La política de favorecer el armamento entre la población civil de Bolsonaro apunta abiertamente a ampliar la desigualdad en la portación y posesión de armas entre los sectores más empobrecidos y aquellos que lo apoyan para hacer avanzar su proyecto ultra reaccionario de poder. De esta forma con sus decretos el gobierno quiere bajar el Estatuto de Desarme, armar hasta los dientes a su base social, fortalecer la bancada parlamentaria de la «bala» (como se conoce al sector del parlamento ultra reaccionario que apoya esta política) y aumentar el lucro de la industria armentista que lo apoya.

Tras el inicio de su gobierno bajó un decreto en relación a la cantidad de armas que permite que en los hogares, establecimientos comerciales e industriales, se podría tener  hasta 4 armas de fuego. Como si no bastara, el nuevo decreto presidencial regula el derecho a la portación de armas y municiones que prácticamente deja obsoleto el Estatuto de Desarme aprobado en 2003. Pero lo que será tenido en cuenta por el poder legislativo es la segunda versión publicada el jueves, luego de que el decreto original fuera ampliamente cuestionado por el legislativo, el poder judicial y otros sectores.

En una primera versión del decreto era permitida la portación para 20 categorías que no están ligadas a las fuerzas de seguridad pública, entre ellos, propietarios rurales, practicantes de tiro, camioneros, guardias penitenciarios, soldados ejército, periodistas, consejeros tutelares, abogados, etc. Armamento de grueso calibre como fusiles, rifles y carabinas, podrían ser portadas por estas 20 categorías nombradas por el decreto. Además de eso, era habilitada la práctica de tiro sin límite de edad.

Después de la presión, en el nuevo decreto del jueves, sólo se retira la posibilidad de portacion de fusiles y armas similares, ahora la práctica de tiro sólo será autorizada a partir de los 14 años en tanto sea autorizada por dos responsables por el menor.

Entretanto, se mantiene lo sustancial de la política de armamento de Bolsonaro: la posibilidad de portacion para estas 20 categorías a título de «presunción de necesidad» en tanto «cumplan los requisitos básicos» para portar de armas de fuego. Lo que según una gama enorme de juristas,es una clara extrapolación del poder presidencial de reglamentación de la Ley de desarme.

Además de esto, el nuevo texto recula en algunos aspectos, pero avanza en otros, todo dentro de la lógica de armar a sectores de la base del bolsonarismo. Puesto que aumenta la lista de municiones de uso restringido y de dos a siete días el plazo para informar a la Policía Federal sobre la compra de nuevo armamento. O sea, detalles capciosos que hacen toda la diferencia en momentos de radicalización política.

Como marxistas sabemos que la transformación profunda de la sociedad no va a prescindir de la fuerza de las armas, por eso en principio no estamos en contra del armamento popular, todo lo contrario. Pero no somos ciegos a la coyuntura actual de avance de las fuerzas reaccionarias. Esta política de armamento tiene la intención estratégica de armar a la base social de Bolsonaro, para que pueda servir en momentos de radicalización, primero como bando armado para imponer derrotas históricas a la clase trabajadora y a un régimen político abiertamente autoritario y/o dictatorial.

Además de esto, en esta coyuntura que vivimos, desde el punto de vista de la seguridad pública, la tendencia es que el aumento del número de armas en manos de esos sectores lleva al aumento del número de víctimas, principalmente mujeres, jóvenes negros y trabajadores. Así, debemos repudiar con todas nuestras fuerzas esta política de armamento de Bolsonaro que apunta al objetivo de imponer una correlación de fuerzas plenamente reaccionaria y opresiva contra los sin techo, los sin tierra, las mujeres, la juventud, la clase trabajadora y la izquierda.