Traducido del portugués al español por Víctor Artavia
La aprobación del Proyecto de Ley (PL) de la Dosimetría en la Cámara de Diputados no es un episodio aislado, sino parte de un proceso más amplio y peligroso de reorganización —o contraofensiva— de la extrema derecha dentro de las instituciones del Estado. Incluso con la prisión de Jair Bolsonaro y de militares de alta graduación —un hecho inédito y progresivo—, no estamos ante el fin del golpismo, sino de su reorganización institucional, respaldada por fracciones estratégicas del capital, sostenida por el Centrão y por la cobardía activa del lulismo y de la izquierda reformista e institucional, y aún legitimada por una parte significativa de la sociedad brasileña fiel al bolsonarismo.
La propuesta de Paulinho da Força (Solidariedade-SP), articulada en sintonía con Hugo Motta (Republicanos-PB), representa un gesto consciente de perdón político (e, inevitablemente, de estímulo) al golpismo, que reduce las penas de los involucrados en los ataques del 8 de enero, vacía los crímenes contra las libertades democráticas y abre camino para una amnistía suave a figuras como Bolsonaro y la alta cúpula militar involucrada en la conspiración.
Esta maniobra legislativa, al manipular la legalidad para proteger a los sectores que atentaron contra los derechos democráticos, no solo normaliza el golpismo—sino que lo incentiva. Se trata de un esfuerzo deliberado por reacomodar a la extrema derecha dentro del régimen, preservando su funcionalidad política y electoral. Al mismo tiempo, prepara la transición de liderazgo hacia nombres como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), ahora respaldado por fracciones decisivas del mercado financiero, como Faria Lima (nombre de la avenida donde está el centro financiero de São Paulo), y por la burguesía industrial, interesadas en mantener el programa ultraliberal con un nuevo ropaje institucional, pero igualmente peligroso que el anterior. Un escenario momentáneamente amenazado por la precandidatura aventurera de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a la presidencia para salvaguardar el botín político y social de su familia.
Al mismo tiempo, el Senado aprobó la PEC del Marco Temporal, un ataque brutal a los derechos de los pueblos indígenas, que institucionaliza el despojo y legaliza la ocupación violenta de las tierras originarias. Se trata de una enmienda flagrantemente inconstitucional, que escancara el pacto de poder entre ruralistas, mineros, militares y el agronegocio —sectores que forman el núcleo duro del proyecto autoritario hoy dominante en el Congreso Nacional.
El agronegocio, por sí solo, constituye la mayor bancada del Parlamento, con 358 congresistas, seguido por la llamada bancada de seguridad pública (266 parlamentarios) y por la bancada evangélica (222): un trípode conservador que sostiene la agenda reaccionaria y de cerco a las libertades democráticas.
Es importante destacar que el gobierno Lula también contribuye a esta ofensiva, al mantener y profundizar políticas estructurantes para el capital neoextractivista. Es responsable de los dos mayores Planos Safra (presupuesto destinado al agronegocio) de la historia, inyectando recursos billonarios en el sector que lidera la destrucción ambiental, el avance sangriento sobre territorios indígenas y quilombolas (nombre de las comunidades fundadas por las personas esclavizadas que huían) y el apoyo político a la extrema derecha. Esta complicidad material con los sectores golpistas revela los límites estructurales de la conciliación de clases en un contexto de contraofensiva de la extrema derecha.
En el propio Parlamento, la escalada autoritaria se expresó de forma explícita en la represión al diputado Glauber Braga (PSOL-RJ), violentamente removido de la Mesa Directiva por la Policía Legislativa, en un acto inédito desde la redemocratización. La operación contó con censura a la prensa, intimidación de periodistas y la interrupción de la transmisión de “TV Câmara”, en un intento deliberado de ocultar las imágenes de la violencia institucional contra un parlamentario en pleno ejercicio del mandato.
El contraste es escandaloso y pedagógico: el responsable por esta represión, Hugo Motta —elegido con 100% de los votos del PT, de la derecha y de la extrema derecha— fue el mismo que nada hizo —metiendo el rabo entre las piernas en un gesto de complicidad política— cuando bolsonaristas ocuparon el mismo espacio por más de 30 horas para presionar por la votación de la amnistía al golpismo. Ese contraste deja evidente un horizonte político cada vez más nítido: proteger a los sectores golpistas y mantener abierta la posibilidad de consolidación de un régimen aún más autoritario.
