La decisión de Donald Trump de clasificar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas representa una nueva ofensiva del imperialismo estadounidense en la política brasileña. Esta medida busca ampliar los mecanismos de presión política, financiera y diplomática sobre Brasil en medio de la disputa electoral del 2026. Se trata de una respuesta a la crisis del bolsonarismo tras el escándalo del Banco Master para recuperar protagonismo a través de la agenda de la seguridad pública. La respuesta del gobierno de Lula 3 y del lulismo en general permanece restringida al terreno diplomático e institucional. Pero, a pesar de la polarización entre lulismo y bolsonarismo por arriba, importantes luchas sociales se siguen desarrollando por abajo, como la movilización contra la jornada laboral 6×1. Es una señal del surgimiento de un nuevo metabolismo de la lucha de clases y la necesidad de construir inmediatamente instrumentos de unidad y coordinación de las lutas de los trabajadores y sectores oprimidos.
La decisión del gobierno de Donald Trump de clasificar al PCC y al CV –organizaciones criminales– como organizaciones terroristas constituye uno de los hechos políticos más importantes de la coyuntura nacional reciente. Independientemente de su alcance real, se trata de un movimiento con importantes implicaciones políticas que tiene por objetivo proyectar de forma abierta la influencia del imperialismo estadounidense sobre la dinámica de la disputa político-electoral brasileña en las vísperas del inicio del proceso electoral de octubre de 2026.
Esta medida no se da en el vacío político; ocurre en una coyuntura internacional y nacional marcada por crisis múltiples, polarización de varios órdenes e incertidumbres permanentes. En el ámbito nacional vivimos una polarización por arriba entre el gobierno de Lula y el campo ultrarreaccionario dirigido por el bolsonarismo, que ahora está dictada por la contraofensiva bolsonarista tras la condena de los golpistas del 8 de enero. Este proceso no comenzó ahora. El «tarifazo» impuesto anteriormente por Trump ya había representado una injerencia imperialista directa sobre la soberanía nacional brasileña, evidenciando la disposición de Washington de utilizar instrumentos económicos para presionar al país y alterar la dinámica política nacional. La clasificación del PCC y del CV como organizaciones terroristas y el nuevo tarifazo del 25% sobre los productos brasileños constituye un nuevo paso en esa dirección, ampliando los mecanismos por los cuales los Estados Unidos buscan intervenir en la soberanía nacional a favor del bolsonarismo.
La novedad de la coyuntura nacional no es la polarización entre lulismo y bolsonarismo, fenómeno que estructura la política nacional desde hace varios años, sino otros dos elementos: esta polarización pasa a estar atravesada de forma cada vez más directa por la intervención del imperialismo estadounidense, que pasa a influenciar de manera más explícita la propia dinámica de la disputa política nacional, y, también, por importantes luchas de vanguardia de impacto nacional que se siguen desarrollando por abajo de la crisis institucional e intrainstitucional, demostrando que la dinámica política brasileña no puede ser reducida a las disputas entre el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial, ni entre el gobierno de conciliación de clases y la oposición ultrarreaccionaria.
Imperialismo y terrorismo de Estado
La decisión de Trump de clasificar a las organizaciones criminales como terroristas debe ser analizada más allá de sus aspectos jurídicos. El PCC y el CV, como se dijo antes, son organizaciones criminales que utilizan métodos de terror para alcanzar sus objetivos vinculados al lucro, pero no pueden ser encuadrados formalmente como organizaciones terroristas, ya que éstas utilizan sistemáticamente el terror con objetivos políticos.
Al clasificarlas como terroristas, como hace con otras organizaciones internacionales, el aspecto decisivo es que la utilización de esta clasificación por el trumpismo tiene como finalidad crear una amalgama conceptual entre organizaciones terroristas clásicas, organizaciones guerrilleras y narcotráfico para obtener nuevos instrumentos de presión estratégica, política, financiera y diplomática sobre Brasil y otros países. En los últimos años, Washington viene ampliando el uso de la “legislación antiterrorista” como instrumento de proyección de poder sobre América Latina. Veamos ejemplos: el Tren de Aragua, originario de Venezuela y actualmente presente en diversos países de América del Sur; la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18, con actuación en El Salvador, Honduras y Guatemala; el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), principal organización narcotraficante de Colombia; además de carteles mexicanos como el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Golfo, el Cartel del Nordeste y la Nueva Familia Michoacana.
