Se trata de una media docena de proyectos presentados por distintos sectores, desde proyectos personales de diputados, otro de la Secretaría de DD.HH. de la Nación y otros propuestos por diversos organismos de DD.HH.

El punto común de los distintos proyectos es penalizar de alguna manera los discursos públicos negacionistas, en particular en relación al genocidio perpetrado por la última dictadura militar. No es casualidad que este debate resurja ahora, cuando la fórmula Javier Milei – Victoria Villarruel (quien hizo «carrera» en el negacionismo y en la defensa de genocidas) pueden convertirse en la cabeza del próximo gobierno del país.

La reacción de la derecha no se hizo esperar, y como en otras ocasiones volvió a poner el grito en el cielo enarbolando su supuesto derecho a defender las peores atrocidades detrás de la excusa de la «libertad de expresión». Los negacionistas y apologistas de la dictadura se escudan en la libertad de expresión para defender la dictadura, pero en nada les preocupó dicho derecho cuando en Argentina el Estado llevaba adelante persecución política, tortura, asesinatos y desapariciones, así como censura a los medios de comunicación, el arte y la cultura. Sólo les interesa la «libertad» cuando se trata de bancar el genocidio.

Por supuesto, penar el negacionismo no sólo no atenta contra la libertad de expresión: es la mejor manera de defenderla. Ya que los discursos negacionistas como los de Milei y Villarruel son discursos abiertamente antidemocráticos, apologistas de la dictadura, en otras palabras: reivindican más o menos disimuladamente (no mucho) la etapa más oscura del país, precisamente donde todas esas «libertades» en las que ahora se excusan estaban violadas por el régimen de facto.

Claro que la derecha tiene problemas para responder esto cuando se sale del caso Argentino y se pone algún otro ejemplo, como por ejemplo el Holocausto. Negar el Holocausto no es una «simple opinión» que cualquiera tendría el «derecho» a expresar. Si uno sigue esa línea, debería admitir también la «libertad de expresión» de los nazis. Pero está claro que no: los nazis tienen que estar presos, y sus apologistas -entre los que se encuentran los negacionistas- también.

De hecho, en países como Alemania, Francia y Austria ya existen este tipo de leyes que penan el negacionismo del Holocausto con cárcel. Según su gravedad, en Alemania y Francia las penas de prisión pueden ser de hasta 5 años, y en Austria hasta 20.

El caso Argentino no es diferente en absoluto. Negar, minimizar o justificar el plan sistemático de represión clandestina llevada a cabo por la última dictadura no tiene más intención que expresar que, en determinadas condiciones, estaría justificado volver a hacerlo, violando el principio democrático elemental que consagró la sociedad argentina detrás de la consigna «Nunca Más». Los negacionistas no admiten abiertamente esto, aunque lo dan a entender cuando justifican la dictadura detrás de supuestas razones como la «lucha contra el terrorismo», o la idea de que fue una «guerra» en la que se cometieron «excesos», todas ideas repetidas por los mismos perpetradores del genocidio, así como por el candidato presidencial Javier Milei.

Respecto a como quedará la redacción final del proyecto que se discute en diputados, aun no está definido, ya que son varios los proyectos en danza. Algunos de ellos -como el presentado por al Secretaría de DD.HH.- presenta graves limitaciones: las penas serían sólo para funcionarios públicos de primer rango o cargos electivos, mientras que para el resto de la función pública sólo prevé tareas de capacitación en DD.HH. Mientras tanto, deja totalmente por fuera a la sociedad civil, lo que incluye por ejemplo a los medios de comunicación o a personas u organizaciones negacionistas que no ostenten cargos públicos.

Otro problema importante está en los proyectos que sólo prevén aumentar las penas para el delito de «apología del delito», una figura demasiado amplia que no suele ser efectiva y que además no contempla la gravedad específica que tiene el discurso negacionista, que no se trata de una apología a una violencia general y abstracta sino nada menos que a la del terrorismo de Estado.