Los políticos del sistema nos tienen acostumbrados a decir una cosa y hacer otra, pero en Izquierda Web no logramos perder la capacidad de asombro. En este caso la contradicción es doble. Por un lado Javier Milei había planteado que las ideas libertarias eran “incompatibles” con las de gobiernos “autoritarios” o “fascistas”, y por el otro trató de “parásitos” a quienes trabajan dentro del sistema político y perciben un sueldo por parte del estado.

Horas después de esas afirmaciones sus dichos serían desmentidos por la revelación de su propio prontuario. En 1994 trabajó con un contrato del Estado para un genocida… dos contradicciones en un solo hecho, todo un récord.

Pero la cuestión es todavía más escandalosa si se tiene en cuenta que Milei trabajó para Antonio Bussi, quien no fue un implicado de segunda línea de la dictadura, ni mucho menos: se trata de uno de los personajes más siniestros y con más protagonismo en lo que respecta al plan sistemático de represión montado por los militares.

Una trayectoria siniestra 

El prontuario represivo de Antonio Bussi comienza unos años antes del golpe: en Tucumán, Bussi era el responsable directo de varios centros clandestinos de detención incluso desde antes del Golpe. Fue una especie de «precursor» del plan represivo que sería política de Estado poco tiempo después.

En la Provincia, Bussi comandó el Operativo Independencia, donde comenzaron a ensayarse las violaciones a los derechos humanos que luego cometería la dictadura en todo el país. Había aprendido a combatir a la «subversión» asistiendo como observador a la Guerra de Vietnam y luego realizando entrenamientos militares en EE.UU.

Luego del 24 de Marzo de 1976 se convertiría en el gobernador de facto de la provincia, los centros de detención y tortura se multiplicarían y se instrumentaría un plan sistemático de desapariciones forzadas y represión. Los relatos de las víctimas y testigos que formaron parte del juicio confirmaron que Bussi visitaba asiduamente los Centros Clandestinos de Detención.

No sólo eso, durante los juicios se pudo constatar el asesinato de varias personas en manos del propio Bussi, así como también hay testigos que confirmaron que en persona llevaba adelante torturas contra personas detenidas ilegalmente. Bussi fue responsable de más de mil desapariciones en los más de treinta centros de detención que funcionaron en Tucumán durante los años del Proceso.

Su brutalidad y sadismo llegó incluso al límite de ordenar «limpiar» la ciudad de mendigos y personas que vivían en la calle, en ocasión de la visita de Videla a la Provincia. Las personas expulsadas por orden de Bussi fueron abandonadas en un desierto en Catamarca.

En 1999, un ex-conscripto declararía para el diario Página/12 su relato de la brutalidad de Bussi vista con sus propios ojos: “Bussi siempre andaba. Una vez lo han hecho llamar del Timbó Viejo, lo han hecho llamar exclusivamente para esa noche. Porque han agarrado a dos personas y este hombre ha ido. (…) Yo he visto a dos, pero había más. Por esos dos exclusivamente ha ido Bussi. Siempre los tenían en slip, bien atados con sogas, boca abajo. A él lo hacen pasar para adentro, entonces yo miro por una rendija que había, no por la puerta, había que cuidarse de todo y ahí empezó a garrotearlos como dos horas, preguntándoles cosas, haciéndolos sufrir. Raro era al que no lo hacían sufrir. Bussi ha agarrado con una manguera a garrotear hasta que los ha muerto. Esa noche los ha muerto a esos dos personalmente.» Este tipo de declaraciones se sumaban a las que ya existían por el informe de la CONADEP, donde se acreditó que Bussi era el «encargado» de darle el tiro de gracia a los detenidos en centro clandestino de detención ubicado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Con el retorno de la democracia, Bussi fue beneficiado por la Ley de Punto Final, promulgada por Alfonsín. En aquellos primeros años post dictadura, Bussi ya enfrentaba más de 800 causas por privación ilegítima de la libertad, tormento, homicidio y falsificación de documentos.

Luego sería electo Diputado Nacional, en 1993. Un año después, Javier Milei ingresaría a trabajar como su asesor en el Congreso de la Nación. Basta todo lo anterior para dejar en claro que para ese entonces ya se conocía ampliamente el rol que había jugado Bussi en la dictadura, pero evidentemente esto no era un problema para Milei.

Luego fue electo Gobernador de la Provincia de Tucumán en 1995, pero su gestión terminaría en un escándalo debido al descubrimiento de una cuenta en Suiza no declarada con $100.000 dólares. Bussi, además de asesino, fue un corrupto: Poco tiempo después se supo que Bussi tenía una riqueza injustificable a partir de sus años de «servicio» en el ejército. Por ejemplo, se le embargarían diecisiete departamentos en Palermo y Recoleta, así como ocho cuentas bancarias.

En 2003 fue detenido por primera vez, en una de las tantas causas abiertas por sus crímenes cometidos durante la dictadura, pero sería beneficiado con la prisión domiciliaria. En 2004, la Cámara Federal confirmaría que bajo su mando se cometieron delitos de lesa humanidad. Finalmente, en 2008, fue condenado a reclusión perpetua. Bussi murió en prisión domiciliaria en el año 2011, no sin antes enterarse que había sido expulsado del Ejército y se le quitaron sus rangos.

Lo que se desprende de todo esto son dos conclusiones: 1) Milei también es parte de la “casta política” que él dice combatir y 2) las ideas “libertarias” y las de la última dictadura militar, como le dijo en la cara Manuela Castañeira, son bastante cercanas.