América Latina

¿Qué pasa en Perú? El nuevo gobierno y la crisis del régimen

Perú atraviesa una profunda crisis económica y política, la cual se profundizó en el medio de la pandemia.

Victor Artavia
Historiador. Dirigente del Nuevo Partido Socialista de Costa Rica, miembro de la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie.


En el último lustro, cuatro de sus presidentes –electos democráticamente o nombrados por el Congreso- no terminaron su gestión, producto de la feroz pugna inter-burguesa y los escándalos de corrupción. En este sentido, podemos hablar de que el país adolece de una “crisis orgánica”, término acuñado por Gramsci para dar cuenta de situaciones de este tipo.

Con el presente artículo haremos un repaso de las causas que conllevaron a esta situación, así como de las principales determinaciones de la coyuntura actual y las perspectivas del nuevo gobierno de Pedro Castillo.

  1. Fujimorismo: la vía autoritaria hacia el neoliberalismo

Entre 1968 y 1980, Perú estuvo regido por el autodenominado “Gobierno Revolucionario” de las Fuerzas Armadas, el cual desarrolló un programa nacionalista burgués e implementó algunas reformas democráticas importantes. Por ejemplo, nacionalizó la banca y los recursos minerales, estatizó la pesca, decretó la reforma agraria, impulsó la sustitución de importaciones y amplió –moderadamente- algunos derechos sociales y políticos. Estas medidas se consagraron en la carta magna aprobada por la Asamblea Constituyente de 1979.

Pero el modelo diseñado por los militares mostró síntomas de desgaste en los años ochenta y dio paso a una crisis política, la cual se combinó con la insurgencia de Sendero Luminoso y los graves problemas de hiperinflación. En este contexto, en 1990 Alberto Fujimori resultó electo presidente, transformándose en la carta de la burguesía para darle una salida autoritaria a la crisis e implementar el neoliberalismo en el Perú durante los próximos diez años, en lo que se conocería como la “década infame”.

Así, el 5 de abril de 1992 y con el aval de las Fuerzas Armadas, Fujimori protagonizó un “autogolpe” e instauró el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, por medio del cual cerró del Congreso democráticamente electo, intervino el Poder Judicial, persiguió y secuestró políticos de oposición, entre otras medidas reaccionarias propias de un dictador.

A partir de entonces, el “fujimorismo” tuvo vía libre para aplicar “mano dura” en medio de la crisis, lo cual se tradujo en una sistemática violación de los derechos humanos y democráticos más elementales, todo justificado bajo la premisa de la seguridad nacional contrainsurgente. Tras la caída de su gobierno se instauró una Comisión de la Verdad y Reconciliación, la cual estableció que, durante los años ochenta y noventa, en Perú se produjeron 69.280 muertes y desapariciones, de las cuales un 75% correspondió aquechua-parlantes y, de éstos, un 90% eran campesinos.[1]

Este genocidio contra la población indígena, se complementó con la persecución sistemática de las organizaciones sociales, dando como resultado la desintegración del tejido social en el país; se vieron severamente afectados los sindicatos obreros, las federaciones estudiantiles y organizaciones barriales, así como los partidos de izquierda en general, los cuales estuvieron bajo el asedio constante de un Estado terrorista.

Por otra parte, Fujimori convocó a una Asamblea Constituyente para normar la implementación del modelo neoliberal en el país, lo cual se consumó en 1993 con la promulgación de la nueva constitución que, entre sus medidas principales, prohibió la participación del Estado en actividades productivas, privatizó las empresas estatales y priorizó la atracción de inversión privada como motor de la economía, además de permitir la reelección presidencial. Por esta vía se impuso una visión neoliberal sustentada en gobiernos tecnocráticos y en la “racionalidad individualista”, un elemento ideológico que alentó la precarización laboral y la desprotección social.[2]

Durante gran parte de sus gobiernos, Fujimori contó el con el apoyo del imperialismo estadounidense y, por tanto, gozó del favor de los organismos financieros, aspecto que le permitió estabilizar la economía por la afluencia de préstamos en condiciones favorables, en tanto continuara con la implementación de las medidas de libre mercado. En este marco, Fujimori desarrolló un esquema mafioso de corrupción vinculado a la privatización de las empresas estatales en beneficio de las corporaciones transnacionales, por medio del cual se privatizaron –total o parcialmente- 187 empresas por un monto de 7.542 millones de dólares, operativo que le reportó enormes dividendos al círculo fujimorista.

