece en otras compañías, proveedores o servicios. Eso modifica también la forma en que se percibe la producción. Desde afuera puede parecer que una empresa funciona con muy pocas personas, o incluso sin trabajadores en su operación ordinaria. Pero esa imagen dice poco sobre la cantidad de trabajo que hace falta para que sus sistemas funcionen. La automatización puede retirar trabajadores de una estructura empresarial sin retirar el trabajo de la cadena que la sostiene.

La experiencia de las plataformas vuelve a ser útil para mirar ese proceso. SiTraRepA no plantea que las aplicaciones deban dejar de utilizar tecnología. Su reclamo apunta a las reglas que esa tecnología impone sobre quienes trabajan: cómo se asignan los pedidos, cómo se determina el pago, qué datos se utilizan y qué consecuencias puede tener una decisión del sistema. La transparencia algorítmica aparece, así, como una disputa sobre las condiciones concretas del trabajo.

La discusión sobre la Sociedad Automatizada puede perder de vista esa dimensión si se la presenta solamente como una innovación del derecho societario. El algoritmo no existe separado de la producción que organiza. Detrás del sistema hay infraestructura, trabajadores, empresas y decisiones sobre la utilización de los recursos. La automatización puede cambiar quién aparece dentro de la empresa y quién queda fuera de ella, pero no elimina esa red. La incorporación de tecnología puede reducir el tiempo de trabajo necesario para realizar determinadas tareas, pero esa reducción no se convierte automáticamente en menos jornada, mejores salarios o más tiempo libre. Bajo las relaciones capitalistas, el ahorro de trabajo puede traducirse en reducción de costos, aumento de productividad o mayor capacidad de control sobre quienes todavía trabajan.

Eso puede verse con bastante claridad en las plataformas. Los algoritmos no eliminaron la subordinación laboral; cambiaron la forma en que se ejerce. Distribuyen tareas entre miles de personas, miden su desempeño y modifican los incentivos sin necesidad de una orden individual. Una decisión que antes podía atribuirse a un supervisor aparece ahora como el resultado de un cálculo automático. El trabajador recibe el resultado y la empresa conserva las reglas que lo producen. El reclamo de SiTraRepA parte de esa experiencia. El sindicato reclama, entre otras cosas, que las empresas abran sus algoritmos porque conocer cómo se asignan los pedidos y cómo se determina el pago forma parte de poder discutir las condiciones de trabajo. En los materiales del sindicato y del Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas, la transparencia aparece vinculada al control que los sistemas digitales ejercen sobre los movimientos y la actividad laboral.

Un algoritmo puede servir para organizar una actividad y, al mismo tiempo, convertirse en una herramienta de control sobre quienes la realizan. Para la empresa, puede significar una forma de reducir costos, administrar una fuerza de trabajo fragmentada y tomar decisiones a gran escala. Para quien trabaja, puede significar que una parte cada vez mayor de las condiciones laborales quede determinada por reglas que no puede conocer ni modificar.

La Sociedad Automatizada agrega otra posibilidad. La automatización se convierte en una característica de la propia estructura empresarial. Si la operación ordinaria puede desarrollarse sin trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos, la reducción del trabajo necesario deja de ser solamente un cambio en la forma de organizar una empresa existente. Pasa a formar parte de la forma en que el proyecto imagina la empresa. El capital puede apropiarse del fruto del trabajo ajeno sin tener que hacerse cargo de ninguna consecuencia por decisiones que, en última instancia, son humanas. Es como quitarle responsabilidad a quien dispara un arma por no matar directamente con sus dedos.

Mientras tanto, la explotación del trabajo no desaparece. El trabajo simplemente no es reconocido como un componente de la actividad de esa empresa, aunque obviamente lo sea. No ha existido todavía ninguna empresa en el planeta que no dependa de decisiones empresariales y de trabajo humano. La experiencia real de la vida real es que las nuevas tecnologías refuerzan el control sobre cada detalle del trabajo, no lo eliminan. Y el mileísmo no está legislando sobre situaciones hipotéticas sino reales. Las Sociedades Automatizadas son un disfraz ideológico de negreo, control absoluto sobre el trabajo ajeno e impunidad empresarial total.

La experiencia de los repartidores permite mirar esta transformación sin proyectarla demasiado hacia el futuro. El conflicto asociado a la inteligencia artificial ya tiene una expresión concreta en el trabajo con empresas que utilizan sistemas automatizados para organizar una actividad, trabajadores que no conocen las reglas que determinan buena parte de sus ingresos y una disputa sindical por recuperar capacidad de decisión sobre ellas.