Uno de los sectores mas afectado por el ajuste del Presupuesto 2927 (junto con la Discapacidad) es la Universidad. Al atraso salarial de los trabajadores docentes y nodocentes, a la no actualización de las becas estudiantiles, al no cumplimiento de la cautelar que ordena actualizar salarios y de la Ley de Financiamiento Universitario, ahora el gobierno le suma un recorte real en las partidas que pretende asignar para el año 2027.

El Presupuesto 2027 prevé 7,3 billones de pesos para el sostenimiento de las universidades, incluidos salarios docentes y no docentes (que representan cerca del 90% del gasto), funcionamiento, infraestructura, ciencia, becas y hospitales universitarios. En el 2026, el presupuesto original era de 4,7 billones de pesos, pero a esa asignación inicial se le sumó una actualización en el mes de junio. Así, el presupuesto total del 2026 fue de 6,21 billones de pesos. Es decir que el aumento nominal para todos los gastos de las universidades es del 20%, pasando de 6,21 billones a 7,30.

El mismo Poder Ejecutivo pronostica en el Presupuesto un (irreal) 18% de inflación para el 2027. Por lo tanto, la suba presupuestaria para las universidades (descontando la previsión inflacionaria y teniendo en cuenta que en el presente 2026 la inflación va a superar el 35%) sería prácticamente de 0. Y en los hechos es menos: todas las proyecciones de inflación de las leyes de presupuesto han fallado, sin una sola excepción. Y ni hablemos que recién estamos en septiembre y en estos cálculos no está contemplada la inflación hasta fin de este año.

Desde el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), calcularon cuánto aumentará el presupuesto universitario en términos reales en 2027, descontando la inflación estimada. A precios de este 2026, el año entrante, el gobierno solo aumentaría el gasto en las universidades públicas en 0,3% (de $6,21 billones a 6,23).

Y el otro gran indicador que este proyecto de Presupuesto es de un bestial ajuste sobre las universidades, es que el CIN había presentado un pedido de presupuesto de funcionamiento mínimo de 11 billones de pesos. Tiene una diferencia de un 50,68% entre lo que solicitaron los rectores y lo que pretende asignar el gobierno nacional.

En la partida que presentó el Poder Ejecutivo no está contemplado el pago a docentes y no docentes universitarios de la deuda salarial que el Congreso de la Nación reconoció al votar la Ley de Financiamiento Universitario y que a justicia avaló reiteradamente.

Un conflicto de larga data

En las universidades, como éstas son autónomas y los docentes y no docentes son empleados de cada una de ellas, no del Estado Nacional, que no puede despedir ni recortar personal, el ajuste vino mediante el salario (que sí paga el Estado Nacional). Desde el inicio de su gobierno se suspendieron las paritarias y los aumentos salariales otorgados fueron inconsultos, y siempre muy por debajo de la inflación (especialmente en el año 2024).

Esto llevó a que el 23 de abril de 2024 se realizara la primer (y masiva) Marcha Federal Universitaria, que colmó la Plaza de Mayo y todas las principales plazas del interior de nuestro país, en un movimiento que despertó un gran apoyo de sectores enteros de la sociedad. De ahí en adelante, el conflicto recrudeció entre el gobierno y la comunidad universitaria. Veamos como prosiguió desde entonces:

• Septiembre del 2024: el Congreso sancionó la primera Ley de Financiamiento Universitario, con el voto de gran parte de los bloques parlamentarios.
• 2 de octubre: se realizó la segunda (y masiva) Marcha Federal Universitaria. Ese mismo día Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario.
• Octubre de 2024: el Congreso no logró reunir los dos tercios de los votos necesarios para derogar el veto, que quedó firme.
• 17 de septiembre del 2025: nuevamente se salió a las calles con la tercera (y masiva) Marcha Universitaria, con el lema “si hay veto hay marcha”. Ese mismo día, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la LFU consiguiendo dos tercios de los votos.
• 2 de octubre del 2025: la Cámara de Senadores también rechazó el veto de Milei, quedando en pie la Ley 27.795.
• 21 de octubre: el gobierno promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025, pero suspendió su aplicación efectiva con el argumento que en la ley no estaba especificado de donde debían salir las partidas presupuestarias.
• Octubre del 2025: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo colectivo ante la justicia por incumplimiento de la LFU.
• 23 de diciembre: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo del juez Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar presentada por el CIN, sosteniendo que el decreto es inaplicable y ordenó al gobierno cumplir con los artículos 5 (referido a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes según el índice de inflación desde el 1/12/2023, el llamado a paritarias trimestrales y el blanqueo de las sumas en negro) y 6 (relativo a la recomposición y actualización de todas las becas estudiantiles).
• 31 de marzo del 2026: la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar dictada por el juez Cormick, rechazando todos los planteos del gobierno y ordenando su inmediata aplicación.
• 7 de mayo: el gobierno presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema, que fue aceptado por el juez de primera instancia, quedando suspendida provisoriamente la cautelar.
• 12 de mayo: se llevó adelante la cuarta (y masiva) Marcha Federal Universitaria, exigiendo a la Corte Suprema que rechace el recurso del gobierno.
• 10 de junio: se firmó entre el gobierno nacional, el CIN y la mayoría de los gremios (con la oposición de Conadu Histórica) un acta acuerdo, mediante la cual se aumentó el salario básico docente y no docente un 24,33% (21,3% en julio y 3% en octubre), se aumentó un 20% los gastos para funcionamiento de las universidades mas un 50% las becas Manuel Belgrano (no las Progresar) y se acordó entregar $50.000 millones para los hospitales universitarios. Asimismo se firmó que en 3 meses se iba a realizar una nueva paritaria, que en ella el gobierno iba a presentar una oferta para recomponer lo que quedaba pendiente del 2024 (31,2%) y que en una paritaria a continuación se iba discutir el blanqueo de las sumas no remunerativas. Este acuerdo fue firmado a espaldas de los trabajadores docentes y no docentes que no fueron consultados y generó muchos cuestionamientos dado que se firmó por una parte menor de la deuda que está reconocida en la Ley de Financiamiento Universitaria.
• 25 de junio: la Corte Suprema rechazó el Recurso interpuesto por el gobierno, dejando firme el fallo a favor de la cautelar por parte de la Cámara.
• 6 de agosto: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 y remitió el expediente al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, para que continúe con la etapa de ejecución de la resolución.
• 1 de septiembre: se realizó la paritaria del gobierno con los gremios docentes y no docente. Frente a la expectativa de que el gobierno cumpliera con la cautelar que establecía que resta un 31,2% de deuda (tal cual había firmado en el acta acuerdo del 10 de junio), más un aumento que debía igualar el índice de inflación trimestral, la “propuesta” del gobierno fue pagar de un miserable e indignante aumento del 3% y pasar la paritaria para el 17 de septiembre. En la segunda reunión paritaria, la nueva propuesta del gobierno fue la provocación de la oferta del 0% de aumento.
• Ese mismo día, el juez Cormick, quien a instancias de la Cámara debía ejecutar la cautelar (es decir intimar al gobierno a que la cumpla y pague los salarios y becas adeudados), volvió a dilatar dicha ejecución. Para ello le concedió 3 días al gobierno a fin que se expida sobre si está cumpliendo o no con lo que la cautelar impone. El gobierno respondió días después sosteniendo que la cautelar estaba pagada, con el insólito argumento de plantear que entre diciembre del 2023 y agosto del 2025 la inflación fue del 226% y que entre diciembre del 2023 y junio del 2026 los aumentos salariales a docentes y no docentes fue del… 226%. Es decir que toma períodos de tiempo diferentes para lograr que le den el mismo monto de aumento, una verdadera tomada de pelo. Y nada dice en su escrito al juez acerca que las sumas en negro no fueron pasadas al básico o que de las becas apenas se actualizó una, la Manuel Belgrano, restando la que tiene mayor alcance como es la Progresar, cuyos montos permanecen congelados.