Pero su gobierno entró en crisis producto de las denuncias de fraude electoral y, principalmente, por los escándalos de corrupción que, según algunos estudios, alcanzaron niveles exorbitantes durante sus dos administraciones, donde se estima que la corrupción devoró consumió el 50% del gasto público y el 4,5% del PIB.[3]Por ejemplo, el Servicio de Inteligencia controlado por Vladimiro Montesinos –hombre de confianza de Fujimori- dispuso de cincuenta millones dólares entre 1992 y el 2000, dinero proveniente de recursos públicos que utilizó principalmente para comprar votos y sobornar opositores; también, recibió importantes ingresos de los organismos financieros en sus campañas electorales, como los mil millones de dólares que le otorgaron seis meses antes de las votaciones del 2000, lo cual invirtió en las redes clientelares para su reelección.

Pero, a pesar de que Fujimori aplicó al dedillo los lineamientos neoliberales del Consenso de Washington, su gestión autoritaria y corrupta se tornó en un elemento de inestabilidad política, por lo cual perdió el favor de la burguesía y el imperialismo. Debido a esto, tras su cuestionada segunda reelección en el año 2000, se filtraron los videos de Montesinos sobornando a figuras de oposición a nombre del gobierno; esto desató la crisis final del gobierno de Fujimori, el cual huyó a Japón a finales de ese mismo año (posteriormente fue capturado en Chile en 2005 y extraditado a Perú en 2007, desde entonces está en prisión y fue condenado por crímenes de lesa humanidad).

  1. Extractivismo y precarización laboral, los rasgos de la economía neoliberal

La salida de Fujimori permitió maquillar democráticamente el régimen político del país, pero sin modificar sustancialmente el modelo de Estado que surgió de la constituyente de 1993; en ese sentido, fue una puesta en práctica del refrán “cambiar algo, para no cambiar nada”.

Esto quedó demostrado con la continuidad de la economía extractivista a partir de la inversión extranjera. Fujimori fue un artífice de esto con la promulgación de la “Ley General de Minería” en 1992, la cual aprobó reasignar territorios de comunidades y poblaciones con fines mineros, permitió las concesiones por tiempo indefinido e impuso el ridículo cobro de dos dólares anuales por cada hectárea en concesión.[4]

Los gobiernos que le sucedieron introdujeron pequeñas reformas, pero sin la perspectiva de diversificar la estructura productiva del país. De esta forma, Perú se consolidó como una economía dependiente del capital transnacional, cuya tarea en el mercado mundial era la de proveedor de productos mineros, los cuales contribuyeron con el 40% y 62% de las exportaciones entre 1980 y 2018. En los últimos años el sector minero perdió preponderancia, pero su lugar fue ocupado por las empresas de hidrocarburos, también bajo control de empresas transnacionales.

Durante un tiempo esta fórmula pareció dar buenos réditos macroeconómicos, pues se benefició del boom de los comodities a inicios del siglo, pero lo hizo a un elevado costo ambiental y por medio del despojo violento de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.

Por otra parte, la apuesta por el extractivismo bloqueó el desarrollo de la industria manufacturera, la cual apenas representó el 12,8% del PIB en 2018. A raíz de esto, la enorme mayoría de las empresas peruanas califican como pequeñas o microempresas, cuya producción contiene poco valor agregado y cuentan con las peores condiciones laborales.