Estas son organizaciones que se constituyeron como una nueva lumpen-burguesía transnacional que tiene como finalidad la obtención de lucro a través de actividades criminales que nada tienen que ver con la resistencia política contra cualquier forma de opresión o explotación. Por esa razón, no las defendemos bajo ninguna circunstancia, pero de todas formas nos oponemos a que sean usadas como justificativos para la intervención imperialista sobre nuestros países.
Ahora, esta política trumpista alcanza directamente a Brasil, lo que puede ampliar los mecanismos de monitoreo financiero, sanciones económicas, cooperación represiva internacional y formas de injerencia sobre los asuntos internos del país. La importancia de este proceso no debe ser subestimada. Por ahora no parece muy razonable esperar algún tipo de intervención militar directa de los Estados Unidos sobre Brasil, ya que no se trata de un país devastado como Venezuela cuando fue invadida el 3 de enero del corriente año. Lo fundamental es que, con esta medida, el trumpismo —como con el tarifazo del 50% a todos los productos brasileños en forma de represalia contra la sentencia de prisión a Bolsonaro y los golpistas del día 8 de enero— ataca nuevamente la soberanía nacional y los derechos democráticos de las masas. Puesto que, dado que temas como la seguridad pública y el combate al crimen organizado tienden a ocupar un espacio creciente en la disputa electoral de este año, esto ya es una interferencia directa en la agenda político-electoral de octubre de este año en favor del bolsonarismo.
Aunque la figura de Trump ocupe el centro de los acontecimientos recientes, sería un error interpretar el episodio apenas como resultado de sus posiciones personales. La utilización de la agenda de la seguridad pública como instrumento de influencia regional corresponde a una tendencia más amplia de la política exterior estadounidense. El combate al narcotráfico y al crimen organizado viene siendo utilizado desde hace décadas para justificar mecanismos de monitoreo, cooperación militar y presión política sobre países latinoamericanos. Lo que cambia ahora es que esta estrategia pasa a ser más sistemática y golpea de lleno a Brasil y a América Latina, apuntando a una ofensiva neocolonial sobre la región, esto en un momento de creciente polarización internacional, de imperialismo territorial y crisis geopolítica.
La decisión de Trump plantea una cuestión que debe ser discutida: después de todo, ¿qué es el terrorismo? La clasificación de terrorismo por parte del imperialismo y de la burguesía suele ser usada ampliamente para denominar a grupos armados no estatales que resisten a sus ocupaciones o ataques. Nunca usan esa denominación para la violencia de los Estados burgueses contra grupos explotados y oprimidos para instalar, ampliar o preservar su dominación. La experiencia latinoamericana ofrece ejemplos. Durante la Guerra Fría, dictaduras militares apoyadas o toleradas por Washington recurrieron al terrorismo de Estado para desarticular organizaciones obreras, estudiantiles y populares. Cárceles clandestinas, asesinatos políticos y desapariciones se convirtieron en instrumentos de gobierno. En el caso brasileño, la dictadura instaurada en 1964 utilizó estos métodos contra opositores políticos, sindicalistas y movimientos sociales.
El mismo patrón puede observarse en la actuación internacional del imperialismo. Intervenciones militares, golpes de Estado, bloqueos económicos y operaciones clandestinas fueron frecuentemente justificados en nombre de la defensa de la democracia, de la seguridad internacional o del combate a amenazas externas. Sin embargo, sus efectos involucraron la imposición del miedo y de la sumisión política sobre pueblos enteros. Como observaba León Trotsky en «Por qué los marxistas se oponen al terrorismo individual«, los enemigos de clase suelen calificar de terroristas a todas las acciones del proletariado, incluyendo huelgas, piquetes o boicots. Si por terrorismo se entiende cualquier cosa que perjudique al enemigo, la lucha de clases se califica así. La cuestión central no es la existencia de la violencia, sino qué clase la ejerce y a qué intereses sirve. Diferente es el caso de organizaciones criminales como el PCC y el CV, que no tienen relación con el terrorismo practicado por grupos políticos. El problema de los atentados realizados por grupos pequeños es que pueden alcanzar a individuos pero dejan intactas las estructuras que reproducen la dominación de clase.
La alternativa al terror ejercido por el Estado no reside en acciones aisladas de minorías ni en el apoyo a diferentes campos de la burguesía, sino en la movilización de las masas trabajadoras para liberarse del yugo burgués. En ese sentido, el texto manifiesta apoyo al pueblo palestino en su lucha contra el colonialismo, a pesar de las diferencias con el programa y los métodos de Hamás; por otro lado, aclara que no se defiende bajo ningún aspecto a las organizaciones criminales.
