Latinoamérica

Perú: piden prisión preventiva para Fujimori mientras va quedando clara su derrota

Mientras se va confirmando el triunfo de Castillo, los principales núcleos de poder del establishment peruano envían señales de que apuestan a contener y subordinar Pedro Castillo antes que abrir la caja de pandora de las denuncias de fraude fujimoristas.

Renzo Fabb
Redacción de Izquierda Web.


Cuatro días después de la segunda vuelta, Perú y Latinoamérica siguieron de cerca cómo se definía el proceso eleccionario. Marcada por una extrema polarización, de un total de aproximadamente 17 millones de votos la diferencia entre ambos candidatos resultó ser de apenas 70.000 votos a favor de Castillo, cuando faltaban contabilizarse sólo 0,02% de las mesas.

Con el correr de los días se han producido algunos movimientos políticos que empiezan a dar algunas señales de cómo quedará distribuido el tablero político peruano ante un gobierno de Castillo.

A pesar de haberse alineado casi unánimemente detrás de la candidatura de Keiko Fujimori, el establishment político, judicial e institucional del país andino no parece mostrar demasiado compromiso con apoyar las denuncias de fraude que está motorizando la candidata derechista. Más bien al contrario, ante su inminente derrota las señales indican que cada vez más sectores de poder se están bajando de su barco.

Cuando la ventaja pasó a favor de Castillo, comenzaron las denuncias de fraude por parte del fujimorismo, sin embargo, los principales medios de comunicación no dudaban en mostrar la ventaja de Castillo, sin cuestionarla. Mientras tanto, sectores de la base electoral fujimorista comenzaron a declarar públicamente la necesidad de que los militares intervengan. Pero enseguida las Fuerzas Armadas publicaron un comunicado donde aseguran que «no intervendrán en cuestiones electorales ni de política interior», por lo que la movida desestabilizadora fue rápidamente desarticulada.

Además, las oficinas de la ONPE en la que se están desarrollando los conteos está fuertemente custodiada y vallada por las fuerzas policiales, lo que muestra que las fuerzas represivas, tanto policiales como militares, no parecen estar dispuestas a eventualmente intervenir, con todos los riesgos que ello implica, en favor del partido Fuerza Popular.

Policía custodia la ONPE. Foto: El Comercio.

Keiko, más cerca de la cárcel

Pero la noticia más resonante de las últimas horas ha sido el pedido de que Fujimori vuelva a la cárcel por parte del fiscal que la acusa en la causa que la vincula a la corrupción de la empresa Odebrecht.

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La acusación, formalizada antes de la primera vuelta electoral, pide 30 años y 10 meses de prisión para Keiko, por estar involucrada en lavado de dinero, obstrucción a la justicia y corrupción. Funcionarios de Odebrecht confesaron haber financiado de manera irregular la campaña presidencial de Fujimori en 2011 y 2016.

Con prisión preventiva durante casi todo 2019, y durante algunos meses de 2020, Fujimori fue beneficiada con la libertad condicional debido a la pandemia. Pero el fiscal ahora la acusa de haber quebrantado una de las restricciones que le impedía entrar en contacto o comunicarse con cualquier testigo involucrado en la causa.

Sucede que en una conferencia de prensa ayer, Miguel Torres Morales habló como abogado y vocero político del partido Fuerza Popular. Morales es testigo de la causa que recae sobre Fujimori, y es evidente que tiene contacto con la candidata y líder del espacio que él representa.

Está claro que la justicia tenía conocimiento con anterioridad de la participación de Morales, por lo que es más que evidente que la inminente derrota electoral de Fujimori fue el detonante para que una parte del sector judicial decida avanzar de nuevo contra ella.

Un «cerco» a Castillo

Sin embargo, esto no significa que el establishment acepte sin más su derrota y se quede de brazos cruzados frente a un gobierno de Castillo. La estrategia, más bien, parece ser rodearlo para tenerlo bajo su control. De esta forma, la burguesía apuesta a una estrategia más segura para imponer su programa (o al menos evitar que Castillo realice sus molestas reformas) por la vía institucional.

Mantener el apoyo a Fujimori en este contexto significaría sencillamente dar el «salto» a querer imponer un gobierno autoritario de manera antidemocrática. Pero en una América Latina atravesada por las rebeliones, es un riesgo demasiado grande que los capitalistas no parecen estar dispuestos a correr.

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Y a Castillo no se lo ve muy incómodo con ello. Luego de una caída de 7,7% en un sólo día y una depreciación del Sol, Castillo salió a dar un discurso «tranquilizador» frente a los mercados. Habló de que su gobierno «va a garantizar la estabilidad económica y financiera del país» así como «respetará la constitución y la democracia».

El discurso fue bien recibido por los mercados, que lo calificaron de «moderado». Al día siguiente, la bolsa y el Sol se recuperaban de sus caídas de las jornadas anteriores. Todo un síntoma de que el «marxista-leninista» Castillo ya está bajando incluso sus banderas tibiamente reformistas desde antes de asumir.

Sin embargo, no todo es institucionalidad en Perú, de hecho está muy lejos de serlo, en un país cuyos presidentes han ido pasando uno a uno en medio de crisis políticas y causas de corrupción.

La política peruana comienza a dirimirse también con la fuerza social en las calles. Luego del estallido contra la fugaz presidencia de Merino el año pasado, la manifestación callejera fue otro de los rasgos distintivos de esta elección. Ayer, los simpatizantes del fujimorismo se movilizaron «contra el fraude». Los sectores afines a Castillo, por su parte, hicieron su contramarcha exigiendo que se respete la voluntad popular.

Crisis política, equilibrios sumamente inestables y unas instituciones del régimen que cada vez parecen más insuficientes para contener la extrema polarización. Hoy por hoy, la situación política de Perú no podría ser más representativa de la de toda Latinoamérica.

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