Sobre la dinámica abierta el 6 de agosto

“(…) la ocupación de la calle frente al Congreso el día de esa votación (de la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. NdR) en el Senado como otro dato clave: esa postal remite al debate parlamentario de diciembre de 2017 en la presidencia de Mauricio Macri y a las ya legendarias 14 toneladas de piedras arrojadas ese día. Retrospectivamente, ese evento fue el inicio de una sucesión de problemas de gobernabilidad que terminaron en la derrota electoral de Macri en 2019, cuando buscó la reelección. Fue justo después del triunfo en las elecciones legislativas de octubre de 2017. Aunque los paralelismos son imperfectos, alimentan la percepción de debilidad de las dos experiencias políticas liberales-libertarias.”

(Luciana Vázquez, La Nación, 11/8)

La lucha de clases metió la cola. La coyuntura absorbida durante largas semanas por la superestructura y el clima mundialista se estrelló (con bastante previsibilidad) con un  cambio en el humor social y una movilización que bajo un severo temporal fue una piña al mentón al gobierno, lo empujó a la esquina del ring y lo dejó grogui.

El gobierno de Milei, que intentaba retomar la iniciativa política, queda aturdido y se abre una dinámica rodeada de incertidumbres, donde comenzaron a combinarse límites institucionales, dificultades económicas y una posible reactivación de la lucha de clases que vuelve incierto el rumbo del mileísmo.

El gobierno de Milei frente a sus límites

La dinámica del gobierno de Javier Milei se caracteriza por el intento de llevar adelante un experimento ultraderechista (en consonancia con el ascenso de esta corriente a nivel internacional) que logre quebrar las relaciones de fuerzas construidas en el país a lo largo de décadas, derrotar a su clase trabajadora y construir un país abierto a la explotación y el saqueo del capital local y foráneo.

Esta verdadera “declaración de guerra” a los trabajadores tuvo vaivenes a lo largo de los casi 3 años que lleva en el poder. Un momento de importancia sucedió entre septiembre y octubre del año pasado, cuando el gobierno fue derrotado por más de 14 puntos de diferencia en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en el marco de fuertes cuestionamientos y una creciente deslegitimación social. Sin embargo, 40 días después se alzaba con un triunfo en las elecciones legislativas nacionales con un 40% y casi 10 millones de votos. Entre una elección y otra operó un sentimiento conservador de una parte de la población por no volver “atrás” (al fracaso y la desmoralización de los gobiernos peronistas) y evitar la desestabilización económica que significan los cambios de frente electorales. El peronismo, se ocupó de pasivizar el descontento no moviendo un dedo, incluso al precio de su propia derrota. Además, hubo una grosera intervención de Trump, que prometió un préstamo de 20 mil millones de dólares para evitar una corrida cambiaria “solamente si Milei ganaba”.

El gobierno vivió el resultado como una reafirmación a su orientación política y económica, y se planteó redoblar la ofensiva reformista. El aval electoral fue una buena excusa para que el peronismo y la CGT dejaran pasar la reforma laboral a comienzos de este año. El gobierno se encontraba en inmejorables condiciones para seguir avanzando: con el respaldo de Trump, un triunfo electoral reciente, con los gobernadores y los partidos aliados brindando apoyo, y el peronismo garantizando gobernabilidad. Sin embargo, desde principios de marzo, con el affaire Adorni, perdió iniciativa y quedó envuelto en una grave crisis de legitimidad: saltaba escandalosamente que una de las principales figuras del gobierno, vocero y Jefe de Gabinete, había metido la mano en la lata para adquirir desde consolas de videojuegos hasta cascadas. Con esto, hipotecó el perfil anticasta, achicando los puntos de sustentación social del gobierno.