En fin, equiparar organizaciones criminales a organizaciones guerrilleras está al servicio exclusivo de la ideología y de la política imperialista. Por esa razón, la relevancia de la decisión estadounidense no reside apenas en la clasificación jurídica del PCC y del CV como “terroristas”. El aspecto decisivo es que al encuadrar a estas organizaciones bajo la nomenclatura de “terrorismo”, Washington se autoatribuye derechos de intervención financiera, política, diplomática y militar sobre otros países, transformando una categoría política en un peligroso instrumento de proyección de poder geopolítico en un mundo en crisis, polarizado y en desorden.
Lula, la conciliación y los límites de la defensa de la soberanía
La decisión de Trump, en el caso brasileño, debe ser comprendida a la luz del momento político vivido por el bolsonarismo. El escándalo del Banco Master se convirtió en uno de los principales factores de crisis institucional e intrainstitucional en la coyuntura reciente que afectó de lleno al STF y, por consecuencia, al gobierno de Lula. A medida que salieron a la luz elementos que vinculaban a Daniel Vorcaro al entorno bolsonarista, especialmente a Flávio Bolsonaro con el audio que captaba a Flávio Bolsonaro cobrando la bagatela de R$ 60 millones al “hermano Vorcaro”, a la revelación de que el Fondo de Pensión de los Jubilados de RJ transfirió aproximadamente R$ 4 mil millones al Master y que el Banco de Brasilia transfirió R$ 6,5 mil millones a la misma institución, todo bajo órdenes de gobernadores bolsonaristas, el caso gira la ametralladora política hacia la extrema derecha.
Las encuestas divulgadas después del escándalo indicaron una recuperación de la posición electoral de Lula y una caída de Flávio Bolsonaro. Al mismo tiempo, candidatos como Caiado y Zema se mostraron incapaces de ocupar el espacio abierto por la crisis del bolsonarismo. Fue en ese escenario de desgaste que sectores de la extrema derecha pasaron a buscar formas de recuperar la iniciativa política. El viaje de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos y su aproximación a Trump deben ser comprendidos como parte de ese movimiento. Pocos días después del encuentro, vino el anuncio de la clasificación del PCC y del CV como organizaciones terroristas.
Más que una simple maniobra distraccionista, la medida ya venía siendo discutida en el interior del gobierno de Trump y permitió al bolsonarismo desplazar parcialmente el foco del debate público del escándalo financiero hacia la seguridad pública, la represión y el endurecimiento penal. Maniobra que sirve también para ofuscar la única victoria política del gobierno en la Cámara de Diputados que aprobó la enmienda constitucional que reduce la jornada de trabajo de 44h a 40h semanales – una victoria parcial pero de dimensiones históricas como resultado de la movilización de vanguardia por abajo y de la presión de la opinión pública. Además de eso, al reforzar la asociación entre crimen organizado, inseguridad pública y supuesta fragilidad de las políticas gubernamentales de Lula 3, el bolsonarismo procura reconstruir un discurso capaz de aglutinar a su base social. Se trata de una operación política destinada a recuperar terreno en un momento en que el bolsonarismo enfrenta dificultades para presentar una alternativa económica o social capaz de dialogar con los problemas concretos vividos por la mayoría de la población.
La reacción del gobierno de Lula 3 al episodio de la clasificación del PCC y del CV como “terroristas” reveló una vez más la vulnerabilidad de la estrategia adoptada por la conciliación de clases lulista ante la contraofensiva de la extrema derecha asociada a las presiones del imperialismo trumpista. La respuesta del gobierno permaneció estrictamente confinada a la defensa diplomática, por fuera de la lucha política real, de la soberanía nacional. Entre las principales declaraciones, Lula afirmó que el PCC y el CV “son terroristas para las comunidades brasileñas y para la sociedad brasileña”, pero agregó que “no son los terroristas que Trump quiere”. El gran problema de esa orientación política, como señalamos arriba, es que Lula defiende la soberanía estrictamente en el campo de las instituciones burguesas, no de la lucha de clases. No identifica que el terrorismo de Estado, en realidad, es un instrumento de dominación y colonización privilegiado del imperialismo que fue potencializado por el trumpismo.