Esto nos lleva al segundo rasgo de la economía neoliberal peruana: la precarización laboral extrema. Alrededor del 80% de la fuerza laboral del país está contratada en microempresas, donde no hay pagos extras por trabajos nocturnos, no hay seguro de desempleo y, además, no se pagan bonos de medio y fin de año. Por si esto fuera poco, un 90% de quienes laboran en estas empresas no tienen contrato, por lo que no gozan de vacaciones o cobertura en caso de accidentes laborales.[5]

Pero la precarización no se reduce solamente a malas condiciones laborales, sino que, además, da cuentas del retroceso organizativo del movimiento obrero peruano, pues los sindicatos están prohibidos en empresas que emplean menos de 20 personas. Los datos históricos son reveladores al respecto: entre 1980 y 1990, se produjeron 7.612 huelgas en el sector privado, las cuales involucraron a más de cinco millones de trabajadores y trabajadoras, mientras que, en período 2000-2014, la cantidad de huelgas disminuyó a 1.315 y movilizó a poco más de medio millón de personas.

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Así, en Perú conviven dos economías: por un lado, la economía extractivista de capital extranjero, por el otro, una economía de subsistencia fundada sobre microempresas, donde labora la enorme mayoría de la clase trabajadora en condiciones miserables y sin derechos de organización sindical.

  1. Corrupción, crisis del régimen y recomienzo de la resistencia social

La caída de Fujimori no implicó el final de los esquemas de corrupción; por el contrario, alentó su “evolución”, pues la burguesía peruana avanzó hacia un modelo de saqueo del erario a través de la contratación de obras desde el Estado. Esto garantizó un mecanismo institucionalizado de corrupción, el cual funcionó sin problemas por varios años y reportó enormes ganancias a los grupos capitalistas. Pero todo cambió con las denuncias del caso Lava Jato que, para el caso peruano, dinamitó la poca credibilidad en la institucionalidad del país, pues implicó a todos los expresidentes recientes del país.

Condenas o cargos contra los presidentes de Perú 1982-2020
Presidente Condena o cargos
Alberto Fujimori (1990-2000) Condenado por crímenes de lesa humanidad.
Alejandro Toledo (2001-2006) Enfrenta un proceso de extradición desde los Estados Unidos bajo acusaciones de de recibir 35 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.
Alan García (1985-1990; 2006-2011) Se suicidó antes de ser detenido por el caso Odebrecht.
Ollanta Humala (2011-2016) Acusado de lavado de dinero.
Pedro Kuczynsky (2016-2018) Acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.
Martín Vizcarra (2018-2020) En arresto domiciliario por denuncias vinculadas a Lava Jato.

Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior, combinado con el declive del boom de las comodities, aceleró la crisis del régimen político e intensificó las pugnas inter-burguesas, algo patente en el quinquenio 2016-2021, durante el cual se sucedieron en el poder cuatro presidentes (antes de la elección de Pedro Castillo). Primero, se produjo la renuncia de Pedro Kuczynski a la presidencia en marzo de 2018, producto de acusaciones de sobornos. Posteriormente, asumió el gobierno Martín Vizcarra con el apoyo de la CONFIEP (principal cámara patronal del país) y, para enfrentar los abates del fujimorismo, cerró el congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. Pero Vizcarra también fue acusado por casos de corrupción que, sumado a sus choques con sectores de la oposición burguesa y el pésimo manejo de la pandemia, lo enfrentó a un proceso de vacancia en el congreso, por lo cual renunció a finales de 2020.