Pero tal vez el símbolo más grave de este proceso de endurecimiento legal e institucional sea la aprobación del PL Antifacción, relatado por Guilherme Derrite, ex secretario de Seguridad de Tarcísio de Freitas y articulador de la segunda mayor masacre en la historia del estado de São Paulo. El texto crea la peligrosísima figura de “dominio social estructurado” y amplía el concepto de “organización criminal ultraviolenta” de forma deliberadamente genérica. El objetivo es claro: criminalizar movimientos sociales, huelgas, piquetes, ocupaciones urbanas y movilizaciones comunitarias y populares, tratándolas como prácticas de control territorial o interferencia en servicios esenciales.
En este contexto, la prisión de Jair Bolsonaro, aunque progresiva, no altera de forma estructural la correlación de fuerzas. Se trata de una medida conducida por el Poder Judicial —interlocutor directo de la clase dominante— que busca, por encima de todo, aliviar el desgaste político del bolsonarismo sin romper con el proyecto que representa. La operación es funcional al régimen: se sacrifica una pieza, pero se preserva la agenda, con ajustes en la forma o concesiones puntuales.
El objetivo es claro: despersonalizar el proyecto autoritario, reorganizarlo institucionalmente y garantizar su continuidad bajo nueva dirección, con el respaldo de los mismos intereses de clase que lo sustentaron desde el inicio. En última instancia, lo que se opera es un intento de reorganización de la extrema derecha, garantizando que su capital político sea transferido a nombres como Tarcísio de Freitas, que cumplen hoy el papel de alternativa viable y más aceptable para el mercado y las instituciones. En este reacomodo, el Centrão actúa como principal articulador político, patrocinando iniciativas como el PL de la Dosimetría, que busca reducir las penas de Bolsonaro y de los demás golpistas, pavimentando un camino de normalización autoritaria dentro de la legalidad burguesa.
Por eso, la única salida real para frenar la escalada ultrarreaccionaria que se intensifica en este fin de año, en votaciones aceleradas y maniobras a toda prisa, está en la fuerza de la movilización popular en las calles. Fue lo que demostró el 21 de septiembre, cuando cientos de miles tomaron las calles en todo el país y lograron derribar la llamada PEC del Blindaje, superando las direcciones del lulismo, las cuales apostaban exclusivamente en negociaciones y presiones institucionales con el Centrão, habiendo el propio PT votado a favor de la PEC en primer turno, como moneda de cambio para que no se votase ningún proyecto de amnistía, ya fuera irrestricta y general o de dosimetría.
El 21 de septiembre evidenció que los únicos momentos en los que la correlación de fuerzas se desplazó —aunque momentáneamente— a favor de los de abajo, fueron aquellos en que los sectores explotados y oprimidos tomaron la iniciativa de trazar una línea roja, afirmando con contundencia: “esto aquí, jamás”. Fue esa capacidad de transformar la indignación en movilizaciones unificadas y masivas lo que derrotó la PEC de la Blindaje, superando la inercia de las direcciones conciliadoras y la apuesta en las negociaciones de cúpula con el Centrão.
Hoy, ante la aprobación del PL de la Dosimetría, el avance del PL Antifacción, la aprobación de la PEC del Marco Temporal y el conjunto de medidas autoritarias y antipopulares en curso, ¡retomar ese camino de movilización directa es urgente! La lucha en defensa de las libertades democráticas, del derecho a la organización, de la demarcación inmediata de las tierras ancestrales y por mejores condiciones de trabajo para repartidores, conductores y trabajadores precarizados exige una movilización nacional unificada, construida desde las bases por las direcciones políticas, sindicales, movimientos sociales, estudiantiles, negros e indígenas.
Es hora de, una vez más, transformar la indignación en fuerza social organizada. Para eso, nosotros de la corriente Socialismo o Barbarie consideramos fundamental que la CSP-Conlutas asuma la convocatoria y la construcción de las manifestaciones nacionales de este domingo (14), colocándose al frente del proceso de movilización. Defendemos la formación de una columna de la izquierda socialista independiente, en la cual nuestras banderas y consignas aparezcan con fuerza, permitiendo disputar, de forma unitaria y combativa, un camino que afirme la independencia de clase ante la conciliación, la parálisis y la inercia del oficialismo, para enfrentar de manera consecuente a la extrema derecha y pavimentar la cristalización de otra correlación de fuerzas, capaz de derrotar todo y cualquier ataque a las libertades democráticas y garantizar conquistas económicas fundamentales a las trabajadoras y los trabajadores.
¡A las calles!
