La provincia que gobierna Gerardo Morales se pone de pie contra los salarios de miseria y la criminalización de la protesta.
La masiva movilización se da en el marco de una huelga docente que se extiende por tiempo indefinido desde la semana pasada. Como un efecto contagio de la vecina provincia de Salta, donde también allí una rebelión docente está luchando contra el ajuste del gobernador Sáenz.
Los maestros y trabajadores de la educación están exigiendo algo tan básico como salarios iguales a la canasta familiar. El gobierno radical de Morales no sólo pretende imponer sueldos de hambre, sino también enfrentar la movilización con provocaciones: el ejecutivo firmó el decreto 8464 que criminaliza la protesta social y convierte a la participación en una movilización como causal de despido para el personal de la administración pública.
Es decir, para Morales los trabajadores docentes y estatales no tienen más derecho a la protesta. Además, el decreto prevé multas y causas penales para quien participe de un «piquete».
En esto Morales también pretende seguir a su par salteño, que hizo aprobar de forma express una «ley anti-piquetes» completamente violatoria del constitucional derecho a la protesta.
Más aun, el gobernador jujeño pretende incluso que dicho cercenamiento quede estampado en la constitución de la provincia, ya que Jujuy se encuentra en pleno proceso de reforma constitucional y Morales quiere elevar la criminalización de la protesta al nivel de la carta magna provincial.
Por eso, la movilización encabezada por docentes, pero en la que confluyen distintos sectores tiene como una de sus principales consignas el rechazo a la reforma anti obrera de Morales, que quiere poner a la provincia al servicio de los grandes empresarios y del extractivismo del Litio. Para eso necesita que nadie pueda levantar la cabeza para protestar.
De manera cínica y haciéndose el desentendido, frente a la inmensa movilización del pueblo jujeño Morales respondió diciendo que «está metida la izquierda» y «la política», como si la reforma constitucional, los salarios docentes y el derecho a la protesta no fueran cuestiones «políticas».
El «presidenciable» Morales da una pequeña muestra de lo que quiere para el país: ajuste a los trabajadores, extractivismo al servicio de las grandes empresas extranjeras y represión a la protesta social.
Pero no es sólo los ataques de gobernadores como Sáenz y Morales los que anuncian el país que viene: también es la contundente respuesta de los trabajadores, que salen masivamente a la calle contra los planes de ajuste y en defensa de sus derechos.
