Hace tan sólo una semana, el pueblo chubutense se anotó una primera y enorme victoria en la lucha contra la megaminería. Con días y días de movilizaciones masivas, se consiguió la derogación de la ley de zonificación minera.
Esa victoria popular fue una durísima derrota para el gobierno de Arcioni, el lobby pro – minero y los capitalistas de la provincia. Arrinconados, vuelven a la carga, ahora por medio de la persecución judicial.
La causa
En el día de ayer, trascendió la detención de Marcos Wilipan, Jonathan Luna Almada y Víctor Cotud, todos ellos participantes de las movilizaciones en contra de la ley impulsada por Arcioni. La causa está en manos del juez Gustavo Castro, que dictó 60 días de prisión preventiva para todos ellos. Se les imputan los delitos de «daños, incendio estragoso y robo doble doblemente agravado y colectivo». Este último puede conllevar una pena de entre 3 y 10 años de prisión efectiva.
En concreto, se acusa a los detenidos de haber generado daños edilicios a la sede del diario «El Chubut», en Trelew. Dicho sea de paso, El Chubut fue uno de los principales lobbystas mediáticos de la ley de zonificación minera. Mientras cientos de miles de chubutenses dejaban en claro su rechazo a dicha ley, El Chubut publicaba notas que negaban los daños ambientales que dicha ley conllevaría para la provincia y su población.
Dos de las detenciones se efectuaron en las primeras horas del día lunes en Trelew, a través de una serie de allanamiento efectuados por la Policía de Chubut. El comisario Julián Vilches declaró que dichos allanamientos ascendieron a 7. El tercer detenido se entregó voluntariamente luego de conocer las acusaciones.
Una detención política
«Nos levantamos con la policía adentro de la casa», relató la madre de Wilipan en una entrevista. Miembros del GEOP (Grupo de Operaciones Especiales) allanaron en las últimas horas el domicilio de Wilipan (donde se encontraban su madre y su hija), sin presentar ninguna orden de allanamiento. «Esta detención es política. Mi hijo es un luchador» señaló la madre.
Wilipan es referente de la organización social MTE y participó junto a dicho movimiento de las inmensas movilizaciones que dieron por tierra con la ley pro – minera de Arcioni. Allí radica en realidad la importancia del caso.
Bien sabemos que en la Argentina (así como en el resto del mundo) la Justicia dista mucho de ser un «poder neutral» en las luchas que atraviesan a la sociedad. El Poder Judicial es plenamente político, y la intervención del juez Castro así lo demuestra.
Lo que preocupa a la Justicia no son algunos destrozos efectuados por una decena de personas en un edificio de prensa, sino la lucha contra la minería que involucró a cientos de miles de chubutenses. No hace falta más que ver el relato que el gobierno y los medios intentan imponer a partir de las detenciones: la presencia de «grupos violentos» en las movilizaciones, que no habrían tenido otra intención que la de generar destrozos. Poco se habla de la violencia social que implica una ley como la de zonificación minera, que pone en peligro las condiciones de vida y hábitat para millones de personas.
Arcioni y el lobby minero perdieron la primera pulseada e intentan volver a la carga para torcer la opinión pública en su favor. Pero la rebelión chubutense fue profunda y masiva, alcanzó para remover la conciencia de miles de personas respecto al problema ambiental y a la destrucción de la naturaleza por parte de las empresas. No alcanzará con una simple causa judicial para terminar con ese proceso abierto.
