Alegato de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro

«Podrido y perverso» es todo el Estado capitalista

Un nuevo episodio de la "guerra judicial" que polariza el debate público entre los de arriba dejando afuera las necesidades de los trabajadores.



Cristina Kirchner convirtió su alegato frente a la Cámara de Casación por el caso de dólar futuro en una tribuna política para lanzar un mensaje a su base militante y simpatizante: «¡a la carga!».

La acusada se trocó en acusadora. Apuntando con el dedo, vociferando emocionalmente, arremetió contra el poder judicial, al que caracterizó como «podrido y perverso». La situación no fue más cinematográfica debido a que entre el dedito acusador y los magistrados mediaban cámaras y pantallas. La virtualidad le baja el precio a la teatralidad.

La pelea entre el oficialismo y la oposición por el control de la justicia tuvo así un nuevo episodio. El primer «contraataque» del peronismo fue el discurso con el que Alberto Fernández inauguró las sesiones del Congreso el lunes pasado. Allí, el presidente amenazó con investigar al gobierno de Macri por la toma de deuda para financiar la bicicleta financiera, además de sugerir algún tipo de control sobre el poder judicial por parte del congreso o algún organismo bicameral.

«No hay posibilidad de una vida democrática sana con el ejercicio de un poder que constituye una aristocracia» espetó la ex-presidenta. Y la declaración se apoya en un elemento real. Los jueces constituyen un poder aristocrático sin ningún tipo de control democrático de la población. Gozan de sus cargos de por vida, y se ubican por encima de otros organismos que deben someterse al voto popular. Bajo la supuesta «independencia del poder judicial», se constituye una casta que no es fiscalizada por ningún instrumento democrático, que está por encima de todos y «controla» a la sociedad, así como las decisiones del poder ejecutivo y legislativo.

Pero así como el propio poder del Estado, los jueces actúan en función de los intereses de los capitalistas, son un punto de apoyo para su dominación. ¿O alguien puede dudar que mientras los pobres pueblan las cárceles; empresarios, funcionarios y capitalistas (más allá de uno o dos casos puntuales) gozan de gran impunidad para enriquecerse explotando y empobreciendo a los trabajadores muchas veces evadiendo la propia legislación? ¿Alguien puede dudar de que los ricos tienen miles de herramientas para evadir impunemente las leyes, amen de la posibilidad de contratar abogados y comprar jueces y fiscales? ¿y no es claro que la ley misma está hecha en función de los intereses de los capitalistas y poderosos, y sólo mediante la lucha desde abajo se logran reformas progresivas? para ejemplo, tenemos la reciente legalización del aborto, o las leyes y derechos laborales. Las denuncia de Cristina y el oficialismo se limitan a un tipo específico de ofensiva política, mediante la cual un sector de la burguesía utiliza el poder judicial contra otro sector de la política capitalista.

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En el denominado como «lawfare» (guerra judicial), la justicia se convierte en una herramienta de presión permanente sobre ciertos funcionarios y gobiernos. Con el apoyo del aparato mediático y de sectores empresarios, generan causas judiciales muchas veces inventadas (pero también basadas en hechos de corrupción real) para torcer la situación política a favor de sus intereses. Con estas operaciones, buscan debilitar política y electoralmente, o directamente reemplazar a los partidos llamados «progresistas» por un personal político que responda directamente al gran capital. Así, defienden administraciones del Estado que no tengan ningún tipo de presión por parte de los sectores populares (presión a la que son más permeables las administraciones llamadas «progresistas» por sus vínculos con los sindicatos, movimientos sociales, etc).

Este fenómeno no es exclusivo de la Argentina, sino que ha tenido otros capítulos en Latinoamérica, por ejemplo, el encarcelamiento de Lula en Brasil.

