Las universidades nacionales estarán cruzadas por paros docentes y nodocentes contra Milei, que incumple con la ley y todo acuerdo porque quiere destruir la educación pública a toda costa. La primera medida de fuerza fue hoy, miércoles 12 de agosto.

Los docentes exigen la recomposición de sus salarios, que perdieron cerca del 50% de su poder adquisitivo real. La inmensa mayoría de los docentes universitarios está cobrando salarios que rozan la línea de indigencia, en torno a los $300.000. Una situación muy similar a la que viven los trabajadores nodocentes en todas las universidades del país.

La principal exigencia es que el gobierno nacional efectivice la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Milei intentó vetarla dos veces en los últimos dos años. En ambas oportunidades fracasó tras movilizaciones masivas de docentes y sobre todo estudiantiles, como sucedió en el Estudiantazo de 2024, con más de 100 facultades tomadas en todo el país.

En junio, la Corte Suprema dejó firma la cautelar que ordenaba al gobierno cumplir con la ley y el gobierno no cumplió. Como un autócrata, Milei no para de hacer lo que se le canta con las Universidades.

Desde el día uno de su gestión, Milei eligió a las universidades (a sus trabajadores y estudiantes) como enemigo directo. Es la marca de un gobierno oscurantista en toda la línea, que recorta la educación a la par de la cultura y el presupuesto para investigación científica. Pero el movimiento universitario cuenta con una amplísima legitimidad y solidaridad social que se ha expresado en las calles de forma masiva durante los últimos años.

En junio, los rectores negociaron un acuerdo de miseria con Subsecretario de Asuntos Universitarios de Milei, Alejandro Álvarez. Y como la Corte ordenó la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, que ya estaba aprobada an muchas instancias, el gobierno decidió simplemente incumplir con lo acordado. Simplemente dejaron las cosas como están.

Así, Milei incumple tanto la ley como el acuerdo con los rectores, que eran muy diferentes. Como explicó la Juventud anticapitalista del ¡Ya Basta!: «La Ley de Financiamiento Universitario, votada dos veces en el Congreso y ratificada por ambas cámaras cuando Milei la intentó volver a vetar, asignó entre $2,5 y $3,6 billones (entre 1.700 y 2.500 millones de dólares) adicionales para las universidades, un 0,23% del PBI. Esos montos estaban destinados a actualizar y recomponer el salario de docentes y nodocentes desde diciembre de 2023 (52% al día de hoy con retroactivo), paritarias nacionales cada 3 meses, recomposición de la partida de gastos de funcionamiento desde 2024 y actualización bimestral de acuerdo al índice de inflación, así como la recomposición de todos los programas de becas para estudiantes -incluido el PROGRESAR- y una partida especial para investigación científica.

Lo que firmaron rectores y gremios fue un acuerdo por un cuarto de lo que especifica la ley: una partida de $800.000 millones, una actualización del 21% en los salarios de los trabajadores universitarios y otro 3% a cobrar en septiembre sin ningún retroactivo, la promesa de abrir paritarias en tres meses, un 20% de aumento a los gastos de funcionamiento que no resuelve ningún problema estructural y una partida adicional para los hospitales universitarios, dejando afuera la beca PROGRESAR que se mantiene en $35.000 desde hace casi un año. Además, el acuerdo firmado no establece un criterio de actualización del prespuesto universitario como indica la Ley de Presupuesto Universitario, sino que deja los futuros aumentos a discreción del gobierno.»

En su momento, también señalaron los límites del carácter pasivos y corporativo de los paros. La lucha por el Financiamiento Universitario se convirtió en una gran causa nacional cuando se convirtió en una lucha política por la educación pública:

«También los paros pasivos de los gremios fueron corporativos: sin tener en cuenta la opinión del estudiantado, sin involucrarlo, se volvieron una rutina que ayudó a dividir a los claustros, a oponer a docentes con estudiantes, contrastando con las medidas de paro activo de 2024 como las clases públicas que inundaron facultades como la de Filosofía y Letras.

El enfoque de que cada claustro “pelee por lo suyo” que le dieron las direcciones al conflicto fue un crimen porque en vez de unir a todos los sectores de la universidad con la sociedad movilizada se operó para dividir. La resultante es la entrega de la aplicación de la ley, y para los estudiantes en particular, nada.

Desde el ¡Ya Basta! fuimos la única corriente estudiantil universitaria que apostó a transformar al movimiento estudiantil en un actor político principal de la lucha educativa. Rechazando el corporativismo de los gremios y la mirada sectaria sobre los estudiantes, disputamos la orientación de poner de pie al movimiento estudiantil para ganar la aplicación de la ley.»