El máximo tribunal brasileño falló este martes 23 mantener la condena que pesa sobre el expresidente Lula Da Silva, pero la redujo de 12 años a 8 años y 10 meses. Según las leyes del país, los presos pueden pedir arresto domiciliario o un régimen semiabierto (que les permita salir de día para trabajar) desde que cumple 1/6 de su condena, que ahora a Lula se le cumpliría en septiembre próximo.

El líder petista, ya de 73 años, está preso en el marco de la megacausa Lava Jato, que sacudió la vida política del país y abrió una crisis de proporciones históricas en la legitimidad de las instituciones brasileñas. Específicamente, Lula fue condenado por presuntamente haber recibido de parte de la constructora OAS un departamento en São Paulo como soborno por haber sido beneficiada la empresa durante las licitaciones de Petrobras.

Lula fue condenado en primera instancia por el juez Oscar Moro, quien ahora (casualmente) es el actual Ministro de Justicia del archireaccionario Jair Bolsonaro, y especula con ser ministro del STJ. A partir de ahí, el Poder Judicial en su conjunto encabezó un ataque duro contra el PT y todas sus banderas “progresistas” que decía defender. No solo encarcelaron a Lula, sino que lo proscribieron y, ante la pasividad del PT y la CUT, esa situación le abrió las puertas al triunfo de Bolsonaro.

La reciente orden del STJ pareciera ser un freno a una seguidilla de ataques reaccionarios contra el exmandatario y su partido. Por supuesto que no depositamos ninguna confianza en el PT, pero los ataques reaccionarios de la justicia son ataques hacia las conquistas que los trabajadores lograron arrancarles a los gobiernos de Lula y Dilma, y si hoy tenemos este fallo es por los grandes sectores de trabajadores, mujeres y jóvenes movilizados aún a costa de la inactividad total del PT y la CUT.