En esta línea, el ahora presidente envió al Senado un proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.

Advertimos desde ya que esta reforma tiene la intención de destruir la salud pública, gratuita y de calidad, y que se inscribe en un modelo ultracapitalista de destrucción global: de la industria y sus puestos de trabajo —y con ellos, los proyectos de vida de millones—, de la naturaleza, de la ciencia y de la educación pública, laica y científica, dejando el terreno fértil para las ganancias del sector privado. La corporación médico-hegemónica y los grandes laboratorios nunca dejaron de oponerse a la ley ni de influir sobre sectores de poder.

Como trabajadora de salud mental en un hospital público del conurbano bonaerense, veo cómo las guardias se colapsan con pacientes, principalmente jóvenes, donde el desamparo surgido de la ruptura de lazos sociales, la creciente vulnerabilidad psicosocial y la falta de expectativas de futuro arrasan con las vidas. Estas son hoy las condiciones de producción de subjetividad —entendida, como plantea Bleichmar (2005), como un producto histórico atravesado por variables sociales, políticas y económicas— y, por ende, del padecimiento subjetivo.

Intentaré en estas líneas dar cuenta del estado actual del sistema de salud mental a más de 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, de lo que implica la reforma que se quiere implementar y de cuál podría ser una salida para la clase trabajadora. Veamos ahora algunos datos recientes sobre el estado psíquico de la población.

El impacto en el cuerpo y en la psiquis de las condiciones de vida

Un informe reciente sobre la situación de la salud mental en Argentina (Calmels, Malgá y Amendolaro, 2024), que incluye a más de 16 provincias, advierte que entre 2019 y 2025 las consultas ambulatorias en salud mental crecieron alrededor de un 134%, mientras que las internaciones aumentaron aproximadamente un 77%, tomando 2019 como año base. El mayor crecimiento se da en niños, niñas y adolescentes, con cuadros cada vez más tempranos y más graves. Las autolesiones, los intentos de suicidio y el consumo problemático de sustancias son presentaciones clínicas frecuentes.

Según el informe, el padecimiento se vincula con la crisis económica, el aislamiento pospandemia, la precarización de la vida, la falta de redes de cuidado y el recorte de programas, entre otros factores.

Por su parte, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires (Etchevers et al., 2024) señala que el riesgo de padecer un trastorno mental en la población general es del 8,7%, siendo más alto en los sectores más jóvenes. Los niveles de riesgo suicida también son mayores en personas jóvenes y de menor estatus socioeconómico. El 60,46% de los participantes presenta alteraciones del sueño; el 51,14% considera que está atravesando una crisis —principalmente económica—; y el 55,32% de quienes no realizan tratamiento psicológico perciben necesitarlo, pero no pueden acceder.

En la misma línea, un relevamiento sobre clima social publicado en La Nación (2026)  resume con crudeza el impacto subjetivo de la crisis: “De noche la cabeza da vueltas con preocupaciones económicas”. El informe también destaca el aumento del consumo de alcohol y ansiolíticos “como auxiliares para dormir”, junto con una mayor demanda de atención psicológica .

Estos datos evidencian una asociación entre las condiciones socioeconómicas y la vulnerabilidad psíquica, con mayores niveles de padecimiento en los sectores más empobrecidos.

Crisis y desfinanciamiento del sistema de salud mental

La problemática del padecimiento subjetivo se entrelaza y retroalimenta con las dificultades de acceso al sistema de salud, que atraviesa una crisis estructural y convive con una ley que nunca llegó a implementarse plenamente. Su espíritu progresivo se ve degradado no solo por la precarización de los dispositivos de atención, sino también por las condiciones laborales de sus trabajadores.

La ley en vigencia impulsa la readecuación y sustitución de los hospitales monovalentes por dispositivos comunitarios: casas de medio camino, residencias protegidas, hospitales de día y de noche, dispositivos domiciliarios, emprendimientos sociales, entre otros. También promueve la atención en hospitales generales y en el territorio. Nada de esto fue llevado adelante de manera integral a lo largo de estos 16 años por los sucesivos gobiernos, incluidos aquellos que discursivamente defendían la ley, como el kirchnerismo.

En su lugar nos encontramos con la imposibilidad de conseguir turnos, la falta de continuidad en los tratamientos, la escasez de camas para internaciones, la ausencia de dispositivos intermedios y las dificultades en el acceso a medicamentos, entre otros problemas. Todo esto viene en aumento desde hace años.

