Uno de los detenidos es José Aníbal Villarreal, asesor en la Legislatura de Córdoba del legislador Ernesto Ramón Flores, perteneciente al bloque del oficialismo de Martín LLaryora. De hecho, uno de los campos del legislador habrían sido usados como lugar de encuentros, según trascendió en los medios. Como con el femicidio de Agostina Vega, miembros del Gobierno de Córdoba están involucrados en los más aberrantes ataques a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

La desaparición de una adolescente de 14 años dió inicio a las investigaciones y permitió que se conociera todo lo que venía sucediendo hace alrededor de dos años en la localidad de Villa María de Río Seco.

Las niñas y adolescentes eran contactadas por redes sociales y WhatsApp. Eran víctimas de Grooming y, en algunos casos, se llevaron adelante encuentros. Estos hombres ofrecían a cambio bajas sumas de dinero y, en otros casos, gaseosas y sándwiches, elementos que constituyen una clara explotación sexual. De hecho, la Justicia investiga también la hipótesis de trata ya que existió traslado y sometimiento de las adolescentes.

La vulnerabilidad en que se encontraban las adolescentes es extrema: mencionan que no estaban asistiendo a la escuela y que vivían en un contexto de pobreza. Esto agrava la condición que ya de por sí tiene una niña o adolescente mujer y joven. En palabras de la Fiscal, lo que recibían a veces lo repartían entre las jóvenes “por hambre, porque era para comprar comida”.

La Legislatura Unicameral de Córdoba emitió una insuficiente resolución, para que todos los contratados del cuerpo presenten certificados de antecedentes provincial, nacional y los actualicen cada seis meses. Lo podrían haber hecho antes: cuando ocurrió lo de Agostina.

Este escándalo se suma a una lista interminable. El Gobierno de Córdoba es totalmente cómplice de la violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y la diversidad. El femicidio de Agostina los puso en la mira. Y los casos no paran de evidenciar su negacionismo de la violencia y los femicidios, la impunidad de los femicidas, abusadores y violentos y, lo que es peor: su complicidad al formar parte de su propia fuerza política.

El caso de Rocío Gómez lo pone en evidencia. Fue asesinada de múltiples puñaladas por su expareja, Maximiliano Braudaco, que ya había sido denunciado por Rocío y estaba bajo libertad condicional. Braudaco incumplió seis meses seguidos la condena y no se tomó ningún tipo de medida.

Micaela Albornoz desapareció en Rosario y fue vista en Córdoba. Su familia denunció que se encontraba en un estado de vulnerabilidad por una condición de salud mental. A pesar de esto, las autoridades tuvieron contacto con ella y la dejaron ir. Finalmente, la joven fue encontrada en Brasil.

Hay una coherencia interna siniestra: los negacionistas de la violencia de género, los que garantizan la impunidad sistemática, y los abusadores, explotadores sexuales y femicidas conviven en el Gobierno de Córdoba.

Tal como se vio con Cerimedo, preso acusado de intento de femicidio a su expareja o el femicida Laurta amigo de Laje, eran anti-feministas militantes de las usinas de la extrema derecha. No es casual que provengan de tales contextos, porque la violencia en las palabras antecede y allana el camino a la violencia en los hechos. Por eso, el Gobierno de Milei es el principal responsable ideológico.

El Gobierno de Córdoba es cómplice y responsable de la violencia en nuestra provincia y hoy, además, la lleva adelante a través de sus operadores y protegidos.

Basta de negacionismo. Basta de violencia contra mujeres y niñas. #Niunamenos.