La noche del 23 de noviembre, Samuel Tobares de 34 años regresaba a su casa en Parque Síquiman, luego de su jornada laboral en otra localidad cercana.
Al bajarse del colectivo, fue interceptado por un operativo policial en el que, según los relatos de los testigos, dos policías lo detuvieron y torturaron hasta provocarle la muerte, al grito de “puto de mierda”. Así de impune, en plena parada de colectivo, con cámaras y testigos.
Luego de golpearlo durante varios minutos, Samuel cayó al piso y los agentes se sentaron arriba suyo quitándole el aire, una práctica de tortura habitual en las fuerzas de seguridad, y que nos recuerda al caso de George Floyd en Los Ángeles que desató el movimiento Black Lives Matters. Con idéntico resultado: Samuel murió.
Los testigos denunciaron que los policías, al darse cuenta que el joven no tenía signos vitales, no llamaron a ningún servicio de emergencia, sino a otros móviles policiales que se turnaron para realizarle RCP a un cuerpo ya sin vida. Luego de 20 minutos de esta maniobra, es trasladado a un hospital, al cual ingresó sin vida.
El relato de los testigos es contundente:
“A ese chico lo mataron como si fuera un perro. Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegan una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas”
“Estuvieron sentados arriba de él 15 o 20 minutos. Dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo”.
Estamos frente a un claro crimen de odio, en el que dos policías armados torturaron y asesinaron a un joven por ser parte del colectivo LGBT.
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La policía de la provincia intentó instalar una versión, según la cual el joven habría tenido alguna clase de crisis, se habría puesto violento, e incluso le habría quitado el gas pimienta a los policías. Ningún testigo ratifica esto. El periodismo afín al gobernador Llaryora e incluso el propio abogado de la familia, Carlos Nayi, salieron rápidamente a tratar de explicar que hay un problema con la capacitación de los oficiales, que la policía no sigue los protocolos para los casos de crisis de salud mental, que hay problemas en la selección de los agentes. Estas declaraciones le dan lugar a la versión policial y ocultan que se trata de un crimen en contra de una persona por su orientación sexual, lo cual, además, lamentablemente no es poco común: el mismo domingo 23 de noviembre un varón trans fue torturado por 10 guardiacárceles en la prisión de Bouwer por su condición de disidente y, el martes 18 en Ciudad Evita (Bs.As.), la fotógrafa trans Treinti fue atropellada y asesinada por un móvil policial.
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Frente a las contundentes pruebas de la brutalidad y el odio ejercido contra el joven, ambos agentes, identificados luego como Sargento Guillermo Serafín Arce y oficial Franco Sebastián Romero, fueron detenidos en Bouwer e imputados de “homicidio preterintencional”. Esta figura significa que se cometió un asesinato, pero con un atenuante: la intención de los agresores era causar un daño menor a la víctima (lesionarlo), aunque el resultado final excede la intención inicial (homicidio).
Es un escándalo: no hay mención alguna al hecho de que Samuel fue atacado violentamente y asesinado por dos funcionarios públicos armados mientras lo insultaban por ser parte del colectivo LGBT; el asesinato de Samuel Tobares fue un crimen de odio.
La provincia de Llaryora muestra cada vez más sintonía con las políticas e ideas del gobierno de Milei, el principal negacionista de la violencia de género y responsable ideológico de los crímenes de odio. Sus discursos avalan la violencia: las palabras de odio anteceden a los hechos de violencia. Los crímenes de odio no sólo han aumentado un 70%, sino que además se están recrudeciendo.
Llaryora, que viene aplicando las políticas de Milei, es el responsable del accionar de la policía de Córdoba. El caso de Samuel y el reciente doble femicidio a manos de Pablo Laurta, militante de Milei y Laje, son muestras de esto. También lo es el caso de la desaparición de Delicia Mamani Mamani, en donde la policía se negó a tomarle la denuncia a su madre por días.
La mamá y la hermana de Samuel, Carmen y Abigail denuncian que la tortura fue brutal y que quieren que se investigue y sancione este caso para que “no haya otro Samuel”. Además, están convocando a movilizar el sábado 6/12 en Parque Síquiman. En Córdoba, organizaciones de la diversidad y familiares llaman a acciones esta semana por justicia por Samuel y Camila Merlo y por la aparición de Delicia.
Exigimos justicia ya para Samuel y su familia. Milei es responsable ideológico. Basta de discursos de odio. Basta de violencia de la policía de Martin Llaryora. Basta de crímenes de odio.
