El gobierno nacional estableció, a través del Boletín Oficial, el cobro de las prestaciones médicas a extranjeros no residentes que se atiendan en hospitales nacionales. La resolución 1066/2026, del Ministerio de Salud viene a reglamentar las modificaciones que Milei aplicó a la Ley de Migraciones a partir del DNU de mayo del año pasado.

No hay números que justifiquen nada: es propaganda de xenofobia «libertaria»; y ni por asomo tiene como objetiv ningún mejoramiento de las condiciones de los centros de salud. Mucho menos un intento de optimizar el uso de los “impuestos de los argentinos”. Lo único optimizado son los mecanismos para que los mismo terminen en los bolsillos de funcionarios y empresarios. Milei apunta a los migrantes mientras le ajusta a la salud pública a todos.

Cobros por atención

Lo que reglamenta el Boletín Oficial es, en resumidas cuentas, cobrar por adelantado toda atención médica a extranjeros que no sea de urgencia. Establece que deberán pagar “por ventanilla” o tener un seguro médico. En caso contrario, se les negaría la atención.

Respecto a la “excepción”, una urgencia: “Queda exceptuada de la aplicación del presente toda prestación sanitaria destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible en la salud de la persona.”

Pero no hay que confundirse ni tener la inocencia de pensar que Lugones, el firmante de esta reglamentación, tuvo un rastro de humanidad o tan siquiera se acordó de su Juramento Hipocrático. En el mismo texto marca bien claro el límitedel “Procedimiento para la atención sanitaria no programada derivada de una atención de emergencia:

Paso 1: Estabilización y Alta Médica. Una vez estabilizado el paciente ingresado en virtud de alguna de las situaciones descriptas en el artículo 2°, el área de Facturación consolidará todos los gastos generados desde el cese de la emergencia hasta el momento de su alta clínica.”

En resumen, en el momento que se logra estabilizar al paciente, ya comienza a endeudarse.

Pero volviendo al procedimiento habitual, todo extranjero deberá presentar su DNI para comprobar su situación de residente permanente, en caso contrario deberá tener cobertura médica. Si no dispusiera de una, deberá ir al “área de Facturación” para calcular el coste y abonar el 100%. El comprobante de pago se convertiría en el único documento que le permitiría recibir atención. Es una privatización de la salud pública para los extranjeros.

Xenofobia y destrucción de la salud

No es nada nuevo, todos sabemos que el gobierno viene fogoneando este discurso anti-inmigrante desde hace rato, con un pico reciente con la discusión del arancelamiento de la universidad para extranjeros.

“El gobierno manchado por casos de corrupción, que ningún problema tiene en hacerse de las arcas del Estado para el beneficio personal de sus funcionarios, ahora se deshace en preocupación ante el aprovechamiento por parte de los inmigrantes que estudian en las universidades públicas. A su vez, hipócritamente afirma Ravier que se debe garantizar el derecho a la educación universitaria y asegurar su justo financiamiento, cuando en los hechos el gobierno se ha negado rotundamente a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, refrendada más de una vez por la calle y las votaciones del Congreso.”

Este párrafo podría calcarse sin más para explicar lo que hacen hoy, cambiando la palabra «universidades» por «salud», y «estudian» por «se atienden».

En ese momento Milei contaba con el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para dibujar números y decir la burrada de que el 40% de los estudiantes de Medicina en la UBA eran extranjero, cosa bien desmentido en la nota citada. Ahora es incluso más estúpido: “En la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más poblada del país, las cifras respecto de cuántos extranjeros utilizan los hospitales públicos no llega al 1%. A modo de ejemplo, durante todo el 2023 hubo casi un millón y medio de consultas médicas digitales registradas en provincia de Buenos Aires (1.449.606), y sólo el 0,2% (3.210) corresponden a consultas efectuadas por personas extranjeras. La cifra se repite año a año y no se incrementa.” (El Destape)

Entonces se entiende mejor lo que está pasando, el gobierno intenta cargar sobre los extranjeros, residentes permanentes y no permanentes, la responsabilidad de destruir los servicios públicos. Es un intento claro de inventar un chivo expiatorio para tapar a los verdaderos culpables de la situación, el gobierno nacional desfinanciando todo.

Algo importante para ventilar el humo de mentiras es, citando a la nota del tema universitario, que también es mentira que no aportan con impuestos: “Por otro lado, argentinos o extranjeros, todos los trabajadores aportan al país: pagan servicios, se les cobra el IVA, se levantan temprano para trabajar porque no saben de la magia matemática creada por pendrives con cientos de miles de dólares escondidos.”

Al final de cuentas, no hay que buscar los culpables en las comunidades bolivianas, peruanas, colombianas, senegalesas ni ninguna otra comunidad migrante para encontrarle una explicación a los problemas argentinos. Hay que ir a buscarlos en el Ministerio de Salud, el de Economía, de Capital Humano y, especialmente, en la Casa Rosada. Esa es la “comunidad” culpable del desastre.