El CIN y las conducciones sindicales, funcionales a las políticas del gobierno

Queda claro que el gobierno de Milei vino a destruir conquistas históricas. Y uno de sus grandes enemigos siempre fueron los trabajadores estatales, a quienes no se cansa de tildar de “vagos y ñoquis”. Los trabajadores universitarios no fueron la excepción, la “batalla cultural” libertaria tuvo protagonismo en sus intentos de destruir la Universidad pública, a los docentes y nodocentes. Por eso no extraña que, de todos los sectores de trabajadores, quienes más perdieron de salario en estos años fueron precisamente los universitarios.

Frente a este ataque permanente del gobierno de Milei, la respuesta de las conducciones sindicales, específicamente de las dos grandes federaciones docentes (Conadu y Conadu Histórica) y nodocente (FATUN) fue absolutamente pasiva y desmovilizante. Frente a un gobierno que se negó a sentarse en paritarias, que otorgó aumentos salariales siempre por debajo de la inflación y sin negociar con los gremios, que vetó la Ley de Financiamiento Universitario votada por el Congreso y se negó a aplicarla luego del rechazo parlamentario al veto, que desconoció una y otra vez las resoluciones de la justicia y que ahora desconoce una cautelar que avaló hasta la Corte Suprema, la respuesta de los gremios no pasó de paros circunstanciales y aislados uno de otro. El problema radicó en la falta de independencia politica frente al CIN (los rectores).

Toda su estrategia se subordinó una y otra vez a las necesidades de las autoridades políticas de las universidades y a la confianza en las negociaciones por arriba con diputados y senadores, con los jueces y hasta con los mismos funcionarios del gobierno mileísta.

En las enormes marchas universitarias, los gremios marcharon detrás de los rectores. Tanta es la subordinacion de las conducciones sindicales que en las paritarias entre el gobierno y los gremios está presente el presidente del CIN, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. De por sí no está mal que en determinadas circunstancias politicas se haga unidad de acción con otros sectores, lo que es incorrecto es subordinar toda estrategia de lucha a lo que dicten las autoridades. Patente quedó esto en que el último paro del Frente Sindical Universitario fue decidido en el Plenario del CIN, realizado recientemente en Bariloche, en acuerdo con los rectores.

Producto de esta subordinación política a los rectores (que es muy gráfica especialmente en la UBA con ADUBA -docentes- y APUBA -nodocentes-, que actúan en constante acuerdo con la gestión radical de Yacobotti) es que la respuesta a Milei no pasó de algunos paros aislados sin plan de lucha real, sin involucrar a la mayoría de los trabajadores universitarios y al movimiento estudiantil. No hay por parte de las conducciones de las federaciones consultas a la base ni el impulso de la realización de asambleas de base. Los paros se deciden por arriba, atomizando entre Conadu y Conadu Histórica (fueron muy pocas las ocasiones que los paros fueron en conjunto desde el Frente Sindical Universitario). Hay algunas excepciones de sindicatos de base.

La subordinación de las conducciones a los rectores quedó muy clara en el acta acuerdo de traición firmado el 10 de junio entre el gobierno, el CIN y la mayoría de las federaciones, que no fue sometido a consulta por la base. El Plenario de Secretarios Generales de Conadu y el Consejo Directivo de FATUN avalaron el acuerdo sin mandato alguno de las bases. Solamente la Conadu Histórica se opuso a ese acuerdo (a pesar de que su dirección quería firmarlo).

Por eso no se puede dejar nada en sus manos. La Marcha Universitaria del 15 de octubre es una oportunidad para organizarse desde abajo entre docentes, nodocentes y estudiantes para poner en pie un plan de lucha que enfrente al mileísmo en serio, y terminar de una buena vez por todas con los paros aislados, las marchas cada tanto y en general la complicidad con los rectores y sus negociaciones por arriba con Milei.