Esta limitación deriva de la propia naturaleza del proyecto político estratégico del lulismo. Desde su retorno al gobierno en 2023, Lula buscó reconstruir un amplio frente de conciliación burguesa y de las instituciones del régimen, que fue acompañado por el conjunto de la izquierda del orden (PT, PSOL y PCdoB). Esta estrategia permitió derrotar electoralmente a Bolsonaro y estabilizar parcialmente el régimen político tras la crisis abierta por el bolsonarismo, pero como esa victoria se dio apenas en el marco electoral y por un pequeño margen del 1,8% de los votos, no confirió una victoria electoral que haya planteado una nueva situación y hegemonía política.
Al contener la movilización –como es parte fundamental e innegociable de la estrategia lulista– de los trabajadores y de los sectores oprimidos para defender la soberanía nacional, el gobierno mantiene la disputa en el terreno privilegiado del imperialismo, del ultrarreaccionarismo y de la clase dominante: las instituciones burguesas, la diplomacia y los acuerdos por arriba. El resultado es una postura defensiva que busca administrar los conflictos políticos, económicos y sociales que no puede alterar las relaciones de fuerza que les dan origen, principalmente en un escenario distinto al del gobierno de Lula 2 (2007-2011) en el que había un robusto crecimiento económico internacional y valorización de las commodities y la extrema derecha no era una fuerza de masas en Brasil. Así, en un nuevo escenario internacional marcado por crisis, polarización e incertidumbres, como señalamos arriba, y con el ascenso de la extrema derecha a un movimiento de masas, el lulismo, al no tener un programa de transformación real de la realidad y al no apoyarse en la estrategia de la movilización directa de las masas, además de no poder superar la polarización calcificada que marca la situación nacional, abre flancos para la vuelta de la extrema derecha al poder.
Esta contradicción se vuelve aún más evidente porque la defensa de la soberanía nacional no puede ser separada de las condiciones concretas de la economía y de la política. La dependencia económica, la vulnerabilidad ante las presiones externas, la precarización del trabajo y la sumisión a los intereses del capital financiero internacional forman parte de la polarización estructural. Sin embargo, el gobierno de Lula 3 seguirá enfrentando la cuestión en los estrechos límites de la institucionalidad burguesa, de la dependencia económica y de la frágil soberanía política de un país dependiente como Brasil para huir de cualquier enfrentamiento más profundo con la burguesía y con el imperialismo. Así, la defensa de la soberanía nacional lulista es limitada porque permanece subordinada a la preservación de los acuerdos que garantizan la gobernabilidad burguesa.
Polarización y el surgimiento de un nuevo metabolismo político
Mientras tanto, la polarización por arriba entre el lulismo y el ultrarreaccionarismo descrita arriba no debe ser confundida con la ausencia de resistencia por abajo. Bajo la superficie de la disputa entre el gobierno y la extrema derecha continúan desarrollándose importantes procesos de resistencia político-social.
Como ejemplos de esto, y también del potencial anticapitalista de estas luchas, desde finales del año hasta acá tuvimos importantes huelgas de categorías nacionales (petroleros, trabajadores de Correos y funcionarios de las universidades federales) por reajuste salarial y contra la privatización de los servicios; la movilización de los indígenas del Bajo Tapajós contra el dragado, la privatización de los ríos y la devastación ambiental, la lucha de los repartidores de Apps por mejores tarifas, derechos laborales y contra la precarización general del trabajo y, ahora, la lucha de las universidades estatales de São Paulo por la permanencia, inclusión y defensa de la universidad pública.
Como conquista parcial, pero de profundo y amplio impacto nacional sobre la vida de los trabajadores, tuvimos la semana pasada la victoriosa lucha contra la jornada laboral 6×1. De la misma forma que las movilizaciones que citamos previamente, a diferencia de los debates que permanecen confinados a los círculos institucionales del economicismo o del politicismo, ambas expresiones de la burocratización, del sectarismo y de la despolitización, esta reivindicación surgió de la experiencia concreta de millones de trabajadores sometidos a jornadas exhaustivas y condiciones cada vez más precarias de trabajo.
A pesar de que los dirigentes del Movimento VAT (Vida Além do Trabalho) –surgido en 2023 desde la base contra la jornada laboral 6×1–, que tuvo como su principal protagonista al influenciador y empleado de farmacia Rick Azevedo, terminaron por burocratizar el movimiento, no permitiendo una amplia construcción y ampliación de las luchas hacia sectores más amplios, la presión por abajo contra esa jornada de trabajo creció y se mantuvo de forma orgánica, lo que obligó al sistema político a posicionarse ante ella.