Un ejemplo de la precarización de los dispositivos territoriales son aquellos vinculados a los consumos problemáticos, los cuales en muchos casos son delegados en ONG o instituciones vinculadas a iglesias, subsidiadas por Sedronar y con escaso control estatal, donde el enfoque queda librado a cada institución.

A esto se suma la precarización laboral. En los municipios del conurbano el monotributo y la falta de derechos laborales están a la orden del día, sin pase a planta permanente desde hace años. Son trabajadores que, muchas veces sin recursos y en condiciones extremadamente precarias, sostienen el sistema de salud “a pulmón”.

Por su parte, los bajos salarios empujan a los profesionales hacia el sector privado o desalientan la elección de especialidades críticas, como la psiquiatría. La falta de personal es una de las problemáticas más urgentes: en Argentina hay poco más de 4000 psiquiatras, de los cuales aproximadamente 400 son infanto-juveniles, con una distribución profundamente desigual y concentrada en la Ciudad de Buenos Aires. Esto recarga al resto del equipo de salud mental y deteriora la calidad de la atención.

Este deterioro responde a años de desfinanciamiento del sector. Actualmente, solo se destina alrededor del 1,4% del presupuesto de salud a la salud mental, muy lejos del 10% establecido por la ley vigente.

Programas como Remediar han sido desarticulados; hospitales clave, como el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, fueron vaciados; y se cerraron residencias como las RISaM, que promovían un abordaje interdisciplinario y territorial con profesionales altamente capacitados.

La Ley de Salud Mental: avances y límites

La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N.º 26.657 fue sancionada en 2010 como resultado de años de lucha de trabajadores de la salud, usuarios, familiares y organismos de derechos humanos. La misma implicó un cambio de paradigma respecto del viejo modelo manicomial, basado en el encierro, la cronificación y la vulneración de derechos de las personas con padecimiento mental.

La ley promovió un abordaje interdisciplinario e integral del padecimiento subjetivo, entendiendo que el sufrimiento psíquico no puede reducirse únicamente a un problema biológico o individual, sino que se encuentra atravesado por dimensiones sociales, económicas y subjetivas. En ese marco, reemplazó la noción de “enfermedad mental” por la de “padecimiento mental”, fortaleció la atención en hospitales generales y buscó desarrollar dispositivos comunitarios y territoriales.

Uno de sus cambios más importantes fue la modificación de los criterios de internación involuntaria. La ley sustituyó la lógica de “peligrosidad” por la de “riesgo cierto e inminente”, intentando limitar internaciones arbitrarias y el uso del encierro como forma de control social.

Sin embargo, a más de 15 años de ser sancionada, gran parte de estos objetivos nunca llegaron a implementarse plenamente. Los distintos gobiernos sostuvieron durante años un discurso progresista alrededor de la ley , sobre todo el kirchnerismo, pero sin destinar los recursos necesarios para desarrollar los dispositivos previstos. La falta de equipos, infraestructura y políticas públicas integrales convivió con el vaciamiento progresivo del sistema público y la precarización laboral.

La crisis actual del sistema de salud mental existe y es profunda. Pero lejos de demostrar el fracaso del paradigma de derechos impulsado por la ley, expresa las consecuencias de años de desfinanciamiento y ausencia de políticas públicas que permitieran desarrollar plenamente sus objetivos. Es sobre este sistema ya deteriorado que el gobierno impulsa hoy una reforma regresiva.

¿Qué propone la reforma de la Ley de Salud Mental?

Frente a esta crisis, la reforma impulsada por el gobierno no apunta a fortalecer el sistema público ni a desarrollar los dispositivos pendientes, sino a avanzar hacia un modelo más tutelar y medicalizante, reduciendo derechos y ampliando las posibilidades de control y encierro.

Uno de los cambios más significativos es el reemplazo del concepto de “padecimiento mental” por el de “trastorno mental”. Este cambio no es meramente técnico: implica reforzar una mirada patologizante del sufrimiento psíquico, más ligada a manuales diagnósticos y a la medicalización que a una comprensión integral de la subjetividad y de sus determinaciones sociales.

Al mismo tiempo, la reforma fortalece el rol hegemónico de la psiquiatría en detrimento de la interdisciplina. El proyecto establece la presencia obligatoria de psiquiatras en los equipos y en las internaciones, aún en un contexto de profunda escasez de estos profesionales en el sistema público. Esto no resolverá la crisis del sistema, sino que puede volver todavía más restrictivo el acceso a la atención y recentralizar las decisiones en una única disciplina.

