La marea verde, con la fuerza de lxs pibxs, logró ganar la mayoría social a favor de la legalización del aborto en 2018. Luego de un 2020 de dilaciones e intentos de enfriar el reclamo, aprovechando la pandemia y la necesaria cuarentena, el gobierno creyó que iba a poder patear el tema indefinidamente.
La impaciencia de la marea, que se empezó a sentir desde el 28 de septiembre (Día latinoamericano y del caribe de lucha por el derecho al aborto) y las primeras acciones convocadas por la Campaña, que fue creciendo con el paso de las semanas, presionaron para que Fernández abriera el debate ahora.
Finalmente, presentó hoy (17/11/20) su proyecto.
Desde Las Rojas festejamos que se abra el debate, como parte de esa marea que se ha movilizado y ha exigido una y mil veces que el aborto sea legal.
A partir de ahora se abre un momento decisivo. Los antiderechos van a intentar por todos los medios que la legalización del aborto no sea una realidad.
Lejos de contentarnos con la presentación del proyecto y lejos de creer que la pelea está ganada, la marea verde tiene que organizarse para tomar las calles estas próximas semanas. Cualquier confianza en que la presentación de Alberto Fernández ya es garantía de que se apruebe la legalización del aborto, dejaría el flanco para que avancen los antiderechos.
El Papa, las iglesias evangélicas, los gobernadores oscurantistas, y todo el rejunte de dinosaurios atornillados en los sillones del poder moverán cielo y tierra para interponerse y evitar la legalización del aborto. Sin la presión en las calles de la marea verde, de la mayoría social, de lxs miles y milxs de pibxs, movimiento feminista y de la diversidad, esos senadores y diputados que se venden al mejor postor tendrán el camino libre para no aprobar la legalización del aborto.
¡Más que nunca hay que estar en las calles! Porque solo la fuerza del movimiento feminista, la juventud y lxs trabajadorxs puede lograr imponerle a esa cueva presidida por dinosaurios (como el peronista Mayans) que sea ley la maternidad deseada.
Nuestro proyecto es el de la Campaña
El proyecto que presentó Alberto Fernández, como ya hemos advertido desde Las Rojas, contiene una enorme concesión a los anti derechos. En el artículo 10 establece: “OBJECIÓN DE CONCIENCIA: El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá:
- Mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión.
- Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.
- Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.
- Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.
El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.
El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.”
Este artículo 10 del proyecto de Alberto es una verdadera canallada. Deja librada a la “buena fe” del objetor garantizar que de todas maneras se realice la interrupción del embarazo. En ningún lugar dice que son las autoridades provinciales, municipales, directivos de hospital los que tienen la obligación de garantizar que se cumpla el acceso al aborto. ¡Las instituciones estatales y privadas no tienen ninguna responsabilidad! En la abstracción de que el que no tiene ninguna autoridad adopte “todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica”, ¡se diluye toda la responsabilidad del Estado!
Se podrá decir que la objeción de conciencia es un derecho de los individuos. Aceptado. Pero el sistema de salud, como cualquier institución y lugar de trabajo, funciona bajo presión de los funcionarios y de las patronales. ¿O alguien puede creer que en las santas clínicas el clerical directorio no ejercerá presiones para que los médicos se declaren objetores? Y en los hospitales públicos, llenos de directivos antiderechos nombrados por gobernadores y ministros de salud medievales también utlizarán el despido o la sanción como medio para impedir que lxs trabajadores de la salud realicen la práctica. Lo hacen ahora con la I.L.E. (interrupción del embarazo por causales) en provincias enteras, como Corrientes, que ostenta el triste título de ser la provincia con más niñas madres del país.
Tenemos el ejemplo de Uruguay, donde esto mismo ocurre: allí el aborto es legal, sin embargo, hay departamentos (provincias) donde la realidad es que las mujeres siguen abortando en la clandestinidad por el ensañamiento de los anti derechos.
Por todo esto y confiando en sus propias fuerzas, es que la marea verde tiene que sostener el proyecto por el que militó, luchó, marchó, hizo vigilias: el proyecto de la Campaña, que claramente sí legaliza el derecho al aborto, pero además ¡lo garantiza! La pelea está abierta: ¡El final lo definimos todxs juntxs en las calles!
