La particularidad del capítulo energético del Presupuesto 2027 es que expresa de manera explícita la voluntad de seguir imponiendo miseria a las mayorías trabajadoras. El proyecto del gobierno de Milei llega al Congreso en medio de cuestionamientos por sus prioridades, sus previsiones económicas y el impacto de sus recortes.

En este debate, la energía ocupa un lugar central. No es un tema ajeno a la vida cotidiana: el precio de la electricidad, el gas y los combustibles pesa sobre los salarios, condiciona los costos de producción y repercute sobre el conjunto de la economía.

En el capítulo energético el Gobierno traduce sus prioridades económicas en decisiones concretas. ¿Cómo distribuye los costos y los beneficios entre usuarios, empresas y Estado? ¿Qué horizonte plantea para las obras y los recursos estratégicos del país?

Menos subsidios: tarifas cada vez más caras

Según el análisis del consultor Nicolás Taiario, el proyecto contempla una caída real superior al 70% en las partidas de subsidios directos a la demanda. La reducción apunta a liberar recursos para el Tesoro y sostener el ancla fiscal del programa económico. El gobierno quiere que los usuarios paguen la totalidad de los gastos de los servicios. Alivian los gastos de las empresas, trasladando el costo energético los bolsillos de los trabajadores.

La asistencia quedaría concentrada en los consumos básicos de los sectores de menores ingresos, a través del ya limitado Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Según el proyecto, durante 2027 el sistema alcanzaría a un total de 8,8 millones de usuarios de electricidad, 5,2 millones de gas por redes y 3 millones de gas envasado. El esquema contempla también a los hogares que utilizan garrafas de GLP de 10 kilos. Por su parte, Taiariol advierte que el Programa Hogar, destinado a quienes no cuentan con conexión a la red de gas, sufriría una caída real de sus recursos.

El proyecto estima que las tarifas cubrirán, en promedio, el 99,75% del costo mayorista de la electricidad. La cifra, sin embargo, reúne situaciones distintas: la cobertura prevista es del 94,62% para los hogares residenciales sin subsidio y del 64,27% para quienes estén incluidos en el SEF. La asistencia se reduce al mínimo y se concentra así en una parte muy reducida de los usuarios, mientras el resto debe afrontar una proporción mayor del costo.

En el gas, el esquema también contempla asistencia para garrafas y compensaciones vinculadas al régimen de Zona Fría. Pero la orientación general es la misma: limitar las transferencias directas y acercar los precios que pagan los usuarios a los costos del sistema.

Este cambio significa una transición desde los subsidios directos hacia precios de mercado ajustados a costos reales e incentivos a la inversión privada. En términos concretos, eso significa que el acceso a la energía queda cada vez más condicionado por la capacidad de pago de los hogares.

Impuestos a los combustibles: más recaudación (en teoría), pero no más rutas

El Presupuesto 2027 estima que la recaudación conjunta del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) crecerá un 59,3% nominal, hasta alcanzar unos $12,2 billones. La variación proyectada supera la inflación del 18% prevista por el Gobierno para 2027.

La suba responde a la regularización de sumas fijas que habían quedado congeladas en ejercicios anteriores. Esta proyección conduce directamente a una estimación del aumento final de los precios en los surtidores, más allá de que también depende de otros componentes. Y también deja en claro una contradicción: el Presupuesto 2027, como dijimos, se alza sobre parámetros irreales de alcanzar, como lo es el 18% de inflación interanual para el año que viene. Si prometen que este va a ser el techo de los aumentos ¿Por qué los combustibles aumentan considerablemente más? ¿Acaso el gobierno no confía en sus propios números?

Además, el destino de esos recursos vuelve a poner en primer plano el problema de la infraestructura vial. El proyecto contempla más de $113.000 millones provenientes de los impuestos a los combustibles para operaciones de colocación y gestión de activos financieros, en lugar de destinarlos directamente a obras de envergadura preseleccionadas. Esto deja al desnudo la distancia entre los recursos recaudados y su aplicación a las obras. Entre el comienzo del gobierno de Milei y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó más de $1,5 billones, pero sólo $394.406 millones fueron aplicados a trabajos viales. La subejecución acumulada alcanzó el 73,8%. Al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos.

La ejecución también da cuenta de esa brecha: el SisVial aplicó a obras el 11,3% de lo recaudado en 2024 y el 39% en 2025. Entre enero y mayo de 2026, la proporción volvió a caer al 18,5%. Así, mientras las rutas requieren mantenimiento y reparación, una parte mayoritaria de los fondos recaudados para el sistema vial no se traduce en obras y son utilizados en la timba financiera del gobierno. El presupuesto y los antecedentes del gobierno dejan en claro la estafa que representa sostener la política de déficit cero de Casa Rosada, incluso a costa de no cumplir con las obligaciones que la ley le impone al Estado para garantizar tareas básicas, como construir y darles mantenimiento a las carreteras.

RIGI: beneficios fiscales sin costo explicitado

La distribución de los recursos públicos también se expresa en los beneficios tributarios. El proyecto de Presupuesto 2027 no incorpora una estimación específica del gasto tributario asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno justificó la omisión señalando que la mayoría de los proyectos adheridos todavía se encuentra en etapas iniciales y que el costo podrá calcularse cuando avancen hacia fases posteriores de ejecución. Existen estimaciones sobre el impacto potencial del régimen. Un cálculo del costo fiscal de los beneficios tributarios del RIGI lo ubica entre US$2.900 millones y US$3.200 millones anuales cuando los proyectos alcancen su etapa de maduración.

