Por Johan Madriz

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) denunciamos la condena dictada contra Carlos Andrés Pérez Sánchez, trabajador de Recope, a dos años de cárcel por el delito de daños agravados durante las protestas contra el plan fiscal.

Esta sentencia se debe entender en el contexto político en que se da. Durante más de tres meses miles de empleados públicos se mantuvieron en huelga en oposición al plan de recortes e impuestos impulsado por la administración Alvarado con el beneplácito de toda la burguesía y los organismos financieros internacionales. Ese proyecto que golpea los salarios y los programas sociales polarizó a la sociedad con una mayoría en contra. El apoyo al movimiento de protesta quedó más que patente cuando el 26 de setiembre más de un millón de personas abarrotaron las calles de la capital en la Marcha de los Cuatro Gatos.

La necia negativa del gobierno a eliminar el proyecto y la fuerza mostrada por las bases sindicales obligaron al Ejecutivo a mostrar un carácter agresivo y represivo valiéndose de noticias falsas, acoso laboral, detención de autobuses que transportaban manifestantes, militarización de puertos y planteles de combustible, ataques a manifestaciones con gases lacrimógenos, entre otros. Todas estas medidas en un intento de desprestigiar la huelga y amedrentar a los huelguistas para que depusieran la protesta.

Es en medio de esto que se detiene y condena a Carlos en un tribunal de flagrancia por supuestos daños a la infraestructura de la Refinadora. El gobierno, con la subordinación completa de los tribunales de justicia, decidió que este juicio debía ser ejemplarizante con el cometido de amedrentar a las y los trabajadores que luchan con la intención de eliminar cualquier oposición a los proyectos de ajuste del gobierno en el futuro.

Es así que esta condena es un castigo político. No existen pruebas contundentes, el juez recalificó la acusación a un delito de mayor pena que la  solicitada por la Fiscalía y la condena es desproporcional con los supuestos hechos cometidos. Además se le negó la libertad condicional y se le impuso seis meses de prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme. También se le inhabilitó por 10 años la posibilidad de trabajar en el sector público.

A manera de ejemplo, el año pasado a Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de la Republica, se le inhabilito por seis años por el escándalo Caja-Fischel que tiene que ver con corrupción en un préstamo de $39.5 millones (monto en valor de 1994). Los daños por los que se acusa a este trabajador son estimados en ¢600 mil (es decir $1000).

El hecho ni siquiera fue comprobado, según uno de los jueces: “Carlos está siendo condenado, no porque alguien lo viera, sino porque los indicios van en una única dirección. Es innegable que está siendo detenido a una corta distancia, siendo detenido en la persecución, en flagrancia (el resaltado es nuestro)”[i]. Es decir, se le está condenando porque estaba a 400 metros del lugar del hecho, con la camisa de su institución y con manchas de aceite.

Esta condena es parte de una arremetida contra la organización sindical en el país y de la cual hacen parte, también, los proyectos que se tramitan con vía rápida actualmente en la Asamblea Legislativa que pretenden criminalizar el derecho a la protesta y eliminar la libertad sindical en los hechos.

Denunciamos esta condena y consideramos a Carlos como un preso político. Exigimos su inmediata libertad y el sobreseimiento definitivo en su causa. Asimismo, advertimos que no se puede confiar en el aparato judicial (aún menos en una coyuntura como la actual) por lo que es necesario que se combinen las acciones legales correspondientes con una campaña por su libertad en las calles de todo el movimiento sindical, popular, estudiantil, de mujeres y partidos de izquierda aglutinado en un movimiento más amplio con la consigna de libertad sindical y contra la represión a los que luchan.

[i] https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/trabajador-de-recope-culpable-de-sabotaje-a/QCB6DHOCAREWTKPIDP53KXRZIM/story/