Debido a los altos índices inflacionarios y a la necesidad política de llegar mejor parado a la elección, el gobierno decretó adelantar las actualizaciones que estaban previstas para el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En abril pasado el Consejo del Salario decidió un aumento del 35%, pero escalonado en siete cuotas. La última de ellas debía aplicarse recién en febrero de 2022, pero ahora el gobierno adelantó el esquema y al aumento total se llegará en septiembre.

El Consejo del Salario reúne al Ministerio de Trabajo, cámaras empresariales y centrales sindicales. Además de ser (en teoría) una referencia, el salario mínimo afecta directamente a los trabajadores sin convenio, al salario básico docente, los haberes jubilatorios y planes sociales.

De esta manera, el SMVyM pasará este año de los actuales $21.600 a $29.160, un número muy por debajo de la Canasta Básica, que se calcula en $64.445. Esto significa que el monto está muy por debajo de lo requerido para no caer bajo la línea de pobreza.

Ajuste inflacionario

Funcionarios del gobierno han declarado las últimas semanas que «los salarios le ganarán a la inflación». Pero lo cierto es que los aumentos que convalida el gobierno están muy lejos de cumplir esa meta.

El aumento del 35% para este año quedará corto frente a una inflación que todo indica superará el 40%. Además, la Canasta Básica sufrió en mayo un aumento interanual del 49,6%.

Desde el gobierno aseguran que, llegado el último aumento en septiembre, se procederá a una nueva revisión. Pero el salario real viene en baja hace años, por lo que los trabajadores no necesitan ninguna «revisión» sino un aumento de emergencia hoy mismo. El salario mínimo debería ser igual a la canasta familiar.

Esta política de ajuste vía inflación a los trabajadores no podría llevarse a cabo sin la complicidad de la burocracia sindical, que convalida estos aumentos de miseria priorizando tranzar con el gobierno y las patronales en vez de defender a los trabajadores.