Derecho a la protesta, soberanía popular y «Estado de Derecho»

Por Martín Primo

“Al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime”.

“Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad”.

“El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante. Pero el que la conoce y la llama mentira, ¡ese es un criminal!”

Bertolt Brecht

Quizás sea pecar de ingenuo el pretender que de los grandes medios de intoxicación se digan verdades. Quizás sea un gesto de candidez rayano con la idiotez el buscar vergüenza en los gobernantes y políticos patronales. Pero ante la montaña de mentiras, falsedades e hipocresías que tanto cagatinta y ganapán ha publicado luego de lo ocurrido en estos últimos días, se hace necesario poner la realidad sobre sus pies y llamar al pan: pan, y al vino: vino.

Es que las últimas horas han sido fecundas en falacias e imposturas: la caradura de Carrió y el séquito de cómplices de la dictadura que integran Cambiemos denuncia intentos de Golpes de Estado; los estafadores a la voluntad popular con cargo de diputados se llenan la boca sobre la república y las instituciones; los escribas de turno, sin pudor y sin vergüenza, han acusado a los manifestantes de violentos y desde no se sabe qué autoridad moral se le pide a las organizaciones populares que “condenen” a tal o cual.

Para desenmarañar este embrollo es necesario ir por partes. Así que me dispongo a tomar la punta del ovillo y empezar ardua tarea.

La violencia de la mentira, o la estafa a los votantes

Durante la larga jornada del 18 se pudo oír a los diputados de Cambiemos citar hasta el hartazgo el artículo 21 de la Constitución Nacional que reza que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Con el recitado de dicho artículo se pretendía defender la potestad de los diputados de estafar la voluntad popular.

El argumento es sencillo, ellos son los diputados y tienen el derecho a hacer lo que quieran. La soberanía popular queda suspendida. Así las cosas, la protesta popular que se estaba desarrollando en la calle sería una actitud golpista que atenta contra la Constitución y la “democracia”. Sería una acción destituyente que pretende imponer un “Estado de hecho”, rompiendo el “Estado de derecho”, es decir un “Golpe de Estado”. Este fue el discurso de Carrió.

Desde el marxismo podría hacer importantes objeciones al contenido de clase que esconde en el famoso artículo 21 de la Constitución Nacional, pero me voy a abstener de avanzar por ese camino. Prefiero por lo pronto detenerme en la inconsistencia de los argumentos del gobierno.

La Constitución Nacional en su artículo primero sostiene que “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”. Los conceptos de república y representativa son dos conceptos contradictorios, porque si el primero sostiene que la nación es una cosa que nos compete a todos, el segundo limita ese todos únicamente a los representantes. El criterio formal por el cual se pretende salvar esta contradicción se basa en que el pueblo por medio de las elecciones delega su soberanía voluntariamente en los representantes (diputados, senadores, gobernadores, presidente…). Pero este mecanismo supone que los representantes no le mientan a los representados. De ser así, el pacto social queda roto, los representantes (diputados y presidente) han ejercido una violencia institucional sobre el pueblo, le han robado su voluntad, su voto y su soberanía. Dejan de actuar como representantes del pueblo y pasan a actuar como representantes de otros intereses que nada tienen de republicanos ni de democráticos.

Este es el primer hecho de violencia institucional que se ha consumado en el Congreso de la Nación estos últimos días. Recordemos que durante la campaña electoral Marcos Peña dijo que “es mentira, como tantas que la oposición ha planteado (…) la realidad es que no hay un proyecto en ese sentido” y en la misma dirección Mauricio Macri declaró: “no hay tal reforma del sistema previsional o laboral en un cajón”.

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La gente les creyó y los votó. Ellos mintieron, le robaron su voto y con él su voluntad y su soberanía.

El primer acto de violencia parte desde Cambiemos y el gobierno. Todas la mediciones afirman que 8 de cada 10 argentinos se oponen a la reforma previsional, las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre confirmaron ese dato. Ese “Estado de hecho”, esa negación de la voluntad popular, esa violencia contra la soberanía popular, está en la base de los acontecimiento de los últimos días.

La violencia del ajuste, o el robo a los más débiles

Pero la violencia no se queda sólo en el plano de la república y de las instituciones. El gobierno nacional con la complicidad del PJ ha perpetrado una canallada que ninguna persona de bien puede dejar pasar. La reforma previsional que el macrismo envió al Congreso, y éste impunemente aprobó, tiene como principal objetivo el robarle a los jubilados 100.000 millones de pesos. Cualquier salidera bancaria es una nimiedad frente a este asalto institucional que despoja a los jubilados de los medios necesarios para poder vivir.

El argumento del oficialismo es que el sistema previsional es insostenible. Lo primero que hay que decir, es que esto es una mentira. Y los señores analistas que tanto han hablado sobre los acontecimientos del lunes 18 de diciembre deberían empezar por el principio y dejar bien en claro que esto es falso. Argentina hoy en día no tiene un problema de envejecimiento poblacional que signifique que el sistema de reparto solidario sea insolvente.

