En el Congreso

Reforma judicial: unos «retoques» para amoldar las instituciones del Estado

Mientras continúa desaparecido Facundo Astudillo Castro y nos invaden los barrios populares del Gran Buenos Aires con fuerzas de seguridad, se presenta en el Congreso el proyecto de reforma judicial.

Ana Vázquez
Redacción Semanario Socialismo o Barbarie.


El proyecto de reforma fue elaborado por el equipo del Ministerio de Justicia que conduce Marcela Losardo, titular de la cartera y los asesores selectos del Presidente, como Gustavo Beliz, secretario de Planeamiento Estratégico.

Una reforma favorable ¿a quiénes? Nos preguntamos desde nuestro lugar, ajenos a los cabildeos desde el Poder Ejecutivo y sus alrededores.

“La reforma prevé que los doce juzgados federales de Comodoro Py, donde se tramitan las causas por corrupción, pasen a ser 46. Tal como adelantó LA NACION, se fusionarían con los once juzgados en lo Penal Económico, que hoy están ubicados en el edificio de la Avenida de los Inmigrantes. A su vez, cada uno de esos juzgados se desdoblaría, para llegar a 46. El nuevo esquema generaría más de una veintena de vacantes, además de las ya existentes en Comodoro Py tras las salidas de Sergio Torres y Rodolfo Canicoba Corral y la muerte de Claudio Bonadio. Si se hiciera efectiva la designación de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, se sumaría una cuarta vacante.” (La Nación, 26/7/20)

Sumados a estos datos, también trasciende que se incorporarían más jueces en el interior del país. Habría también traspasos de juzgados nacionales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de las vacantes previstas para las futuras designaciones*, se incorporaría un Consejo de Notables para evaluar el funcionamiento del máximo organismo judicial junto al Consejo de la Magistratura. Entre los propuestos como miembros están Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta de la Nación y del empresario Fabián De Souza, y León Arslanián, abogado de Ricardo Echegaray (ex titular de la AFIP). No están ausentes figuras del anterior gobierno, como la doctora Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, se agregaría al sistema un Código Acusatorio, que fortalecería el rol de las fiscalías en detrimento del poder más “inmediato” de resolución en manos de los jueces.

Designaciones tan importantes como la del titular del Ministerio Público Fiscal, hoy interinamente en manos de Eduardo Casal, es una de las numerosas otras roscas importantes para poner en marcha los cambios propuestos al Congreso.

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Estas son sólo algunas pistas de los cambios que se vienen. Más jueces y fiscales designados por el actual gobierno y más instancias judiciales para acelerar y poner en vigor resoluciones en forma más expeditiva, que tengan consecuencias políticas prácticas en lo inmediato. Sobre todo cuando sean cuestionamientos y avasallamientos de derechos de los trabajadores y sectores populares.

La reforma es un intento de acomodar aceleradamente al Poder Judicial en un 100% a las necesidades del gobierno y la clase capitalista en un momento social muy crítico. Para dormir causas en las fiscalías y en los juzgados siempre hay tiempo. Es la continuidad, en el ámbito judicial, de los acuerdos con empresarios y sindicalistas para sellar la unidad de los de arriba para contener (o intentar hacerlo) a los de abajo.

Van a poner por escrito, avalado por el Congreso, un sistema judicial más útil, más a tono con los tiempos que corren. No significa que vuelen de su cargo todos los designados por el gobierno anterior. Para nada.

Carlos Rosenkrantz, jefe de la Corte Suprema, lo sigue siendo y su puesto no peligra por el momento. Este organismo, fiel a la razón de su existencia, se acomodó al deterioro creciente del gobierno de Macri en su última etapa. “La Corte Suprema falló hoy a favor de un grupo de provincias y dictó una serie de medidas cautelares que frenan dos decretos del presidente Mauricio Macri que afectaron fondos coparticipables.

Por mayoría, la Corte sostuvo que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos que les corresponden a las provincias. Lo que hizo la Corte no fue suspender los decretos, sino ‘ordenar que los efectos fiscales de la aplicación’ de esas normas ‘sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación’». (La Nación, 1/10/19)

Se trata en definitiva de un acomodamiento del Poder Judicial a los tiempos que corren. Porque es verso que éste sea ajeno a la “política”, desde siempre en Argentina fue un apéndice del gobierno de turno.

Es tan político su accionar como el Poder Ejecutivo y el Legislativo. O más aún. Porque depende exclusivamente de las decisiones de éstos en su reglamentación y en sus decisiones cotidianas.

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Esto no significa que sus decisiones sean inamovibles, como pasa cuando las resoluciones judiciales estallan en la cabeza y la conciencia de millones. ¿Se acuerdan del 2×1? No llegaron a ir a buscar las llaves para liberar a los genocidas beneficiados… a los que fueron a buscarlas no los interrumpió el tránsito pesado en las horas pico, sino “el pico” de millares en las calles de las más diversas generaciones.

La jerarquía del Poder Judicial tiene el privilegio, además, de ni siquiera depender en su elección de molestos votantes cada 4 o 2 años para la designación de sus miembros.

Fiel a las instituciones estatales, refleja también las peleas internas dentro de dichas estructuras. No sólo entre gobierno y oposición, como se ve en esta oportunidad, sino también dentro del espacio en este caso, del Frente de Todos. Sus cortocircuitos en algunas oportunidades no son sólo para la tribuna, son diferencias entre ellos de cómo acomodar mejor un poder crucial, decisivo, sobre todo en momentos difíciles, que parten aguas. Como éste y el que vendrá postpandemia.

Los Kirchner, Massa, Fernández, Solá… tienen experiencia en estas lides y están tratando de acomodar los tantos desde la institución judicial por si la cuestión se les sale del carril. Y lo que más preocupación les trae no son los juicios de Cristina o el crimen de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner ni tampoco las innumerables causas del ex presidente Macri y sus CEOs. Es la aguda situación social que ya estamos viviendo y se va a profundizar si no toman medidas de fondo para paliarla.

Nuestras demandas a la Justicia no son para que lleven adelante cambios cosméticos. Son para poner a la orden del día la exigencia de resolución urgente de las necesidades de los/as de abajo, las que gobierno y oposición callan en forma vergonzosa.

Esa es nuestra agenda de reclamos a la Justicia, para frenar y avanzar en desterrar las “injusticias” de las que somos víctimas cotidianamente.

Los trabajadores, las mujeres y la juventud hoy ponemos en primer lugar y les gritamos en la cara a todos los Poderes:

¡Aparición con vida ya de Facundo Castro!

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