Hasta este momento, las facciones burguesas desarrollaron sus pugnas en las alturas sin ninguna respuesta desde abajo, pero la situación varió tras el nombramiento en la presidencia de Manuel Merino, un diputado de la oposición que llegó al parlamento con el pírrico apoyo de cinco mil votos. Esto evidenció el estado moribundo de la institucionalidad del país y, particularmente, desnudó el funcionamiento mafioso del Congreso, cuyas bancadas parlamentarias actúan como carteles que protegen sus negocios particulares en total desconexión con la realidad de las enormes mayorías del país, inmersas en una de las peores crisis económicas –agravada por la pandemia- de las últimas décadas.[6]

Lo anterior provocó un estallido social que no se veía hacía décadas en el país andino, protagonizado principalmente por sectores de la juventud trabajadora precarizada y estudiantil. A pesar de la represión del gobierno ilegítimo, las protestas se profundizaron y extendieron desde Lima hacia otras ciudades, transformándose en verdaderas jornadas de rebelión popular que impidieron la consolidación de Merino en la presidencia, el cual se vio obligado a renunciar para apaciguar el malestar social.[7] En su lugar, el maltrecho congreso nombró como presidente interino a Franciso Sagasti, un diputado de centro derecha cuya tarea principal consistió en sostenerse en el Ejecutivo hasta las elecciones de abril de 2021 y permitir un recambio ordenado del poder, con la perspectiva de retomar el “curso institucional” del país, aunque los resultados no fueron los esperados por el establishment burgués peruano, como veremos más adelantes.

Por otra parte, la rebelión popular evidenció el cuestionamiento social al régimen emanado de la constituyente de 1993, colocando en tela de juicio el modelo económico neoliberal y la corrupción sistémica en el Estado burgués. Más importante aún, masificó la demanda de una nueva asamblea constituyente para refundar el país con un nuevo pacto social, lo cual explica el clima de polarización que caracterizó las elecciones nacionales.

  1. La elección de Pedro Castillo y su ideario programático

Pedro Castillo resultó electo presidente en una reñida elección, donde disputó una segunda ronda electoral contra Keiko Fujimori, a la cual venció por apenas 44 mil votos. Su victoria tomó por sorpresa a todo mundo, pues al inicio de la campaña contaba con apenas el 3% de intención de voto, pero experimentó un crecimiento meteórico que le permitió ganar la primera ronda al obtener el 19% de los sufragios.

¿Cómo se explica la victoria de Castillo? Muchos analistas se refieren a su triunfo como la “emergencia del Perú profundo”, en referencia a los sectores explotados y oprimidos que lo apoyaron (indígenas, campesinos, zambos, mestizos), una muestra del hartazgo contra los partidos y políticos asociados al corrupto régimen neoliberal. La enorme mayoría de sus votantes son del interior del país –principalmente de la zona andina-, donde ganó con el 80% o más de los sufragios; en contraparte, obtuvo resultados muy débiles en las zonas urbanas, incluida la capital Lima-que concentra al tercera parte de la población-, donde Fujimori concentró los dos tercios de los votos.[8]

Castillo es un “outsider” con relación al establishment político del país, pues nunca figuró como militante de algún partido, salvo una episódica postulación a la alcaldía de Aguía por “Perú Posible”. A pesar de eso, su historia de vida sintonizó con las amplias masas desposeídas del país, las cuales se identificaron con un humilde maestro de escuela que, durante los últimos veinte años, trabajó en una comunidad rural con menos de 400 habitantes. Asimismo, Castillo logró renombre como dirigente sindical magisterial en la huelga de 2017, donde fue electo como presidente del comité de lucha de las bases regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y, posteriormente, nombrado Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú(FENATEP).

Para estas elecciones se postuló con “Perú Libre” (PL), partido de izquierda fundado y dirigido por Vladimiro Cerró, un neurocirujano formado en Cuba. La plataforma programática que presentó en la campaña combinó reivindicaciones reformistas con otras nacionalistas progresivas (inspiradas en los casos de Bolivia y Ecuador), pero en ningún sentido sostuvo alguna postura anticapitalista. Uno de sus ejes es impulsar la “Economía Popular de Mercado”, una forma elegante para denominar una serie de medidas para fomentar el mercado interno y contrarrestar las medidas neoliberales implementadas en las últimas décadas, pero que no apuntan a transformar la estructura productiva del país y, peor aún, donde no se jerarquiza combatir la precarización laboral.