El RIGI contempla tratamientos tributarios preferenciales, entre ellos beneficios en Ganancias, derechos de exportación e importación y mecanismos vinculados al IVA. Su costo fiscal se expresa como una posible pérdida de recaudación, no como una transferencia presupuestaria directa. Que el proyecto no lo cuantifique para 2027 no significa que esos beneficios carezcan de impacto sobre los recursos públicos. Y su omisión en el proyecto de presupuesto no es casualidad.

El contraste con el recorte de subsidios es significativo: mientras se reduce la asistencia directa a los usuarios y se busca que las tarifas cubran una proporción mayor de los costos energéticos, se mantienen incentivos para grandes inversiones privadas cuyo costo potencial no está explicitado en el presupuesto.

CAREM-25 y represas: obras estratégicas sin garantías de financiamiento

El proyecto de Presupuesto 2027 no establece plazos específicos ni partidas de aceleración financiera para la construcción del reactor modular CAREM-25. La ausencia de esas previsiones deja sin una definición presupuestaria clara el ritmo de avance y la fecha de puesta en marcha del proyecto. O, mejor dicho, la ausencia de este tema especifico en el papel refleja la intención de Milei respecto del tema y la importancia que le da. El Gobierno busca desprenderse del mismo y regalarselo a una empresa estadounidense.

Todos los insumos del CAREM ya habían sido comprados y 690 millones de dólares ya habían sido invertidos. Milei pretende entregarle los recursos y conocimientos resultantes a un empresario cercano a Trump. Es un saqueo descarado, un despilfarro de años de desarrollo e inversión puestos en el bolsillo de un multimillonario.

Una incertidumbre similar rodea a las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz. En marzo de 2026, el Gobierno anunció que Enarsa había resuelto controversias con los contratistas para destrabar y reactivar las obras. Informó entonces que el Jorge Cepernic tenía un avance del 46%, estimó que podría finalizarse en 2030 y señaló que completar ambas centrales requeriría unos US$5.000 millones. Hoy, el futuro de ambas plantas vuelve a ser incierto.

Milei renuncia a continuar con una de las pocas áreas en las que Argentina había logrado producir conocimiento, formar profesionales y desarrollar tecnología propia a gusto y placer de los capitalistas extranjeros.

Activos estatales: transferencias y privatizaciones

El proyecto también avanza sobre la reorganización de activos públicos. El artículo 65 habilita la transferencia del patrimonio de los fideicomisos de las centrales termoeléctricas Guillermo Brown, en Bahía Blanca, y Vuelta de Obligado, en Santa Fe, a favor de las sociedades generadoras y fideicomisarias correspondientes: Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. y Central Vuelta de Obligado S.A. En conjunto, ambas centrales suman 1.420 MW de potencia.

El mecanismo busca que la liquidación de los fideicomisos no quede alcanzada por el Impuesto a las Ganancias, siguiendo un antecedente utilizado para las centrales San Martín y Belgrano. Estas últimas se encuentran en proceso de venta como parte de la reorganización de activos vinculados a Energía Argentina S.A. (Enarsa).

La transferencia del patrimonio de los fideicomisos es un paso previo a una eventual privatización. Es importante distinguir los procedimientos: el proyecto habilita una transferencia patrimonial de las centrales e Guillermo Brown y Vuelta de Obligado sin que todavía hayan sido vendidas.

En Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la privatización parcial tiene un antecedente normativo anterior al Presupuesto 2027. El Decreto 695/2025 autorizó la venta del 44% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional y un programa de propiedad participada del 5%, mientras el Estado conserva el 51%. El proceso, por lo tanto, no se inicia con el nuevo presupuesto, aunque forma parte de la reorganización de la participación estatal en el sector energético.

La transferencia de patrimonio de determinados fideicomisos, la venta de centrales térmicas y la privatización parcial de NASA modifican las formas de participación estatal, en la cual el Presupuesto 2027 transforma de tal manera al Estado que no se lo pueda distinguir, post remate de todo su aparato de infraestructura y producción energética, de un simple mediador entre privados.

El ajuste también se mide por lo que se deja de hacer

El capítulo energético del Presupuesto 2027 muestra una orientación que va más allá de la reducción de una partida: menos subsidios directos para los usuarios, incentivos fiscales para grandes inversiones, reorganización de activos públicos y escasas certezas sobre el financiamiento de obras estratégicas. A eso se suma el destino financiero de recursos provenientes de los combustibles, mientras las necesidades de infraestructura vial siguen sin resolverse.

El Estado cambia la forma en que interviene. Reduce determinadas herramientas de protección y financiamiento público, pero conserva mecanismos para favorecer a empresas y operaciones financieras. Por eso, la discusión presupuestaria tiene que mirar quién recibe los beneficios, quién afronta los costos y qué proyectos quedan postergados.

Para los hogares trabajadores, el ajuste se expresa en tarifas que absorben una proporción mayor del salario. Para la infraestructura, en recursos recaudados que no se convierten en obras y en proyectos estratégicos entregados. Para los activos estatales, en transferencias y procesos de privatización que modifican su propiedad y gestión. El Presupuesto 2027 profundiza la motosierra sobre los de abajo, garantiza beneficios al capital privado y posterga necesidades de infraestructura. Es miseria para los trabajadores, decadencia económica para el país y beneficios crecientes para los ricos.