Así se fue hundiendo en la confusión, afirmándose en sostener a Adorni pero imposibilitado de poder plantear su agenda y tener una voz ordenadora. De esta manera, la primera parte del año cerró sin grandes avances desde el punto de vista político, más allá de que las consecuencias de la crisis económico-social se hacen sentir con su dinámica específica. El Mundial fue aprovechado para echar lastre. Pero nuevamente, cuando se esperaba que retomara la iniciativa e iniciara un tránsito a construir las condiciones de reelección para el año próximo, el gobierno volvió a chocar con una pared.

Una suma de problemas sin resolución a la vista

El 6 de agosto, dejó planteado con fuerza un interrogante: ¿qué va a pasar con el gobierno de Javier Milei?

Uno de los problemas (el más remarcado por los analistas) son las disfuncionalidades en el dispositivo de poder. O, como dice Liotti, el de Milei es “un gobierno que no logra encontrar un modo de funcionamiento orgánico”. Tras casi 3 años, no ha normalizado un determinado “método” ni construido una pericia gubernamental. Por el contrario, actúa prácticamente igual que cuando asumió: elabora un paquete de leyes de sentido contrarreformista, emerge una resistencia, va al Parlamento con demasiados cabos sueltos y choca con el movimiento de masas en la calle. Es cierto que consiguió algunas victorias, también que encontró severos límites, pero a largo plazo no es una forma de gobierno sustentable. ¿Posee la flexibilidad suficiente para cambiar?

El segundo problema es que, desde el punto de vista económico y/o estructural, el “modelo” del gobierno -sin ser una cosa acabada- muestra contradicciones que erosionan su propia sustentabilidad. El más estructural probablemente es la apuesta a la dinamización de sectores económicos (el agro, la energía, el petróleo) con fuerte capacidad exportadora y de generación de divisas, pero abandonando otras (industria, construcción y comercio) que son las que sostienen la enorme parte del empleo e ingresos de la mayor parte de la sociedad. Este experimento es la cuadratura del círculo, porque implica dejar fuera del modelo económico a los grandes entramados suburbanos que alojan millones y millones de personas.

También está la paradoja de haber bajado la inflación (uno de los mandatos sociales, aunque el último dato muestra un repunte) sobre la base de un fuerte torniquete fiscal y monetario, pero enfriando la actividad económica, y por ende la recaudación del fisco, con lo cual queda cuestionado una de las principales premisas de su modelo económico: el superávit fiscal. Para sostener esto ficticiamente es que el gobierno, entre otras maniobras y fraudes contables, lleva adelante una práctica escandalosa: la retención de un porcentaje importantísimo de un impuesto a las naftas que tiene que destinarse por ley a la construcción y mantenimiento de rutas y caminos. La infraestructura es esencial en cualquier proyecto de desarrollo coherente, hace a las condiciones generales de la acumulación capitalista. En general, por depender de obras de gran porte y poco retorno inmediato, se ocupa el Estado en tanto administrador general de los intereses de la burguesía. El abandono de esto no solo produce costos económicos más altos (otro contrasentido de este gobierno), sino costos sociales vinculados a aislamiento de poblaciones y siniestros de tránsito. Y le abre a Milei brechas con sectores de la burguesía que, si dentro de los campos o pozos petroleros tienen una enorme productividad vinculada a las condiciones naturales, ésta se licúa cuando la producción (sea soja, petróleo o minerales) tiene que ser transportada hasta los puertos para sacarla del país.

Pero, probablemente, el fenómeno más importante es el que está ocurriendo en la base de la sociedad. Como lo demostró el clima social y la movilización del 6 de agosto, una porción cada vez mayor de la sociedad rechaza a este gobierno. Cientos de encuestas reflejan que son mayoritarias las personas que opinan que la crisis económica y el malvivir son responsabilidad del gobierno, y que no creen que la situación mejore ni que el gobierno tenga la capacidad para resolverlo. Esto opera como un “quiebre en las expectativas” (Jacquelin) y el paso de un “deterioro coyuntural” a un “malestar estructural” (Liotti). El futuro se ve negro. ¿El gobierno tiene herramientas para revertirlo?