Entre esas medidas, Castillo propuso fomentar la participación del Estado en la economía con la nacionalización y estatización de estratégicos; también se posicionó por una reforma fiscal progresiva por medio de la renegociación de los contratos-ley con las empresas transnacionales; de igual manera, sostuvo que iba a renegociar la deuda externa pública y privada, para garantizar la “deuda social interna”, apuntando a invertir un 10% del PIB tanto en la salud como en la educación pública.[9]

Pero la consigna más radical que levantó fue su compromiso para convocar a una Asamblea Constituyente para derogar la constitución de Fujimori y aprobar una nueva carta magna por fuera de la lógica neoliberal; esto genera temor entre las élites burguesas peruanas, pues abre el portillo para desarmar el régimen instaurado desde 1993 e incorporar muchas reivindicaciones de los sectores explotados y oprimidos.

Por otra parte, Castillo tiene posturas regresivas o conservadoras. Por ejemplo, defiende el “extractivismo sostenible”, por lo que no es descartable que fomente la expansión de la frontera extractivista; asimismo, tiene una postura ultra-conservadora con relación al aborto, el matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans.

En suma, su ideario de gobierno pasa por renegociar los términos con el capital transnacional concentrado en la industria extractivista, estableciendo impuestos progresivos sobre sus ganancias para mejorar los servicios públicos esenciales –salud y educación- y fomentar el mercado interno, pero no contempla reconvertir/diversificar la estructura productiva del país para romper con la dependencia en la exportación de comitities, piedra angular del modelo neoliberal desde la era Fujimori y del sometimiento del país al capital imperialista. Junto con esto, Castillo no jerarquiza combatir la precarización laboral que aqueja a millones de trabajadores y trabajadoras peruanas, un rasgo común al de otras corrientes nacionalistas burguesas recientes que, aunque incorporan reivindicaciones de sectores populares, denotan un comportamiento distante con respecto a las problemáticas obreras.[10]

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Primeros días de gobierno y primeras contradicciones

Para cerrar, nos referiremos a los primeros días del gobierno de Pedro Castillo, donde fueron evidentes las señales que lanzó para conciliar con la oposición burguesa. Como detallamos anteriormente, la reciente campaña se produjo en un escenario de profunda crisis económica y social, lo cual sirvió como telón de fondo para la polarización que se expresó en la segunda ronda electoral,donde Castillo obtuvo el 50,12% de los sufragios contra el 49,87% de Keiko Fujimori.

La derecha cerró filas contra la candidatura de Castillo y desató una furibunda campaña anti-comunista acusándolo de “terruco”, palabra coloquial peruanapara acusar a una persona de simpatizar con organizaciones armadas. Aunque Castillo no es comunista ni tampoco colaboró con Sendero Luminoso, estas acusaciones sirvieron para presionarlo políticamente desde la derecha. Por otra parte, tras las votaciones el fujimorismo trató de impugnar los resultados alegando un fraude electoral, del cual no presentó pruebas y tampoco contó con el respaldo de la burguesía y el imperialismo, posiblemente previendo la crisis que provocaría la anulación de las votaciones.

Aunque esta ofensiva reaccionaria de la burguesía y del fujimorismo no impidió que Castillo ganara las elecciones, sí dejo en claro que su gestión va estar condicionada desde el principio por los ataques de la oposición burguesa, particularmente por el peligro latente de que le apliquen un proceso de vacancia presidencial como a sucedió con sus sucesores inmediatos, algo plausible por la debilidad del oficialismo en el parlamento, pues cuenta con 37 de los 130 escaños.

