En Senado provincial le dio ayer media sanción al proyecto impulsado y presentado por la coalición gobernante Unidos, a instancias del gobernador Maximiliano Pullaro. De ser aprobado, lo que se descuenta dado que el oficialismo cuenta con amplia mayoría en esta cámara, el proyecto pasará a Diputados donde se tratará la semana que viene con el fin de convertir la norma en ley.
En la versión oficial, este proyecto apunta a reducir el déficit que se genera en la Caja de Jubilaciones del personal del Estado provincial en un 30%. Según manifestó públicamente el mandatario provincial, ante esta situación, se trata de que «acá hay dos caminos: o aumentás los impuestos o sos más eficiente» y agregó que con esto «se terminan los privilegios de los que se creían que tenían coronita».
Lo que no planteó Pullaro es que el origen de este déficit de la Caja Previsional se produjo ante la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de cortar con el envío de anticipos de la ANSÉS a cuenta del déficit del sistema provincial. Es decir que el gobierno provincial busca que sean los trabajadores y jubilados los que paguen los costos de una decisión del gobierno nacional. Gobierno que el propio Pullaro y la alianza gobernante sostienen y apoyan.
Frente a este proyecto que se debatirá hoy en el Senado provincial se manifestaron en contra los gremios de trabajadores públicos de la provincia. Docentes públicos, estatales, municipales, judiciales, médicos y los docentes privados de SADOP plantearon su oposición al mismo.
El proyecto de reforma previsional de Pullaro es profundamente regresivo y ataca los derechos de trabajadores y jubilados ya que:
– Se declara la emergencia jubilatoria por 4 años que obliga a los jubilados a realizar un «aporte solidario» de entre el 2 y el 6% de sus haberes, por lo tanto, quienes ya aportaron deberán seguir haciéndolo.
– Aumenta el aporte de los trabajadores activos que pasa del 14,5% actual a una escala que va del 15,5% al 21%, dependiendo del ingreso percibido, por lo que si bien quien mas gana mas aporta, se sube el piso de los que menos ingresos tienen.
– El 82% histórico ya no se va a calcular sobre el promedio de los últimos 10 años del salario remunerativo, sino que primero se va a recortar un 20% de ese promedio y luego recién ahí se va a aplicar el 82% más un pequeño adicional.
– La movilidad dejará de ser automática y simultánea, ya que los jubilados deberán esperar tres meses para cobrar el aumento otorgado a los activos, lo que en concreto es un ataque al bolsillo de los pasivos, ya que los eventuales aumentos se licúan en dos meses frente a la inflación.
– El proyecto habilita al gobernador a aumentar por decreto, sin tener que pasar por el poder legislativo, la edad jubilatoria si es que a nivel nacional esto se produjera. Este punto es especialmente grave dado que ata la suba de la edad jubilatoria a lo que decida el gobierno de Milei, quitando toda potestad al congreso provincial y dejando en mano del aliado de Milei, el gobernador Pullaro, adherir a esa eventual suba.
– Ataca el régimen docente ya que aumentan los años de aporte que deben realizar las docentes, quienes van a tener que trabajar 3 años más para poder llegar al 82% actual. Si bien explícitamente no se sube la edad jubilatoria, ya que podrá seguir jubilándose a los 57 años, como es actualmente, solamente lo harán cobrando el 76%. Y para llegar al monto actual, deberán llegar a los 60 años. Esto constituye claramente un aumento encubierto de la edad jubilatoria. Asimismo, esta posibilidad incluye solamente a quienes hayan cumplido 30 años al frente de alumnos o a directivos y supervisores. Pero deja por fuera a preceptores, secretarios, bibliotecarios, docentes de nivel terciario, profesionales, etc., quienes deberán aportar 33 años y llegar a los 60 de edad para poder cobrar el 82%.
