Sin avanzar sobre la propiedad privada capitalista no hay control de precios viable

No se puede controlar la inflación por decreto, o mandando a la militancia a recorrer las góndolas con una planilla en la mano. Los empresarios producen, distribuyen y comercializan. Tienen mil y una maneras de influir en los precios imponiéndose sobre lo escrito en los decretos presidenciales.

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Esta mañana trascendió la noticia de las imputaciones a varios empresarios por violar el acuerdo de «precios y salarios» que el fernandismo intenta llevar adelante en las mesas de negociación que ha venido realizando con sindicalistas y empresarios.

Las imputaciones a las empresas se realizaron como escarmiento por haber operado especulativamente en el mercado, incumpliendo las leyes de Precios Máximos. El gobierno les exigió aumentar la producción hasta el límite de la capacidad instalada y garantizar la distribución en condiciones, buscando evitar que generen escasez artificial que presiona para el aumento de los precios. Más allá de las leyes de precios máximos, en la última reunión, Guzmán se comprometió a no tomar medidas efectivas contra los intereses de los empresarios, lo cual fue recibido con aplausos. Y, aunque los medios oficialistas hagan ruido con las imputaciones, ya veremos que no son gran cosa.

Unilever, Danone, Procter & Gamble (P&G), Fargo, Aceitera General Deheza (AGD), Molinos Río de la Plata, Bunge, Mastellone, fueron algunas de las empresas de alimentos en las cuales se corroboró una disminución del abastecimiento o el ocultamiento de datos de producción y distribución. «Retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización» según el comunicado de la Secretaría de Comercio Interior.

Las imputaciones intiman a las empresas a comprometerse a revertir la situación y a informar sus niveles de stock. Los empresarios, por su parte, se quejan de que el gobierno congela los precios y exige un aumento de la producción, algo que va contra la lógica de la «libre competencia». Es una escenificación de una pseudo lucha ideológica que no pasa de las declaraciones rimbombantes, ya que el gobierno no está dispuesto realmente a pasar de un simple tirón de orejas a medidas efectivas que afecten la ganancia capitalista.

No se puede controlar la inflación por decreto, o mandando a la militancia a recorrer las góndolas con una planilla en la mano y denunciarlo por twitter. El que produce, distribuye y comercializa tiene mil y una formas de influir en los precios, imponiéndose sobre lo escrito en los decretos presidenciales. Mientras sean los capitalistas quienes controlan y garantizan las condiciones de producción, distribución y comercialización de todos los bienes y lo hagan no para satisfacer necesidades sino para sacar la mayor cantidad de ganancias posibles, no hay posibilidad real de controlar los precios.

Los capitalistas pueden mirar con desprecio y suficiencia las amenazas de imputación legal mientras tengan el poder económico real sobre el mercado. La propiedad privada capitalista es un límite que hay que atreverse a sobrepasar si se quiere tener poder de decisión real, castigando con estatizaciones y expropiaciones a quienes no cumplan las leyes de control de precios, o dirigiendo ramas importantes de la producción para influir en el mercado. El gobierno no está dispuesto a cruzar ese límite, y en cambio dicta imputaciones que exigen a los empresarios a comprometerse de palabra a regularizar su situación (les pide que digan que intentarán intentarlo). Mientras tanto, son los trabajadores quienes sufren día a día el descontrol de los precios en las góndolas, que en enero subieron un 4% promedio y 4,7% los alimentos.

Hace años que el salario real viene cayendo. Según datos oficiales (que son notablemente benévolos) a diciembre del 2020 el poder de compra había caído casi un 20% desde 2015 en el sector privado y más del 26% en el sector público, y seguramente mucho más en el empleo informal que abarca a casi la mitad de los trabajadores del país. En 2020 esta caída dio un nuevo salto: 7,7% en el sector privado y 13% para trabajadores estatales, un verdadero descenso en picada.

El gobierno, tras la reunión con sindicatos y empresarios, se ha comprometido a aumentar los salarios entre 2 y 4 puntos por encima de la inflación, pero la previsión de inflación contemplada en el presupuesto 2021 es del 29%, por lo que el compromiso (al que suscriben los burócratas de todos los sindicatos) es de entre el 31% y el 35% en cuotas. Una nueva caída del poder adquisitivo real de entre el 15% y el 25% anual si nos atenemos a previsiones inflacionarias realistas que van del 40% al 50% teniendo en cuenta variables volátiles como el precio del dólar, los precios internacionales y el acuerdo final al que se llegue con el FMI y otros acreedores.

Para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo, el control de precios no puede limitarse a decretos y declaraciones demagógicas. No hay recuperación del poder adquisitivo con cálculos inflacionarios falaces y exigencia de «paz social» a los sindicatos. No hay controles de precios realistas sin la abolición del secreto comercial y apertura de libros contables. No se puede desacoplar los precios internos con los internacionales sin monopolio de la banca y el comercio exterior. No hay posibilidad de evitar la especulación sin propiedad estatal de ramas clave de la producción de alimentos. No hay manera de controlar la inflación sin una aceleración de la industrialización que permita una mejor competitividad a nivel internacional.

Todas estas medidas son realistas, pero requieren audacia y voluntad de defender inflexiblemente los derechos de los trabajadores, algo que está muy lejos de coincidir con el carácter del fernandismo.

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