Otra vez Santa Cruz es noticia nacional, esta vez no es por la cantidad de muertos por covid en relación a cantidad de habitantes, ni por el pésimo manejo de la pandemia o por el nombramiento de una médica esteticista para realizar el seguimiento y control de las medidas sanitarias en esta crisis.

Esta vez, y como una muestra más de la corrupción imperante de los últimos 30 años, dos intendentes, un diputado provincial, un diputado nacional y un comisario mayor, decidieron vacunarse contra el covid, a pesar de no ser considerados esenciales ni trabajadores de la salud.

Uno es el intendente de Comandante Luis Piedrabuena Federico Bodlovic, junto a su esposa y su chófer. Este intendente «heredó» el cargo de su  padre, el hoy diputado provincial José Bodlovic. Otros son el intendente de Gobernador Gregores, Héctor Vidal, el diputado nacional Juan Vázquez (14 años intendente de Gobernador Gregores) y, para no ser menos, el comisario mayor David Alberto Merlino también se vacunó. Todas estas lacras son kirchneristas de la primera hora.

Lo que hicieron no es de extrañar, va con la más pura esencia del kirchnerismo, es decir acumular fortunas desde sus cargos políticos y otras formas de corrupción. No iba a ser diferente con el manejo de las vacunas, en especial si depende la vida de ellos. Hasta ahora, cuentan con que la memoria es corta y descuentan con que los volverán a votar, como ha ocurrido estos últimos 30 años. El resultado: una provincia destruida y con sus recursos naturales cada más saqueados como en el caso de la minería del oro.

Cada vez son más  los santacruceños dudan si no estará pasando lo mismo en el resto de la provincia y de que se esté cumpliendo con el listado que determina a quienes les corresponde recibir las primeras vacunas.

Para evitar estos abusos, la vacuna no puede ser una mercancía. Tiene que ser un bien público, común y gratuito para toda la población mundial.

Es prioritario organizar con los trabajadores de la salud y con organismos independientes en cada localidad los  controles necesarios para determinar a quienes se vacuna en un primer momento y no como ahora que esos «criterios» son potestad de cargos políticos y de obsecuentes que hasta ahora han demostrado no solo un pésimo control de la pandemia sino también disponer de la vacuna según criterios de conveniencia dejando desprotegidos a quienes no les corresponde recibirla en esta primera etapa.