Pero que el peronismo tenga mayor control sobre los jueces, o que en las cortes se incorpore algún que otro juez afín al peronismo no garantiza ningún tipo de avance democrático real, ni cambia el carácter capitalista y aristocrático de la justicia. Bajo la dirección del oficialismo, la campaña por la democratización de la justicia es puro humo, se convierte en una puja entre los de arriba por el control de uno de los poderes del Estado que no afecta el contenido de fondo del poder judicial. No puede haber democratización real de la justicia sin una reforma que establezca la elección de los funcionarios por el voto popular y permita que los mismos sean revocados por el mismo método. Una reforma radical de estas características sólo puede venir desde abajo, producto de la movilización y acción independiente de la clase trabajadora. Dicha reforma está muy lejos de las timoratas «medidas de control» que insinúa el fernandismo.

Por otra parte, Cristina aprovechó para agitar las aguas en un proceso judicial del que muy probablemente resulte absuelta, lo que podría fortalecer su ofensiva política. La causa del dólar futuro no tiene sustento real como imputación delictiva.

Las operaciones económicas llevadas adelante por el gobierno no constituyen verdaderamente un delito ni una estafa en los términos de la justicia burguesa. Fueron una suerte de apuesta económica -en gran medida perdida ulteriormente- a que no hubiera devaluación a finales del 2015. La presión que impulsó estas medidas fue la necesidad de frenar la sangría de dólares del Banco Central, la cual se terminó agravando porque el dólar costó más de lo previsto por el gobierno. Si bien la pérdida de reservas con los recortes de presupuesto que supone, así como la devaluación de la moneda, son factores de encarecimiento del nivel de vida de la clase trabajadora, no hay delito en los términos de la justicia burguesa imperante.

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“Ellos llegaron al gobierno, devaluaron, usufructuaron los contratos de dólar futuro y somos nosotros, los que desendeudamos el país, los que estamos sentados acá. No me hagan creer que acá hay justicia” dijo Cristina. Y la frase tiene algo de cierto, pero también expresa un victimismo hipócrita. Está hartamente probado que los funcionarios del Estado, bajo su gobierno, hicieron negocios al amparo del poder. Lázaro Báez y compañía se enriquecieron con licitaciones fraudulentas y sobrefacturadas para la obra pública.

Pero también es verdad que los capitalistas a los que representa la oposición de derecha (y jamás investiga el poder judicial) se beneficiaron tanto del dólar futuro como de las estafas de la obra pública. La corrupción tiene siempre dos lados del mostrador. Es un mal endémico del Estado capitalista en una sociedad que se basa en los privilegios de clase, y constituye uno de los mecanismos con los cuales la burguesía se asegura el favor de los funcionarios hacia sus intereses. La oposición de derecha no es menos corrupta que el peronismo.

La condena a Lázaro Báez, en el marco de la catarata de denuncias por el vacunatorio-vip de Ginés y compañía, generó una escalada en la tensión en la polarización entre el peronismo y Juntos por el Cambio, obligando al oficialismo a pasar a la ofensiva política, aunque por ahora, más allá de las amenazas, el gobierno no ha tomado ninguna medida concreta para disputar controlar el poder judicial.

Esta guerra por la influencia sobre la justicia viene ocupando todos los espacios del debate público dejando afuera los temas que afectan la cotidianeidad de la vida de miles de trabajadores y trabajadoras. Generando una polarización asfixiante que no deja espacio en la agenda pública para problematizar el aumento de los precios, la pérdida de poder adquisitivo del salario, la precarización laboral, los despidos, o la lentitud del plan de vacunación nacional, que amenaza con dejar abierta la posibilidad a futuros rebrotes, como ha ocurrido en países vecinos (ver el caso de Brasil).

Para salir del tironeo entre fuerzas patronales la clase trabajadora tiene que poder abrirse paso mediante una expresión política que defienda exclusivamente sus intereses, que pelee por la instalación de sus necesidades en la agenda pública. Desde la izquierda y de manera completamente independiente de todo sector político capitalista, se pelea por abrir esta perspectiva.

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“(…) Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de este o del otro modo, al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quien él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación: tal era la verdadera misión de su vida. La lucha era su elemento” Engels, “Discurso ante la tumba de Marx”, cementerio de Highgate, Londres, 17/03/1883   ...

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