Festejamos el triunfo del inicio de nuevos juicios, pero con dolor y bronca porque, al haber dejado pasar el tiempo desde el poder, han impedido llegar a más culpables y cómplices del genocidio de los 30.000, a más responsables de los robos de bebés, de los tormentos y encarcelamientos cometidos a lo largo y ancho del país. Pero con firmeza porque es una lucha que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue vigente.

Más difíciles porque no sólo han fallecido muchos genocidas y cómplices (como el denominado “obstetra del mal”, José Antonio Bergés, quien “atendía” nacimientos y murió en domiciliaria sin decir nada de lo que sabía), sino también muchos testigos y familiares que vieron y sufrieron el accionar de las fuerzas represivas.

Pero la lucha continúa y un juicio largamente postergado volvió a emerger en la agenda judicial y comienza su tramitación teniendo. Los acusados son los militares que actuaron en los centros clandestinos de Automotores Orletti y Pomar. También, acompañando el retraso, comienza el juicio de Mansión Seré, en la zona Oeste de la Provincia de Buenos Aires.

En febrero comenzó el juicio por los centros clandestinos Automotores Orletti y Pomar, por el cual están acusados César Estanislao Albarracín, Rubén Héctor Escobar, Julio César Casanova y Patricio Miguel Finnen, quien fueran miembros de la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado) por delitos cometidos contra 88 personas.

También comienza esta semana un juicio emblemático, por ser contra miembros de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), banda de ultraderecha que actuó con total impunidad, junto con la Triple A, durante la presidencia de Isabel Perón. Estos señores son los que han estado más alejados de la acción de la Justicia. Muy pocos han recibido penas: frente al horror de la dictadura, quedaron “tapados”.

En este juicio, se sentará en el banquillo de los acusados a los señores Carlos Ernesto “El Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Agustín Antonio “Tony” Jesús. Los cargos son homicidio calificado, tormentos y privación ilegal de la libertad contra más de 12 personas. Castillo ya tiene una condena a perpetua desde 2018, mientras Pomares ha sido beneficiado con la absolución en el juicio anterior.

La “novedad” de esta instancia jurídica es que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Subsecretaría en la actualidad) no será querellante en la causa, estará ausente durante su tramitación.

Como bien sabemos, la Justicia a la que hemos llegado en los estrados judiciales se ha logrado por la incansable lucha en las calles de familiares y el pueblo, a pesar de los incontables obstáculos de leyes, decretos, represiones. Ahora se suman de nuevo desde las instituciones más altas del gobierno, que defiende a rajatabla el negacionismo frente a los delitos de lesa humanidad cometidos por las bandas parapoliciales y los organismos represivos del Estado en la previa y posterior al golpe del 76. Ya no saben a qué institución cerrar o  desmantelar para obstaculizar (aún más) el acceso a información sobre el genocidio.

Acercándonos a los 50 años del golpe del 76, la lucha continúa y continuará en todos los ámbitos de la Justicia y en las calles, enfrentando al negacionismo gubernamental y sus aliados.