Polémica por los cortes y movilizaciones

Si no movilizamos nos siguen empobreciendo

Con la panza llena y sentado en los cómodos sillones de la Casa Rosada, el médico y asesor del gobierno Luis Cámera, que participó en una reunión el pasado lunes para evaluar eventuales medidas frente a la pandemia, declaró públicamente que hay que prohibir las movilizaciones por un mes y incitó al gobierno a "reprimir" a quien salga a la calle.



Qué fácil es hablar de sanidad cuando no se sufren necesidades. Que fácil es pedir represión como si los trabajadores se movilizaran por entretenimiento. Mientras este señor hablaba, la fría noche encontraba en Neuquén las carpas de los trabajadores de salud, que cumplían 21 días de piquete y más de 50 de movilización permanente por un salario digno.

Los medios oficialistas y opositores, en la misma sintonía, vomitan tinta contra los piquetes y movilizaciones en CABA y otros puntos del país. Chillan contra la «falta de control» por parte del gobierno hacia las manifestaciones callejeras en el marco de la segunda ola de la pandemia («¡propagan los contagios!»). Estos mismos medios celebraron los cacerolazos negacionistas y gorilas, pero claro, esos eran realizados por «gente de bien».

Ayer, organizaciones sindicales y de izquierda concentraron en el obelisco para luego marchar al Ministerio de Trabajo, en el marco de la reunión del Consejo del Salario, para exigir que el salario mínimo sea de 60.000 pesos, es decir, alcance para cubrir las necesidades de la canasta familiar y termine con la ridícula situación que viven millones, que son pobres teniendo trabajo ¿es mucho pedir?. Luego de la reunión, se anunció que el Consejo del Salario estableció el nuevo mínimo en 29.160 pesos, lo cual es insuficiente, pero se vuelve indignante cuando nos enteramos que la cifra se obtendrá luego de ¡siete cuotas!, es decir, irá aumentando gradualmente durante varios meses, hasta llegar a su valor final: insuficiente.

Manuela Castañeira, referente del Nuevo MAS que ayer participó en la concentración, le respondió a Camera: «La pandemia se soluciona con medidas sanitarias, no reprimiendo la justa movilización popular como si estuviéramos en una dictadura». La declaración da en el clavo, en momentos en que la saturación del sistema de salud expone la nula previsión estratégica del gobierno. La nula aplicación de refuerzos presupuestarios y de infraestructura que hubieran permitido llegar en otras condiciones al segundo año de la pandemia.

Pero además, lo que oficialistas y opositores de derecha omiten es que para enfrentar de manera consecuente la pandemia se deberían tomar medidas que afecten en mayor o menor medida la ganancia capitalista. El gobierno se resiste a cerrar las fábricas y talleres donde hubo contagios o a obligar a cumplir estrictas medidas sanitarias en los mismos para que los dueños de las mismas continúen facturando.

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El transporte público mantiene a la gente en hacinamiento durante las horas pico, y tampoco hay un plan de ayudas económicas a la altura de las circunstancias de la crisis que estamos atravesando. Fernández se limita a hacer una fragilísima campaña de concientización contra los espacios de socialización de la población y la juventud, y a tomar tibias medidas de restricción de los mismos.

Pero mientras continúa la rueda de la explotación y el contagio, la inflación viene comiéndose la capacidad de compra de los salarios. El 2021 lleva acumulada un 13%, que es aún mayor en los precios de los alimentos y la canasta básica, por lo que la misma afecta más que a nadie a los trabajadores y sectores populares. Más allá de alguna que otra amenaza de control precios y sanciones legales a las empresas por parte del ejecutivo, nada ha impedido el permanente aumento de los precios semana a semana.

La inflación del primer trimestre, anualizada, representa un 63%, que es casi el doble de lo que los sindicatos están acordando como aumentos paritarios en casi todos los gremios. El gobierno pactó con los sindicatos los aumentos alrededor de la «hoja de ruta» del presupuesto 2021, el cual preveía (de manera hipócrita) una inflación del 29%. El plan estratégico comprende un acuerdo con el FMI que implica una reducción del déficit fiscal y un ajuste a la clase trabajadora. No quieren moverse un milímetro del ajuste pactado.

En este contexto, sería muy conveniente para el gobierno (y las burocracias sindicales) atar de pies y manos a los trabajadores para que no se movilicen, quitándoles el único método para defender su salario y condiciones laborales. Los burócratas sindicales que manejan los principales gremios acordaron la «paz social», entregando las condiciones de vida de sus afiliados. Si los de abajo no se mueven, todo va hacia un permanente deterioro de sus condiciones de vida.

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De ninguna manera puede ser aceptado este cercenamiento de las libertades democráticas que busca seguir empobreciendo a los trabajadores. Por supuesto que con todos los cuidados sanitarios pertinentes, las movilizaciones deben seguir realizándose. La lucha en las calles es la única garantía para hacer valer los intereses de los trabajadores y sectores populares en momentos de una dura pulseada por hacerle pagar a los de abajo los platos rotos de la crisis pandémica. Razones para movilizar, siguen sobrando.

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