Este domingo se llevaron a cabo las elecciones generales en Perú, con el fin de elegir la presidencia, dos vicepresidencias, 60 senadores, 130 diputados y los representantes ante el Parlamento Andino. Para estas elecciones estaban convocados a votar 27 millones de personas para elegir entre 35 candidatos a la presidencia.

Una votación desordenada y un conteo «interminable»

Transcurridos cuatro días de los comicios, aún la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha emitido el resultado final de la votación.

Al momento de escribir esta nota, se escrutaron el 93% de las papeletas. Los resultados provisionales arrojan que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) quedó en primer lugar con un 17% de los sufragios, seguida por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con el 11,97%, Rafael López (Renovación Popular) con el 11,93% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con el 11,07%.

De lo anterior saltan dos conclusiones principales a la vista. En primer lugar, que hay un empate técnico en el segundo lugar entre Roberto Sánchez, Rafael López y Jorge Nieto, entre los cuales saldrá el contendor de Fujimori para disputar el balotaje del próximo 7 de junio. Segundo, el apoyo raquítico que cosecharon los primeros lugares de la elección, reflejo de la crisis política que atraviesa el país y que no se vislumbra que se vaya superar con esta elección, porque el próximo Ejecutivo será muy débil y con poca -¡o ninguna!- legitimidad ante la sociedad.

Por otra parte, la jornada electoral del domingo hizo honor a la crisis política del país: más de 50 mil personas no pudieron votar ese día debido a la falta de materiales electorales en Lima, por lo cual el Jurado Nacional de Elecciones decidió extender las votaciones en dichas mesas al lunes.

A pesar de la extensión, los resultados preliminares arrojan que el abstencionismo fue altísimo. En Lima metropolitana, por ejemplo, el ausentismo electoral alcanzó el 20%, superando con creces los niveles de 2016 (13%) y 2011 (12%).

Los candidatos en disputa

La “heredera del fujimorismo” se presentó como candidata presidencial por cuarta ocasión y estructuró su campaña en torno al lema “cuando hay orden, hay futuro”. Con este slogan, busca “embellecer” el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, además de que le resulta útil para promover un discurso de mano dura y ajuste fiscal (aspira a llevar el déficit fiscal del 2,2% al 1% del PIB).

De hecho, Keiko construyó una narrativa que compara la situación actual del país (la pobreza, la violencia) con la que “afrontó” su padre cuando combatió al “terrorismo” (en realidad, se trató de una guerra sucia y terrorismo de Estado contra el campesinado y sectores de laizquierda).

Un dato importante a tomar en consideración, es que Keiko fue formada en los pasillos de los «palacios» y presenta un perfil diferente a Milei o Bolsonaro. Por ejemplo, no realiza declaraciones estridentes y mediáticas, por lo cual proyecta una imagen mucho más institucional. En realidad, es una populista de derecha conservadora y no una figura de la nueva extrema derecha (aunque sostiene algunos ejes programáticos en común con ese campo).

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), es el candidato de “centro izquierda” que encabeza la disputa por el segundo lugar. Psicólogo de profesión y con 57 años, se desempeñó como ministro del depuesto Pedro Castillo. Tiene como eje de su programa «una nueva Constitución» y hacer del Perú un «Estado plurinacional», una política que cae bien entre sectores indígenas históricamente excluidos del poder.

En lo que respecta a Rafael López Aliaga, es un connotado empresario ferroviario, financiero y hotelero. Además, destaca por ser un ultraconservador (es miembro de la secta del Opus Dei). Durante la campaña causó polémica por aseverar que el pueblo de Andahuaylas era “basura”, por no haberlo recibido con los brazos abiertos.

López Aliaga centró su campaña en posturas conservadoras y sumisas al imperialismo estadounidense: “respetamos la vida, la familia, la libertad, el progreso, la propiedad privada, al empresario”. Además, propuso un plan para deportar a las personas venezolanas de Perú y para permitir el ingreso por horas de fuerzas de élite de los Estados Unidos al país para capturar a “cabecillas” del crimen organizado.

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) se presentó a las elecciones con una agenda focalizada en la seguridad y la reactivación económica, además de defender la modernización del Estado mediante el uso de la tecnología.

El país de la vacancia presidencial y la minería ilegal

Perú atraviesa una crisis política desde hace una década. Desde 2016, el país tuvo 8 mandatarios, los cuales fueron destituidos o dejaron el cargo por presiones del Congreso.

Para graficar esto, veamos lo que sucedió después del golpe de Estado de 2022. Pedro Castillo fue depuesto de su cargo y encarcelado, tras lo cual asumió la presidencia Dina Boluarte, quien se mantuvo en el cargo hasta octubre de 2025. Le sucedió José Jerí, quien fue destituido en febrero y, actualmente, la presidencia la ocupa José María Balcázar.

La inestabilidad política se combina en el último periodo con la crisis por el incremento de la violencia en el país, principalmente mediante extorsiones y homicidios. Sólo en el 2025 fueron asesinados 239 choferes de transporte público. Ahora, en medio de la campaña electoral, se dió a conocer que tanto las extorsiones como los asesinatos se quintuplicaron, de tal forma que el debate sobre la “seguridad ciudadana” adquirió fuerte peso (un tema que tradicionalmente es aprovechado por la derecha y su discurso de mano dura).

Contradictoriamente, el país mantiene una relativa estabilidad macroeconómica. De hecho, el Banco Central peruano está bajo la conducción del economista Julio Velarde desde hace casi veinte años, una continuidad que parece sorprendente en un país sumido en crisis políticas y con cambios recurrentes en la presidencia.

Debido a la combinación entre inestabilidad política y estabilidad en la macroeconomía, los analistas se refieren a Perú como una economía “zombie”; es decir, un sistema que no se derrumba, pero tampoco avanza al ritmo que debería (más bien, en Lima, abre campo al crimen organizado).

La economía peruana depende principalmente de la extracción minera, al grado de que Lima es el segundo productor mundial de cobre y, además, es un importante productor de oro y zinc. Junto con esto, los analistas sostienen que el país sudamericano tiene tres economías: la formal, la informal y la ilegal.  Por ejemplo, en el último año las exportaciones ilegales de oro alcanzaron los 11.500 millones de dólares.

Además, la precarización laboral es altísima, siendo que dos de cada tres trabajadores privados tienen contratos temporales. La incapacidad para generar condiciones de vida dignas en Perú lleva a muchas personas a recurrir, por ejemplo, a actividades ilegales, como la minería y el crimen organizado.

Además, la minería ilegal tiene fuertes vínculos con el crecimiento del crimen organizado, pues han entrado el Tren de Aragua, el Comando Vermelho brasilero o Los Choneros del Ecuador, quienes comienzan a adueñarse de la extracción del mineral en las diversas regiones. En la Amazonía peruana, por ejemplo, una draga minera puede extraer hasta 7 kilos de oro al año usando mercurio que, además de un gran daño medioambiental, genera unos 690.000 dólares o 590.000 euros anuales.

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Independientemente del resultado que deparen estas elecciones, desde ya queda claro que la crisis del país continuará, porque el nuevo gobierno que surja del balotaje del 7 de junio contará con una escasa legitimidad ante la sociedad. La tendencia hacia la fragmentación política se reflejó en la primera ronda electoral, dado que ningún candidato obtuvo una cantidad de votos que lo dote de peso para posicionarse como potencial figura que supere la crisis del sistema de representación política. Lo anterior confirma que la única salida de fondo pasa por refundar el país sobre nuevas bases sociales anticapitalistas.