El recorte en las jubilaciones, los tarifazos en la luz, el gas y el agua; el aumento sistemático del transporte ocurre al mismo tiempo que se les bajan las retenciones a las petroleras, a las mineras y a los terratenientes; y se pretenden eliminar los aportes patronales a los empresarios. Lo que ocurre es que Macrí está desarrollando una brutal redistribución del ingreso nacional en beneficio de los más ricos y poderosos. La votación del lunes pasado constituyó un robo descarado de las grandes patronales a los jubilados por intermedio de los diputados y senadores nacionales. Una verdadera asociación ilícita.

Insistimos en esto. Porque los funcionarios y periodistas que se han rasgado las vestiduras hablando de barbarie, parecen dejar de lado que en la Argentina de Macri en donde se les baja los ingresos a los jubilados, la canasta básica de la tercera edad trepa hoy a los 17.523 pesos mensuales, y la jubilación mínima en marzo sería de $ 7.623. Señores “opinólogos”, funcionarios y cínicos de toda laya, expliquen cómo debe actuar un ser humano ante tal despojo. No estamos hablando únicamente del derecho a la protesta. Estamos hablando del derecho a la defensa de la vida de los viejos frente a la violencia que ejercen el poder político que condena a los jubilados a la muerte prematura por falta de medicamentos, comida o vivienda.

Los cientos de miles de manifestantes que salieron a la calle los últimos días no son violentos, sienten empatía, tienen la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. No son violentos, son humanos. Son capaces de aquello que ustedes no: de sentir el sufrimiento ajeno en la carne propia. Ellos son personas, son trabajadores, ustedes son burgueses o sus lacayos.

Señores, los violentos son los que le roban a los viejos, no quienes se defienden de los ladrones.

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La violencia de la represión, o la barbarie institucionalizada

Por último hayamos a lo más elemental, lo más sencillo, lo más concreto. ¿En serio a una persona inteligente (y honesta) se le puede ocurrir defender el derecho del Estado argentino al ejercicio de la fuerza? Ese mismo Estado que cada vez que interviene mata a algún manifestante como con Santiago Maldonado y con Rafael Nahuel. ¿En serio se puede ser tan cínico de pretender ponderar los acontecimientos del lunes 18 de diciembre, ignorando la brutal cacería del jueves 14? No señores, no se puede separar lo que es una sola cosa.

Los miles de manifestantes que fueron el jueves a la plaza se encontraron con una verdadera provocación de parte del gobierno. Un despliegue represivo sin antecedentes en la historia de la “democracia” argentina. Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica, la Policía Federal. Todo el arsenal represivo del Estado amenazando a los manifestantes que pacíficamente colmaron la Plaza Congreso. Nunca antes en la historia democrática de la República Argentina se valló al Congreso de la Nación como ese día. Fue un mensaje claro, evidente y antidemocrático por medio del cual la ministra Patricia Bullrich (responsable de dos muertes en tres meses) le mostraba los dientes a los trabajadores. Fue esa asesina la que ordenó, sin que mediara agresión alguna, una brutal e ilegal persecución contra quienes estaban ejerciendo su legítimo derecho a manifestarse.

No señores, no se puede ejercer una violencia desenfrenada contra la población y sorprenderse luego de que los ánimos se caldeen.

El responsable de toda la violencia ocurrida en los últimos días fue el gobierno nacional. Es el que dijo que tiene derecho a desobedecer las ordenas judiciales, es el que dijo que las fuerzas represivas tienen licencia para matar y cobertura oficial que les garantiza su impunidad. No señores, no se pueden violar todos los principios democráticos y luego pretender gozar de legitimidad institucional.

Basta de ajuste, basta de represión, fuera Bullrich

 El gobierno nacional es el único violento. Es quien violentó la soberanía popular, base del orden constitucional. Durante la campaña se comprometió a no ajustar, a no sancionar ninguna ley de reforma laboral ni previsional. El derecho a la protesta no es un simple derecho a manifestar el descontento ante la voluntad regia del Poder Ejecutivo. El derecho a la protesta es la reserva última de la soberanía popular y como tal es la fuente del “estado de derecho”.

Los habitantes del territorio argentino tienen el derecho de manifestarse en defensa de sus condiciones de vida y la de sus semejantes. Los trabajadores argentinos han sido los garantes últimos de las libertades democráticas por medio de sus luchas. Mientras los Macri se enriquecían con el genocidio militar, eran los trabajadores, las organizaciones populares y la izquierda quienes se organizaban contra la violencia emanada del Estado.   El gobierno nacional, en la medida que continúa con su violenta política de ajuste, con la violenta baja del salario y las jubilaciones, insistiendo en su violenta quita de derechos adquiridos, seguirá estimulando las protestas populares.

No señores, el gobierno y sus fuerzas de represión son los únicos que han causado muertes; son los únicos que redoblan permanentemente la violencia y la impunidad.

En nombre de las libertades democráticas elementales exigimos que cese la represión a las protestas populares, que cese la persecución macartista a la izquierda y a los luchadores. Exigimos la renuncia inmediata de Patricia Bullrich, responsable política de dos asesinatos en manos del Estado.

Desde el Nuevo MAS defendemos el irrenunciable derecho a la protesta, resguardo último de la soberanía popular.

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