Lejos de tratarse de una crítica a los psiquiatras que sostienen cotidianamente el sistema público en condiciones de enorme precarización y sobrecarga laboral, el cuestionamiento apunta a una lógica que reduce el sufrimiento psíquico a un problema exclusivamente individual y biológico, desligándolo de sus determinaciones sociales, económicas y políticas.

Sin embargo, el núcleo más regresivo de la reforma aparece en las modificaciones vinculadas a las internaciones involuntarias. El proyecto abandona la noción de “riesgo cierto e inminente” e incorpora categorías ambiguas como “evolución previsible”, “riesgo potencial” o “consecuencias disvaliosas”, ampliando enormemente la discrecionalidad de las decisiones y habilitando internaciones preventivas aun cuando no exista un peligro concreto e inmediato.

En la misma línea, se otorgan mayores facultades al Poder Judicial, habilitando a jueces a ordenar internaciones incluso contra el criterio del equipo tratante. Esto implica un retorno a lógicas tutelares que la ley vigente había intentado limitar y vuelve a colocar el eje sobre el control social antes que sobre los derechos y la autonomía de las personas.

Asimismo, la reforma vuelve a habilitar la creación de instituciones monovalentes públicas y privadas, retrocediendo respecto de los intentos por limitar las lógicas de encierro y cronificación que históricamente caracterizaron al sistema manicomial.

A esto se suma un aspecto central: el proyecto profundiza el desfinanciamiento del sector y consolida el retiro del Estado nacional de sus responsabilidades en salud mental. Mientras la ley vigente establecía la obligación de destinar progresivamente un 10% del presupuesto de salud al área —meta que nunca llegó a cumplirse—, la reforma elimina directamente esa responsabilidad. El Estado nacional deja de garantizar financiamiento y pasa a limitarse a una mera “cooperación técnica” con las jurisdicciones, desligándose de la obligación concreta de sostener políticas públicas, dispositivos y recursos para la atención en salud mental.

Lejos de fortalecer el sistema público frente a una crisis cada vez más profunda, esto implica consolidar el vaciamiento, profundizar las desigualdades entre provincias y abrir aún más el terreno para el avance del sector privado y la mercantilización del padecimiento psíquico.

En este marco, la reforma abre mayores posibilidades de negocios para el sector privado. La habilitación de nuevas clínicas e instituciones privadas, el debilitamiento del sistema público y el avance de un enfoque cada vez más medicalizante favorecen los intereses de corporaciones médicas, grandes laboratorios y grupos empresariales que históricamente se opusieron a la ley. Lejos de garantizar una atención integral, el riesgo es avanzar hacia un modelo donde el padecimiento psíquico se transforme cada vez más en un nicho de mercado.

La salida en manos de los trabajadores de la salud, usuarios y familias

La crisis actual en salud mental no puede pensarse aislada de las condiciones materiales de existencia. El aumento de los padecimientos psíquicos, de los consumos problemáticos y de los intentos de suicidio expresa también el impacto de una sociedad atravesada por la precarización laboral, la pobreza, el aislamiento y la destrucción de proyectos de vida, especialmente entre las juventudes y los sectores trabajadores.

En ese contexto, la reforma impulsada por el gobierno no aparece como una respuesta a la crisis, sino como parte del mismo proceso: mientras aumentan las necesidades de atención, el Estado profundiza el vaciamiento del sistema público y se habilita el avance del sector privado sobre la salud mental.

La vuelta a lógicas de control y encierro implica un retroceso respecto de conquistas construidas durante años por trabajadores, usuarios, familiares y organismos de derechos humanos. No se trata solamente de una discusión técnica o sanitaria, sino de una disputa política acerca de cómo se comprende el sufrimiento psíquico y de qué tipo de sistema de salud queremos construir.

Frente a esto, la salida no puede ser más ajuste ni más privatización. Es necesario defender y fortalecer un sistema público, gratuito y de calidad, garantizando presupuesto real, mejores condiciones laborales y el desarrollo efectivo de dispositivos territoriales de atención. Pero también resulta indispensable transformar las condiciones sociales que producen padecimiento: sin trabajo, vivienda, educación y perspectivas de futuro, ninguna política de salud mental podrá dar una respuesta de fondo.

Esa salida no vendrá de quienes gobiernan para vaciar y mercantilizar el sistema de salud, sino de la organización de los propios trabajadores y trabajadoras de la salud, junto a usuarios, familiares y el conjunto de la clase trabajadora. Somos quienes sostenemos cotidianamente hospitales y centros de salud en condiciones cada vez más precarias, quienes conocemos las necesidades reales de la población y quienes podemos defender una perspectiva verdaderamente pública, integral y humana de la salud mental.