Patricia Bullrich nació en 1956 en el seno de una vieja familia patricia (tal vez de allí el nombre), los Pueyrredón. Es descendiente de Juan Martín de Pueyrredón (quien fuera varias veces cabeza del gobierno durante el proceso de independencia iniciado en 1810), Honorio Pueyrredón (dirigente del ala mitrista dentro de la vieja Unión Cívica) y de Adolfo Bullrich (intendente de Buenos Aires entre 1898 y 1902, bajo el gobierno genocida de Julio Argentino Roca).

Se crió dentro de una familia unida inexorablemente al poder político que fundó el Estado argentino. Una familia de altos mandos militares, comerciantes adinerados y funcionarios políticos. Durante más de un siglo, la historia familiar de los Pueyrredón – Bullrich se entremezcla con la del Estado argentino.

De la familia patricia a la guerrilla peronista

A los 17 años, en 1973, Patricia Bullrich ingresó a la Juventud Peronista y poco después a su brazo armado, Montoneros. Eran los años de la vuelta de Perón. Estuvo presa en 1975 por realizar propaganda política en la calle. En concreto por hacer una pintada en la Facultad de Filosofía y Letras, en aquel momento situada en la calle Independencia.

Con el comienzo de la dictadura se exilió en Brasil y luego en España, donde fue parte de la organización de la Juventud Peronista en el exilio. Recién en 1982 regresaría definitivamente a la Argentina. Tras una breve detención, participó de la campaña electoral peronista de 1983, que candidateó a Ítalo Luder.

Menemista

Diez años después, en 1993, llegaría a su primer cargo público en el bloque de diputados del PJ porteño. Desde allí apoyó el programa neoliberal del Menemato. La Bullrich guerrillera había quedado definitivamente en el olvido.

Durante los próximos años vagó por distintos cargos, primero en la intendencia de Hurlingham y luego en el gobierno provincial, entonces en manos de Duhalde.

La ley Banelco y la gesta de la desocupación masiva

En 1999, con la debacle del menemismo, Bullrich recaló en la Alianza de Fernando de la Rúa. Llegó allí a través de Antonio de la Rúa (hijo y jefe mediático de Fernando) y de Fernando de Santibañes. Este último es un histórico banquero y fue el primer Secretario de la SIDE argentina. En el año 2000 estuvo inmerso en un histórico escándalo de corrupción en el que la SIDE pagó 5 millones de pesos en sobornos a 6 senadores para lograr la aprobación de famosa ley Banelco de flexibilización laboral.

Bullrich, por su parte, ingresó al gabinete en el área de Política Criminal, encargada de la administración penitenciaria. Pero pocos meses después fue justamente el escándalo de corrupción del Senado el que la catapultó al ahora vacante ministerio de Trabajo. Allí se encargó de hacer el trabajo sucio: reformó (es decir, desguazó) 400 convenios colectivos de trabajo al amparo de la nefasta Ley Banelco. Rebajó asignaciones familiares y persiguió al sindicalismo.

Luego pasó al Ministerio de Seguridad Social. Allí estuvo sólo un mes (de octubre a noviembre del 2001). Pero fue tiempo suficientemente para que rebajara (por decreto) un 13% los pagos de trabajadores estatales y jubilados. Durante su mandato el desempleo aumentó 10 puntos porcentuales, del 15% al 25%.

Un mes después de su salida llegó la rebelión popular que conocemos como el Argentinazo y que eyectó a de la Rúa y su gabinete por los aires (literalmente).

El macrismo y la doctrina Bullrich

En 2003 se candidateó simultáneamente a Jefa de Gobierno y a Diputada Nacional por la Capital por el partido Unión por Todos, un espacio creado por ella misma para tal objetivo. En 2007 volvió a candidatearse y asumir como diputada, esta vez en alianza con la Coalición Cívica de Carrió.

Pasaron 14 años para que la ex montonera, ex peronista y ex menemista volviera a un cargo ejecutivo. Esta vez convertida en macrista y designada al frente del Ministerio de Seguridad.

Desde el primer día de su gestión dejó en claro que su objetivo era endurecer el status quo represivo en el país, endurecer la persecución política y atacar derechos democráticos elementales como el derecho a huelga y a la protesta social.

Para esto impulsó como primera medida el llamado Protocolo Anti – piquetes, en realidad una legislación regresiva que le daba mayor libertad represiva a la policía y otras fuerzas.

No habían pasado ni siquiera dos semanas de su asunción cuando realizó la primer represión, en aquel caso sobre obreros despedidos de la avícola Cresta Roja que realizaban un acampe en el municipio de Ezeiza.

Durante su mandato se llevaron adelante flagrantes crímenes contra los DDHH a manos de las fuerzas represivas, especialmente de la Gendarmería.

En pocos meses se sucedieron los casos de desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y del fusilamiento de Rafael Nahuel. Para legitimar estos hechos aberrantes, Bulrrich impulsó una campaña mediática nacionalizar para demonizar a la comunidad mapuche.

Además promovió la llamada Doctrina Chocobar, que intentaba facilitar la impunidad sistemática para los efectivos policiales acusados de gatillo fácil. Durante su mandato, las fuerzas represivas violaron en repetidas oportunidades la Autonomía Universitaria ingresando a las instalaciones educativas de distintas provincias sin ningún tipo de justificación judicial.

En diciembre de 2017 fue la responsable política directa de la represión masiva efectuada durante el 14 y 18 de diciembre en la Plaza de los Dos Congresos y sus inmediaciones (todo el Microcentro de la Capital). Durante ambas jornadas desató una represión brutal sobre miles de personas que protestaban contra el tratamiento de una Contrareforma Jubilatoria. Se utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos, hubo decenas de detenidos y heridos.

El rechazo a la represión fue masivo y terminaría costándole al macrismo la elección de 2019, en la que sufriría una aplastante derrota. Luego de la derrota presidencial del macrismo, Bullrich se desempeñó como presidenta del PRO.

Bullrich, de nuevo al frente de la represión

“Sabemos que hay gente que se va resistir, que quiere mantener privilegios. A ellos les digo: dentro de la ley todo; fuera de ella, nada” dijo Milei en su primer discurso como presidente electo. Y agregó: “Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios”.

Después de las generales de octubre, Macri se aseguró para los suyos lugares clave en un gobierno de Milei negociando su apoyo político en el balotaje. La represión será clave, porque los «privilegios» de los que habla Milei, todo el mundo lo sabe, no son los de los dueños de la sociedad, los multimillonarios que viven del trabajo de los trabajadores. No, los «privilegiados» son los trabajadores que mantienen alguna conquista. Ponen así al frente de la represión antipopular a la que ya estuvo a cargo de esa función bajo el fracaso macrista.

Por supuesto, los «privilegios» de los que habla Milei no son otra cosa que los derechos sociales y económicos conquistados durante décadas de lucha por la clase trabajadora. Recordemos la tan repetida idea de Milei de que la «justicia social» es un «robo»: a eso se refiere con «privilegios», es decir, derechos laborales, programas sociales, becas, subsidios, etc.