Reclamo de los trabajadores marítimos

La situación de los trabajadores marítimos está atravesando un momento complicado. En el marco de la pandemia por COVID-19, las empresas no sólo incumplen los protocolos y hasta que quisieron bajarle el 40% del salario a los trabajadores.

Pero estos se organizaron, y luego de paros, piquetes y asambleas en varios lugares del país, la patronal negoció un aumento con la burocracia del gremio de marítimos.

A principios de julio, las empresas quisieron imponer una rebaja del 40% del precio por tonelada de pescado, «argumentando que por la pandemia se cayeron las ventas y también el precio y por ende no les cierran los números, cosa que los trabajadores no les creemos porque si así fuera no podrían traer barcos nuevos», según nos cuenta un trabajador de la pesca. Y es que la inclusión, año a año, de nuevos barcos en sus flotas demuestra la hipocresía de empresas como Conarpesa o Argenova, que plantean que el negocio no les resulta «rentable».

Ante la aplicación de las bajas en los valores de producción, impuesta por las patronales, los trabajadores se organizaron y el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) convocó a un paro general el 6 de julio. El conflicto continuó con la realización de medidas de fuerza, movilizaciones y asambleas. En particular, en Corrientes, una agrupación interna del SOMU se manifestó en diversas instancias frente a la sede del gremio en Corrientes, en reclamo por paritarias, aumento de sueldos y rechazando la reducción salarial.

A raíz de las medidas de fuerza, las cámaras empresarias (Capeca, Capip y CEPA) junto a otras empresas independientes, como Conarpesa y Argenova, firmaron un acuerdo con la burocracia sindical que contempla una recomposición para el salario básico, un valor de dólar referencial de 65 pesos brutos, y una suma compensatoria extraordinaria de $5000 para trabajadores merluceros. Según plantea el acta acuerdo, «el básico para el marinero de planta del congelador langostinero, merlucero y centollero estará en 18 mil pesos desde el 1° de agosto y en 24 mil desde el 1° de diciembre».

Por último, respecto de la situación sanitaria, un trabajador nos cuenta que «las empresas contratan micros o combis para el traslado que no tienen los protocolos adecuados. Por ejemplo, si por distanciamiento [social] tienen que viajar 20 tripulantes, en los hechos viajan 30. Los choferes generalmente son dos y no descansan lo suficiente, llegan a puerto de destino y ahí nomás cargan la tripulación que baja del barco y salen de nuevo a la ruta». Es necesario denunciar estas irregularidades que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y sus familias.

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