De hecho, ya en la segunda ronda Castillo procuró tender puentes con la burguesía apelando a la unidad nacional y mostrándose más conciliador en sus propuestas. Muestra de eso, fue el nombramiento como asesor económico de Pedro Francke, un reconocido economista que colaboró con gobiernos anteriores y fue asesor del Banco Mundial, quien poco antes de las votaciones de junio declaró que la prioridad de un gobierno de Castillo sería “una economía cuyo centro son las economías populares, familiares, y por eso la generación de empleo es un objetivo central (…) Pero también requiere entender que no se trata de estatizar ni expropiar (…) También significa reconocer la gran importancia de los mercados”.[11]

Estas declaraciones generaron un debate a lo interno de Perú Libre, pues el sector afín a Vladimir Cerrón atacó a Francke por “liberal” y señaló que no iban a ser moderados con relación a sus propuestas de gobierno. Asimismo, presumiblemente hubo tensiones por el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro, un cuadro cercano a Cerrón y acusado de hacer “apología del terrorismo” por conmemorar la muerte de una figura de Sendero Luminoso en 2017, lo cual en un primer momento propició que Francke desistiera de ser parte del gabinete de Castillo, pero, tras varios días de incertidumbre, finalmente asumió como Ministro de Economía y Finanzas de Castillo.

Lo anterior denota la debilidad con que inicia el gobierno de Castillo que, además de afrontar ataques desde la oposición de derecha, presenta fisuras internas entre el ala pro-Cerrón y los sectores más moderados, tensión que puede profundizarse por los constantes repliegues que denota Castillo con su plan de gobierno.

Por ejemplo, en su primer discurso presidencial se refirió a varias de sus consignas de campaña. Sobre la Asamblea Constituyente llamó a un diálogo con el poder legislativo, al cual presentará un proyecto de ley para reformar la constitución, pero no para cambiarla; de igual manera, enfatizó que sólo insistirá en una constituyente por la vía institucional ordinaria, es decir, descartando apelar a la movilización social para su convocatoria. Considerando la correlación de fuerzas adversa que tiene en el Congreso, en los hechos es una renuncia a luchar a fondo por esa consigna de campaña y, en el mejor de los casos, apostar a lograr ciertas reformas constitucionales pactadas con la oposición de derecha. También hizo mención a su intención de renegociar los contratos-ley con las empresas mineras, ampliar la cobertura médica y duplicar el presupuesto educativo.

Constituyente para refundar Perú sobre nuevas bases sociales

Si por la víspera se saca el día, todo indica que Castillo va ceder ante las presiones de la burguesía para no implementar reformas estructurales en el modelo neoliberal vigente desde la era de Fujimori. Así, las perspectivas de su gobierno –en caso de culminar su gestión- se limitarán a negociar algunas reformas mínimas que, en el mejor de los casos, funcionarán como un ligero paliativo ante los enormes problemas que afrontan las masas explotadas y oprimidas del país.

Por eso, para salir de la crisis orgánica que atraviesa Perú, es necesario que la clase trabajadora, en unidad con los sectores populares, luchen por la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente libre y soberana, donde se discuta un nuevo modelo de país sobre bases anticapitalistas y socialistas, atendiendo las necesidades de la clase trabajadora (en particular la juventud precarizada), las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Además, es fundamental incluir como un eje la perspectiva ecologista, pues la industria extractivista sobre la que se sustenta la economía del país, contrae enormes problemas de contaminación y destrucción de la naturaleza.

Las jornadas de rebelión popular en noviembre del 2020 demostraron que la juventud peruana está harta de las condiciones de precarización del país, por lo cual viven con salarios miserables y sin los derechos laborales más elementales. Esto, sumado al resto de reivindicaciones de los sectores explotados y oprimidos, configuran un escenario de alta volatilidad social que, además, ya acumuló un triunfo con la derrota del golpe encabezado por Manuel Merino. Sobre esta experiencia es factible que madure un nuevo ciclo de luchas en el país en torno a la exigencia de una constituyente para cambiarlo todo.