De cualquier manera, la lucha contra la jornada laboral 6×1 es un ejemplo más de un nuevo metabolismo de la politización de la lucha de clases en Brasil que comprueba que nuevos sectores de nuestra clase, a semejanza de lo que fue la antigua clase obrera, a partir de sus luchas se están convirtiendo en el centro aglutinador de capas más amplas de la clase trabajadora y de los oprimidos, pues, incluso en luchas de vanguardia, están logrando impactar la vida nacional, obteniendo victorias y/o haciendo retroceder a gobiernos, a la extrema derecha y a la burguesía.
Una de las características más marcadas de la actual coyuntura es que la conciliación de clases ha fracasado en el ofrecimiento de respuestas a los principales problemas enfrentados por la población. A pesar de la intensidad de los conflictos entre el gobierno y la extrema derecha, cuestiones como la precarización del trabajo, el costo de vida, la crisis habitacional, la violencia, la degradación ambiental y la concentración del ingreso siguen sin solución estructural.
En todos los casos de luchas señalados arriba, se trata de conflictos que no nacieron de las disputas electorales o de los acuerdos institucionales, sino de las contradicciones concretas producidas por la explotación del trabajo, por la expansión depredadora del neoextractivismo, del ultraliberalismo y del regresismo de la extrema derecha. De esta forma, este nuevo metabolismo demuestra que las reivindicaciones vinculadas a las condiciones concretas de vida rompen los límites sectoriales, se politizan, aglutinan sectores y, por eso, pueden ir más allá de la polarización por arriba entre lulismo y bolsonarismo y, de hecho, hacer que la correlación de fuerzas se altere si encuentran puntos de apoyo en el interior de la izquierda, de los movimientos y organizaciones.
Estas experiencias revelan que existe una vida política propia de los trabajadores y sectores oprimidos que continúa operando independientemente de los ritmos de la disputa por arriba. Aunque inicialmente fragmentadas, expresan tendencias reales de resistencia y organización que escapan a los límites de la polarización administrada por arriba por el lulismo. Por esa razón, la disputa entre lulismo y bolsonarismo, aunque continúe organizando gran parte de la vida política nacional, encuentra en el nuevo metabolismo de la lucha de clases por abajo una nueva mediación o contratendencia. La polarización por arriba permanece como eje central de la política institucional, pero encuentra dificultades crecientes para dar respuestas resolutivas a las crecentes tensiones políticas, económicas y sociales. Este es un nuevo fenómeno que la izquierda independiente no puede dejar de observar, actuar y apoyarse.
Apostar a la unificación de las luchas en curso
Estamos en una nueva situación de la coyuntura nacional. Esta combina una victoria parcial importante de la clase trabajadora con la aprobación del fin de la jornada laboral 6×1 y la reducción de la jornada de trabajo en la Cámara de Diputados –la PEC (Proyecto de Enmienda Constitucional) todavía tiene que ser votada en el Senado y puede encontrar importantes resistencias del ultrarreaccionarismo–, el desgaste de Flávio Bolsonaro por su involucramiento hasta el cuello en el escándalo del Master y la contraofensiva de la extrema derecha a partir de la nueva interferencia imperialista de Trump en la agenda política nacional.
Es preciso extraer las lecciones fundamentales no solo del fracaso de la conciliación de clases promovida por el lulismo, sino también de los límites de la postura sectaria y economicista adoptada por sectores de la izquierda revolucionaria que han sido incapaces de ver el brotar de un nuevo metabolismo de la lucha de clases en Brasil. Ante la creciente injerencia imperialista, el gobierno de Lula sigue apostando prioritariamente por los mecanismos de la institucionalidad, la negociación diplomática y los acuerdos necesarios para la gobernabilidad burguesa. El resultado tiende a ser una disputa conducida esencialmente por arriba, en los marcos del Congreso, del Poder Judicial y de las elecciones. En el mejor de los casos, esto reproduce la misma correlación de fuerzas existente hoy, culminando en otra victoria política de Lula sobre Flávio Bolsonaro, sin alterar de forma significativa la situación política o la relación de fuerzas entre las clases.