La paradoja del caso es que, a pesar del rastro de destrucción que está dejando en varias áreas de la vida social y económica, luego de tres años el gobierno de Milei no logra propinar una derrota global al movimiento de masas que le permita avanzar sin contrapesos con su proyecto, y que en todo caso lo que empezamos a transitar no sea la vuelta del reloj de arena contra el mismo Milei.

¡Milei no se aguanta más!

Sobre la base de esto se abren una serie de escenarios contradictorios.

El primero tiene que ver con la contención y el encaminamiento electoral. El golpe que sufrió el gobierno le dejó planteado a los partidos burgueses aprovechar su oportunidad. En el caso del peronismo, luego de insoportables e inentendibles tiras y aflojes entre CFK y Kicillof, se dieron cita en el Congreso la plana mayor para bajarle unos grados a la interna y mostrar indicios de un acuerdo electoral para el año próximo. Intentan ocupar el espacio del rechazo al gobierno aun cuando como dirección mayoritaria del movimiento de masas (sindicatos, centros de estudiantes, etc.) dejaron pasar la mayoría de los ataques, e incluso sin presentar un programa de gobierno luego de la experiencia de Alberto Fernandez- CFK.

Por otro lado, un disminuido Mauricio Macri consiguió una promesa de acuerdo con el golpeado mileísmo. Alrededor de estos dos grandes bloques podría estructurarse la oferta electoral para el 2027, mientras los trabajadores sufren las penurias acumuladas en este 2026.

Pero otra dinámica posible está vinculada al cruce entre el malestar con el gobierno y la crisis social, que por problemas viejos y nuevos, podría emerger en cualquier momento. No solo la parálisis de la economía, los despidos, la pérdida de poder adquisitivo, sino fenómenos recientes -y eventualmente explosivos- como la morosidad: un universo de más de 20 millones de personas se endeudan para adquirir lo necesario para vivir, alimentarse o viajar. Más de 5 millones se encuentran en situación de mora tardía (más de 3 meses de atraso). El gobierno dice que “nadie les puso una pistola en la cabeza” y que es un “acuerdo entre privados”, mientras los intereses de usura de bancos y fintechs generan estragos.

En esta tensión entre la canalización institucional y los problemas irresueltos, se desarrollará el futuro inmediato. Aquí es donde entran las perspectivas de la izquierda: se abre una oportunidad de que una parte del electorado se canalice hacia ella subproducto del cansancio con el peronismo. Sin embargo, simultáneamente, el FITU estalla por su vicio de origen: el de una cooperativa electoral que nunca dio un canal de organización real por abajo. Eso se pretende resolver ahora no de manera unitaria sino erigiendo a Myriam Bregman como una suerte de “salvadora” por encima de la necesidad de poner en pie verdaderos canales de organización por la base y oponiéndose, en los hechos, a cualquier unidad real, por ejemplo con nuestro partido, que cuenta con Manuela Castañeira como una de las principales figuras de la izquierda en nuestro país.

El 6 de agosto demostró que la lucha en las calles le pueden parar la mano a este gobierno antiobrero. Y condensó en una misma jornada una serie de malestares sociales que venían creciendo. El oficialismo tiene la pelota ahora. Habrá que ver si logra reabsorber el golpe mediante acuerdos parlamentarios y una nueva polarización electoral o si, por el contrario, el deterioro económico y el cambio del humor social abren un ciclo de mayor conflictividad. Es la gran incógnita de la etapa.

Por nuestra parte, nos proponemos organizar a miles de jóvenes con el II Plenario Nacional de ¡Ya Basta!, el 19 de septiembre en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así como también explorar las vías para que la izquierda sea un verdadero canal para tanto descontento. Parte de esto es tener presente que el antiimperialismo consecuente sólo puede ser el anticapitalismo.

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