La segmentación

El esquema de segmentación parte de delimitar tres niveles dentro del universo de usuarios de todo el país. El nivel 1 corresponde al sector de altos ingresos, mientras que el 2 al de menores ingresos y el 3 al sector de «ingresos medios».

En los 3 servicios el ajuste será proporcionalmente enorme. El nivel 1 pasará a pagar la tarifa plena, sin ningún tipo de subsidio.

En lo que atañe al gas, el nivel 2 mantendrá la tarifa vigente, que ya ha aumentado alrededor del 38% en lo que va del año para los usuarios no beneficiarios de la tarifa social. El nivel 3 (ingresos medios) seguirá pagando una tarifa subsidiada, pero sólo por el 70% del promedio de consumo mínimo y máximo de cada zona del país. El consumo restante se pagará con la tarifa «plena», es decir, no subsidiada.

Esta quita absoluta de subsidio por encima del 70% de consumo fue bautizada como «incentivo al uso eficiente del recurso» por el oficialismo.

Para la energía eléctrica es estableció un tope de consumo de 400 kWh mensuales por hogar (y 550 kWh en las localidades que no cuentan con gas natural). Por encima de este volumen, el consumo se pagará sin subsidio.

Para el agua, se les eliminará el total del subsidio a todos los usuarios (excepto aquellos que poseen tarifa social). Lo único que variará según el nivel de los ingreses será el momento de la quita. El nivel 1 perderá los subsidios en noviembre, mientras que para los niveles 3 y 2 la quita será progresiva hasta pasar a pagar la tarifa plena en marzo y mayo de 2023, respectivamente.

Ajuste a la medida del FMI

El formato de segmentación de las tarifas fue uno de los puntos calientes de la interna oficialista durante los últimos meses. Los cortocircuitos entre el albertismo y el kirchnerismo alrededor del tema tarifas dentro del Gabinete fueron uno de los elementos que causaron la salida de Guzmán. Pero Massa parece dispuesto a asumir el costo político de ajustar como manda el FMI.

Tal como se la presentó hoy, el recorte de subsidios será mucho mayor del anunciado inicialmente. En un principio se había estimado la permanencia de 100% del subsidio para quienes no paguen la tarifa «plena» (es decir, los niveles 2 y 3 del esquema).

Se trata tal vez de la más fuerte medida de ajuste implementada por el Frente de Todos hasta el momento. La idea es simple: achicar el tan mentado déficit fiscal del Estado transfiriendo los «gastos» a cada usuario, a cada trabajador.

Sumado esto a la inflación (que ya alcanzó el 71% interanual) y a los salarios de miseria que se cobran en la Argentina, durante los próximos meses podríamos ser testigos de una fuerte caída del poder adquisitivo y de las condiciones de vida de millones de trabajadores.

Una política tercermundista y antipopular

El Frente de Todos decidió darle la espalda a sus viejos discursos de «crecimiento con inclusión» para abrazar políticas de ajuste neoliberal como las que criticaron durante la gestión macrista.

Uno de los argumentos favoritos de los neoliberales para recortar subsidios es siempre la comparación con «el mundo», la idea de que en Argentina se pagan subsidios de forma descontrolada. Pero el tratamiento del tema energético «en el mundo» es bien distinto. En los países «centrales» el «gasto» en subsidios a la energía es similar o incluso mayor al que se da en la Argentina, que se prevé en 3% del PBI para el 2022.

Estados Unidos destina el 3,82% del PBI al subsidio de la energía. Rusia el 15,9% y China el 20,1%. La cifra resulta especialmente relevante teniendo en cuenta que el PBI per cápita en estos países es astronómicamente más alto que en nuestro país. En 2018, el PBI per cápita de la Argentina era de USD 413. El de Rusia era de USD 2334, el de China de USD 1652 y el estadounidense estaba en los USD 2176. En resumen, el gasto relativo en subsidios energéticos per cápita es al menos 4 o 5 veces mayor en países desarrollados que en la Argentina.

¿A qué se debe este aparente «derroche» fiscal energético? Básicamente, a que el consumo energético es uno de los pilares de la economía nacional de cualquier país. No se trata de un simple «insumo» privado de cada hogar. El acceso universal a los servicios básicos es indispensable para que la economía nacional pueda funcionar debidamente.

El recorte de subsidios no generará ningún avance en la racionalización energética, ni mejorará en nada la estructura productiva de la Argentina. Por el contrario, se dará continuidad a un sistema energético obsoleto, marcado desde hace 3 décadas por la gestión de empresas privadas que lucran con el desfinanciamiento de los servicios básicos.

Esta política de recorte neoliberal tenderá a hacer de la estructura energética argentina una más propia de los países tercermundistas que de los «desarrollados». Tan sólo en las últimas semanas, las políticas de ajuste en los subsidios a la energía desataron varios estallidos sociales. En Bangladesh y Sri Lanka (ambos países bajo la tutela del FMI) el encarecimiento de la energía generó rebeliones populares.

En resumen, con la segmentación del oficialismo no habrá inclusión. Millones de trabajadores vivirán peor que antes, y el acceso a servicios básicos será cada vez más difícil para los sectores más empobrecidos. Tampoco habrá crecimiento. El abastecimiento energético seguirá estando en manos de las privatizadas que mantienen los servicios en condiciones paupérrimas desde hace años.