La discusión de la reforma laboral reunió al desvencijado «Consejo de Mayo» que agrupa al gobierno, gobernadores, legisladores, cámaras patronales y burócratas de la CGT dispuestos a transar fácilmente con el mileísmo. En la salida, Cristian Ritondo (jefe del bloque PRO cercano al bullrrichismo) anunció que el proyecto de ley será presentado por el oficialismo este 9 de diciembre.
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De la reunión participaron Manuel Adorni (ya jefe de Gabinete), Sturzenneger (ministro de «Desregulación»), el gobernador radical de Mendoza Alfredo Cornejo, la diputada Carolina Losada de Santa Fé, el propio Ritondo, el titular de la UIA Martín Rappallini y Gerardo Martínez de la UOCRA, designado por la CGT como «enlace» para las negociaciones por la reforma laboral.
La nota disonante la dio el propio Martínez, que a la salida habló ante la prensa y expresó rechazo a los términos en que el gobierno planteó la reforma. «Hablar de una reforma laboral en la Argentina es un hecho insólito e inédito y que la CGT de ninguna manera va a aceptar» dijo Martínez. Para acto seguido negar la primera declaración y expresar su voluntad de transa. «Si no somos escuchados ni atendidos y se busca romper estructuralmente los derechos constituidos, seguramente la CGT tome una definición«. En el transcurso de dos oraciones, el acto mismo de «hablar de reforma» pasó de ser inaceptable a puramente negociable. Prodigios de la sintaxis castellana y de la voluntad de entrega del cegetismo peronista.
Gerardo Martínez tiene un interminable historial de entregas, traiciones y maniobras espurias en el sindicalismo argentino. Con décadas en el sillón de la UOCRA (precedidas por una historia turbia que lo liga al Batallón 601 durante la última dictadura), Gerardo Martínez es quizá el mayor exponente del sindicalismo más pro – patronal del país. No casualmente la UOCRA registra uno de los niveles de informalidad y explotación más altos del país. Fue el primer sindicato en adoptar el sistema de «fondos de cese» que propone el mileísmo para eliminar las indemnizaciones y ahorrarle miles de millones todos los años a las patronales del país.
Si hasta Gerardo Martínez expresa rechazo público a la reforma de Milei, por algo es. Vale recordar que hace solo pocas semanas, el flamante triunvirato de la CGT declaró claramente su voluntad de negociar la reforma sin mayores sobresaltos. El mensaje de la burocracia peronista es claro: si la reforma no toca las bases de existencia de la propia burocracia sindical, que pase sin más.
El temario de la reunión del Consejo de Mayo contó con una exposición del oficialismo sobre los principales puntos del proyecto de ley. Entre los temas tocados estuvieron la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, las cargas fiscales, el financiamiento de los sindicatos, el trabajo autónomo y la democracia sindical. Salta a la vista que varios de los puntos son de los más sensibles para la casta burocrática que acapara las conducciones sindicales del país, sobre todo en lo que atañe al financiamiento de los sindicatos y las cajas que usufructúan los Martínez, los Moyano y muchos otros.
Evidentemente, el mileísmo está presentado, como es su costumbre, una reforma de máxima que al peronismo sindical no le resulta tan fácil aceptar. Muy a su pesar, obviamente. En todo caso, el Consejo de Mayo tendrá una nueva reunión en los días previos al 9 de diciembre. Será una nueva oportunidad para que Martínez saque a relucir su habitual capacidad para la entrega.
Resta ver si el mileísmo le ofrecerá alguna zanahoria o lo obligará a seguir amenazando con esas indeterminadas «definiciones» que el cegetismo «seguramente» tome. En todo caso, la incógnita subyacente es cuál será la capacidad del oficialismo para conseguir las bases de sustentación política de una reforma anti obrera como la Argentina no ve desde hace décadas.
