Cada año, en las vísperas del 11 de septiembre, el pueblo chileno recuerda a las miles de personas asesinadas y desaparecidas por la dictadura de Pinochet. La marcha hacia el Cementerio General es un grito de memoria y justicia que se niega a morir.

Este año, al cumplirse el 52 aniversario del golpe, la represión volvió a hacerse presente. Carabineros detuvo a 57 personas, entre ellas adolescentes, desplegó gases lacrimógenos y carros lanza aguas contra quienes se manifestaban en nombre de las víctimas y por justicia.

Lo más indignante no es que Carabineros actúe con violencia —eso ha sido su esencia desde la dictadura—, sino que lo hagan bajo un gobierno que se pinta de progresista. Gabriel Boric llegó al poder con la promesa de cambios, con el discurso de la memoria y la justicia, pero en la práctica terminó siendo garante de la continuidad represiva.

Carabineros goza hoy del mismo blindaje institucional que tuvo bajo Pinochet, Piñera, Bachelet o Lagos. El supuesto “gobierno de izquierda” es, en realidad, cómplice de la policía militarizada.

El «progresismo» de Boric es un disfraz, se arropa en con el manto de la rebelión popular que lo llevó al poder, mientras entrega la calle a los mismos verdugos que reprimieron en la dictadura y durante el estallido social de 2019.

Ese gobierno no está del lado de los sectores populares, sino de mantener el orden capitalista, el sistema pinochetista, que protege a los militares y a los empresarios. Mientras las familias siguen buscando a sus desaparecidos, Boric reprime a quienes los recuerdan. Mientras las calles claman por justicia, el gobierno blinda a Carabineros y se arrodilla ante la derecha.

Frente a esto, no hay que esperar nada de La Moneda ni de quienes, bajo nuevos ropajes, siguen sosteniendo el mismo aparato represivo de la dictadura.