Paula Martínez tenía tan solo 23 años de edad. Este domingo fue hallada sin vida por un familiar en su casa de Florencio Varela. El Estado la dejó desprotegida y la revictimizó desde el minuto uno a partir de aquel 10 de diciembre de 2016, cuando fue víctima de una violación en manada tras haber asistido al cumpleaños de una vecina. Había hecho más de treinta denuncias. Tras los aberrantes hechos, continuó el infierno.

Paula tuvo que ver cómo el juicio oral contra sus agresores se postergaba hasta el absurdo. Recién en marzo de 2022 daría inicio. Una de las diez personas acusadas permanece prófuga. El día que fue a hacer la denuncia, algunos de sus victimarios aparecieron para amedrentarla. Los funcionarios del Estado que tomaron su caso llegaron a dejar asentado que estaba alcoholizada. En realidad, su testimonio daba cuenta de que había sido drogada.

El profesional que le realizó el examen médico luego de la agresión la maltrató. Desde la denuncia el martirio solo empeoró, porque llegó a denunciar que recibía amenazas y un hostigamiento permanente por parte de sus agresores y los familiares de éstos. Incluso haciendo habiendo hecho público, su caso fue desoído y no recibió ayuda de ninguna institución o funcionario del Estado.

“Desde ese momento, ellos están libres y se siguen manejando con total impunidad en el barrio, mientras yo estoy hace un año con siete criaturas ahí adentro, porque tengo tres hijos y cuatro hermanos menores, corriendo peligro de vida. Y ellos no pueden ir ni siquiera al jardín”, expresaba unos años atrás.

Esta una historia que muestra el carácter profundamente patriarcal de ese Estado que ampara, legitima y reproduce la violencia machista. Un Estado que es responsable de cuidar a los violadores, mientras revictimiza a las víctimas. A un punto tan insoportable, como en el caso de Paula, de ir más allá de dejarlas a merced de sus victimarios.

Los intentos de suicidio de la joven madre y trabajadora fueron varios, según relatan sus familiares. Más allá de haber recibido tratamiento psiquiátrico, cada instancia desde aquel abuso en manada, infame, cobarde, fue una lucha para una piba que debió soportar demasiada violencia. Paula estaba encerrada en su casa a escasos metros de sus victimarios y los cómplices de estos. Paula fue hallada sin vida colgada de un ventilador. Relatar este caso es insoportable y duele. Es necesario decir que no se trata de una tragedia individual, de un acto desesperado sin más.

Todos los mecanismos de contención y prevención fallaron. ¿Dónde estaba la secretaría de la mujer? Se trata de un caso donde una mujer sufrió y denunció una violación en manada y el Estado solo siguió violentándola. Es un caso que tiene lugar en el marco de un contexto social donde claramente este Estado que llamamos patriarcal, las instituciones y funcionarios políticos, judiciales, et, que actuaron jugaron un rol nefasto. Hablamos de un rol activo que tiene las más de las veces una consecuencia irreversible.

La falta de políticas de prevención, contención, de políticas por parte de los ministerios o secretarías de género que dependen de los gobiernos nacional y provinciales, la violencia que se vive -que vivió Paula- al momento de denunciar en la «justicia» y, el desestimar las denuncias se cobra la vida de miles de mujeres. Está claro que no basta con declaraciones demagógicas que decreten el fin del patriarcado. Tiene que haber justicia por Paula, porque hay responsables por todo lo que vivió, sufrió y por su trágica muerte.