Santiago Maldonado: Acusan penalmente al ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich

Pablo Noceti, segundo de Patricia Bullrich en 2017, había encabezado la represión que culminó en la desaparición u muerte de Santiago Maldonado.

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Se dieron a conocer los resultados de una investigación interna ordenada el 22 de enero de este año por Sabina Frederic, a cargo del Ministerio de Seguridad. La causa: la represión del 1 de agosto de 2017 en el Pu Lof de Cushamen, que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, luego de 78 días de estar desaparecido. A raíz de esto denuncian a Pablo Noceti por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se determinó también la responsabilidad en los hechos del exdirector nacional de Gendarmería y otros dos funcionarios de la fuerza.

La denuncia fue radicada en la mañana de hoy contra el ex jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad bajo el macrismo, fue presentada por los abogados del ministerio ante los tribunales federales de la capital. La causa estará a cargo del juez Sebastián Casanello.

El 1 de agosto del 2017 Noceti dio órdenes para el ingreso de cuatro escuadrones de Gendarmería Nacional para el desalojo y represión del corte de la ruta 40 que realizaban miembros de la comunidad del Pu Lof de Cushamen. Con el aval de las máximas autoridades de Gendarmería se constituyó según la denuncia una “ingeniería jurídica de la impunidad”. El informe contiene 600 paginas e indica que hubo ilegalidades cometidas en ese operativo.

No obstante, el Ministerio avala la investigación que en 2018 se llevó a cabo en la GNA internamente a cerca del operativo de 2017 y por ende no son denunciados todos los responsables de esa fuerza debido a que consideran que sus responsabilidades ya fueron cosa juzgada. El informe habla de la carencia de proporcionalidad y racionalidad de las acciones represivas de esa jornada e indica que las órdenes y decisión política vinieron de Noceti y el ex director de la GNA Gerardo Otero.

La investigación constató la presencia en el mismo operativo de Noceti (y su llegada a la ciudad desde el día anterior) que dio ordenes de perseguir y detener a los manifestantes luego de despejar la ruta dado que los consideró delincuentes y terroristas en situación de flagrancia. Según la misma, se aplicó el protocolo para la represión que anunció Patricia Bullrich en febrero de 2017 que no tenía vigencia legal como aquel que estaba sancionado desde el año 2011. Los procedimientos del operativo de represión estaban fuera de los protocolos y se consideran ilegales.

Ese día se ordenó retirarse a una parte del personal presente, quedando para la ejecución del operativo de represión y desalojo diez miembros del escuadrón 36 de la ciudad de Esquel y veinte del escuadrón 35 de El Bolsón. El informe los considera “inexpertos y desprovistos del equipamiento adecuado”. Se señala que no había urgencia para el desalojo porque estaban habilitadas otras vías alternativas de circulación y tampoco se ponía en riesgo el abastecimiento de las localidades aledañas.

Para la ministra Frederic, la demostración del procedimiento represivo llevado a cabo con acciones ilegales debe servir para “reformular protocolos e impedir que se repitan nuevos hechos de este estilo”. Esto llega cuanto menos varios meses tarde, porque ya pasaron la desaparición y muerte de Luis Espinosa en Tucumán, mientras Facundo Astudillo Castro lleva más de tres meses desaparecido luego de ser subido a un patrullero de la Bonaerense.

Pero el informe señala la responsabilidad manifiesta de la antigua dirección de la GNA y las autoridades al frente del Ministerio de Seguridad entre 2015 y 2019 y se habla de una “ingeniería de impunidad” montada en conjunto. Gerardo Otero fue, como ex director de la fuerza, quien dio las ordenes junto a Noceti de desatar la brutal represión.

El sesgo de la investigación interna de Gendarmería ordenado por Frederic pone el acento en un personal mal equipado, inexperto y empujado a la represión que también fue puesto en riesgo. Sin embargo, las pruebas aportan a reforzar y confirmar aquello que se viene denunciando desde la familia de Santiago y quienes acompañamos el pedido de justicia: que es la responsabilidad política de las autoridades del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich – del gobierno de Macri- y el montaje junto a la GNA de un asqueroso operativo de impunidad tras la represión y asesinato de Santiago. La justicia, de la mano de los jueces Lleral y Otranto, también fue parte del operativo de encubrimiento.

La movilización puede conquistar justicia por Santiago, terminar con las mentiras y el encubrimiento de la campaña masiva que intentó instalar en la opinión pública que Santiago simplemente se habría «ahogado».

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