 

[1]José Honorio Martínez, “Neoliberalismo y genocidio en el régimen fujimorista”, en file:///C:/Users/PST/Downloads/Dialnet-NeoliberalismoYGenocidioEnElRegimenFujimorista-3066001.pdf(Consultado el 30 de julio de 2021).

[2]Anahí Durand, «Crisis política, transición y salidas constituyentes en Perú», en https://jacobinlat.com/2020/11/17/crisis-politica-transicion-y-salidas-constituyentes-en-peru/(Consultado el 30 de julio de 2021).

[3]Eduardo Giordano, «Pedro Castillo regenera el mapa político peruano», en https://rebelion.org/pedro-castillo-regenera-el-mapa-politico-peruano/(Consultada el 02 de agosto de 2021).

[4] Juan Lust, «La continuidad del modelo extractivista de desarrollo en el Perú», en https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/09/Jan-Lust-La-continuidad-del-modelo-extractivista-de-desarrollo-en-el-Perú.pdf (Consultado el 29 de julio de 2021).

[5]Juan Lust, «El carácter estructural de la precariedad laboral en el Perú», en https://rebelion.org/el-caracter-estructural-de-la-precariedad-laboral-en-el-peru/(Consultada el 30 de julio de 2021).

[6] Para muestra un botón: al momento de ser destituido Vizcarra por las denuncias de corrupción, al menos 68 diputados estaban acusados por recibir sobornos de grandes empresas constructoras como parte del caso “Club de la Construcción”.

[7] Mariana Álvarez Orellana, «Perú en situación crítica: siguen las protestas contra el golpe de Merino», en https://rebelion.org/peru-en-situacion-critica-siguen-las-protestas-contra-el-golpe-de-merino/ (Consultada el 01 de agosto de 2021).

[8]Eduardo Giordano, «Pedro Castillo regenera el mapa político peruano», en https://rebelion.org/pedro-castillo-regenera-el-mapa-politico-peruano/(Consultada el 02 de agosto de 2021).

[9] Alejandro Garay-Huamán, «Los dilemas de la izquierda peruana: entre el socio-liberalismo y el esencialismo de clase», en https://rebelion.org/los-dilemas-de-la-izquierda-peruana-entre-el-socio-liberalismo-y-el-esencialismo-de-clase/ (Consultada el 02 de agosto de 2021).

[10] Un ejemplo de eso es el chavismo que, incluso en los tiempos de su apogeo con Chávez, siempre se mostró reacio a satisfacer las demandas de la clase obrera. Por este motivo, durante sus mandatos tuvo choques con los sectores sindicales que salieron a luchar, como fue la represión en la fábrica SIDOR.

[11] Citado en Giordano, «Pedro Castillo regenera el mapa político peruano».

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1 COMENTARIO

  1. Un buen análisis. Sin embargo, no es acertado presentar a la dictadura militar de 1968-1980 como progresista o avanzada, pues, si bien expropió muchos latifundios, no entregó la tierra a los campesinos, sino la mantuvo bajo el control del Estado a través de enormes «cooperativas»y «sociedades agrícolas de interés social» directamente manejadas por los militares y la burocracia. Asimismo efectuó numerosas represiones como la del 5 de febrero de 1975 en Lima, la del 27 de junio de 1972 en Puno, etc. Por otro lado, organizó un sistema corporativo a través de seudo sindicatos y federaciones de trabajadores como los de profesores (SERP), de obreros (CTRP), de campesinos (FARTAC) y otros.

    Si bien hubo cambios favorables a los trabajadores, ellos fueron desarrollados por la lucha popular contra el gobierno militar, como la destrucción de las citadas «cooperativas» a través de oas tomas de tierras (ver TOMAS DE TIERRAS EN EL PERÚ, de García Sayán) olos paros generales de los obreros y la población.

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