Este proyecto de reforma previsional va en sintonía con las políticas de ajuste y ataque a los trabajadores del gobierno de Milei. Si bien el gobierno de Pullaro no pudo imponer en la redacción del proyecto sus ideas más de fondo, como la suba de la edad jubilatoria e igualar esta entre varones y mujeres, por el repudio generalizado que esto generó, esta reforma tiene un contenido reaccionario muy fuerte. Que viene en sintonía con la política pullarista de imponer el presentismo a los docentes, descontar los días de paro, impulsar acuerdos paritarios a la baja frente a la inflación, es decir, que en una de las provincias mas ricas del país los trabajadores paguen las consecuencias de la crisis (y de las políticas de Milei).
Como párrafo aparte queda la política del Partido Socialista, otrora el más fuerte en la provincia, que gobernó durante 12 años (y 20 la ciudad de Rosario), hoy convertido en un lastimoso furgón de cola cómplice de todas las políticas de ajuste del gobernador Pullaro. Como parte de la coalición gobernante (y siendo el bloque mayoritario en la cámara de diputados) su rol termina siendo el de legitimar por el centro una reforma previsional de ajuste sobre los trabajadores.
La respuesta de los gremios
En un comunicado público las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del Estado enroladas en la CGT Regional santa Fe, la CTA Santa Fe y FESTRAM, manifestaron que «el famoso déficit de «La Caja» es ficticio, y los actuales desequilibrios se están generando principalmente por la creciente deuda de Nación, la gran cantidad de trabajadores precarizados en el estado provincial, municipal y comunal, la perdida de poder adquisitivo, la parte del salario no remunerativa y la falta de fiscalización y cobro de deudas». Y sostuvieron que con este proyecto «se manifiesta la intención de ampliar aportes, extender el período laboral, anular derechos, desconocer particularidades, delegar facultades legislativas al ejecutivo, retrasar 60 días la movilidad, entre otras cosas. En definitiva, es la peor reforma posible: los trabajadores haríamos más aportes, trabajaríamos más años y ganaríamos menos como jubilados».
Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario manifestó que «es todo contra de las y los trabajadores, porque quieren que trabajemos y aportemos más. Tocan la movilidad, la compensación, legalizan las cifras en negro y no las tienen en cuenta para la jubilación. Todo esto que enumeré va a producir el desfinanciamiento de la caja de jubilaciones» y sostuvo que «es momento de luchar por eso definimos movilizar a Santa Fe a frenar esta avanzada sobre los derechos jubilatorios». Juan Pablo Langella, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe, sostuvo en relación a este proyecto que «Este proyecto no se habilitó la escucha de los diferentes gremios. Todos los sindicatos de la provincia hicimos un planteo por escrito con los puntos críticos, pero el gobernador no tomó en cuenta nada de lo que dijimos. La convocatoria al diálogo fue una pantomima». A su vez, Rodrigo Alonso, titular de Amsafe provincial planteó que esta reforma «viene en línea con lo que fue la rebaja salarial, el presentismo, el descuento en los días de paro y ahora esto que implica, en primer lugar una declaración de emergencia igual a la de la década del 90 obligando a los pasivos a aportar el 2% a la caja. Pero no solo eso, también cuando se tengan que transferir los aumentos de los activos ya no es automático, sino que es a los 60 días»
Pero más allá de las declaraciones de rigor, la respuesta de los gremios fue dispar y sin convocar a medidas de lucha reales frente a la brutalidad del ataque. Más allá que los docentes de AMSAFE y los municipales de FESTRAM llamaron a un paro de 24hs con movilización a la legislatura (acción a la que se van a sumar ATE Rosario y los profesionales de la salud de SIPRUS), no hubo por parte de todos los sectores afectados una respuesta común. Párrafo aparte merecen las burocracias de UPCN y ATE provincia, que no llamaron a ninguna medida de acción en contra.
Para frenar realmente a esta reforma reaccionaria y las políticas de Pullaro, no alcanza con meras declaraciones o paros aislados. Es necesario que todos los gremios estatales, docentes, de la salud, judiciales, llamen a un plan de lucha unificado, con asambleas por sectores y una gran movilización provincial la semana que viene cuando el proyecto se discuta en la Cámara de Diputados.