Como ya afirmamos, los acontecimientos más significativos del período demuestran que existe otra dinámica en curso. La lucha contra la jornada laboral 6×1, las movilizaciones de los repartidores por aplicación, las resistencias indígenas y diversos conflictos sociales muestran que los trabajadores y sectores oprimidos continúan produciendo sus propias formas de intervención política que pueden cambiar la realidad y, si se generalizan, la polarización por arriba y la correlación de fuerzas sociales. Sin embargo, parte significativa de la izquierda independiente ha sido totalmente incapaz de sacar a fondo conclusiones de este nuevo metabolismo político.
Si es verdad que el lulismo responde a la crisis por medio de la conciliación institucional y de la administración de los conflictos dentro de los marcos del régimen, también es verdad que sectores importantes de la izquierda socialista se han mostrado incapaces de presentar una alternativa política a la altura de la situación. La resistencia de los nuevos actores de la lucha de clases demuestra que existe una energía real de lucha por debajo de la superficie institucional. No obstante, estas experiencias siguen apareciendo en el tejido político nacional de forma dispersa, sin encontrar mecanismos permanentes de coordinación, centralización y acción común en la medida en que la izquierda independiente ha sido incapaz de apuntar hacia espacios de unificación de la lucha por abajo.
Esta limitación aparece de forma particularmente evidente en la actuación de la izquierda independiente y, en especial, del PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado) y del MRT (Movimiento Revolucionario de los Trabajadores). Aunque mantiene una posición de independencia política en relación al gobierno de Lula y a la extrema derecha, su intervención permanece en el estrecho campo del economicismo. Frente a una coyuntura marcada por la crisis del régimen político, por la polarización entre lulismo y bolsonarismo y por la creciente injerencia imperialista, pero también de vivas luchas por abajo que impactan la realidad del país, estas organizaciones no son capaces de apuntar absolutamente ninguna propuesta de construcción de instancias nacionales capaces de unificar los diferentes procesos de movilización en curso.
En la Reunión de la Dirección de la CSP-Conlutas de São Paulo, con el aval de las organizaciones que señalamos arriba, fue aprobado un documento que afirmaba que “es preciso fortalecer la unidad entre las categorías, las jornadas unificadas de lucha y la unificación para derrotar la política de los gobiernos”, pero a pesar de usar varias veces el concepto de “unidad” no fue capaz siquiera de proponer activamente ningún foro de organización para la lucha contra la interferencia imperialista, para dar continuidad a la lucha contra la jornada laboral 6×1 en el Senado y para apoyar a las universidades estatales que enfrentan directamente a Tarcísio de Freitas. Es decir, una importante plenaria estatal de luchadores sale sin ninguna resolución concreta para la unificación efectiva de las luchas en curso, para unificar las fuerzas políticas de la izquierda en las elecciones, para enfrentar al imperialismo, a la extrema derecha y a los ataques de los gobiernos.
La tarea planteada por la nueva coyuntura política no se resume a resistir los ataques de la extrema derecha, denunciar la intervención imperialista o señalar los límites de la conciliación de clases promovida por el lulismo. Es igualmente fundamental construir instrumentos de unidad y coordinación capaces de transformar las luchas hoy existentes –protagonizadas por nuevos y antiguos sectores de vanguardia– en una fuerza social y política apta para disputar los rumbos del país. Además de los instrumentos de unificación de los luchadores, como plenarias ad hoc y otras iniciativas necesarias para dialogar con sectores más amplios de la sociedad, el período de precampaña electoral plantea una tarea adicional: la construcción de una candidatura unificada de la izquierda socialista por medio de un frente político. La lucha contra la extrema derecha se libra prioritariamente en las calles, pero debe contar también con una representación política que contribuya a impulsar una perspectiva independiente y de conjunto para los trabajadores y los sectores populares.
En ese sentido, es un tremendo error también que el PSTU, única organización de la izquierda independiente en Brasil que dispone de legalidad electoral, no tenga la táctica de construir un frente político-electoral que cumpla el papel de presentar una candidatura unificada para actuar en las luchas y en las elecciones con el objetivo de unificar a los sectores movilizados, derrotar en las calles y en las urnas al imperialismo y a la extrema derecha y, además, los ataques del gobierno de Lula 3. Sin esta mediación política independiente, orientada hacia la movilización permanente y autodeterminada, la crisis continuará siendo disputada por los de arriba. Es necesaria la construcción inmediata de frentes de lucha de los sectores movilizados y un frente político de la izquierda socialista para contribuir a que emerja una alternativa anticapitalista de los trabajadores y oprimidos que supere los callejones sin salida estructurales de la coyuntura brasileña.
