Esto es así. Siempre. Necesitamos mejores salarios, condiciones contractuales estables, lugares de trabajo en condiciones de higiene y seguridad. Hacemos paro y nos preguntamos si no estamos abandonando a quienes acompañamos. Reclamamos más y mejores recursos para esa atención. Les contamos y explicamos nuestra situación a las personas con quienes intervenimos, e intentamos que sean parte de este reclamo. Nos reconocemos como parte de la misma clase, esa que tiene que trabajar para vivir y que si no trabaja no come; esa que no conoce de privilegios, sino de organización y solidaridad para defender los propios intereses contra los de arriba, los que sí tienen privilegios, a costa nuestra.

Los anuncios del gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires a propósito del Covid-19 puso nuevamente en cuestión esta tensión. La primera medida que se decretó fue la suspensión de las actividades consideradas “no esenciales”, es decir, casi todo lo que queda por fuera del Sistema de Salud. Con algunas indicaciones poco claras, se fue notificando a cada sector del Estado el cierre de las dependencias y programas de todo tipo de asistencia: desde centros de cuidado de niños y niñas, oficinas administrativas de gestión de subsidios, programa de acompañamiento en situaciones de violencia, violencia sexual y explotación sexual. Es un hecho que las condiciones generales en las que trabajamos no logran el nivel mínimo de criterios de higiene y seguridad (los Ministerios de Desarrollo social suelen ser los de menor presupuesto en el área estatal); trabajamos en edificios con baños clausurados, sin papel higiénico ¡ni hablar de jabón! cucarachas en las oficinas y todo tipo de plaga.

Cerrar estos programas es mucho más barato que garantizar los cuidados y recursos necesarios para prevenir el contagio

Cuando se nos informa que los Programas en los que trabajamos no son “esenciales” se enciende la primera alarma. ¿Acaso no es esencial acompañar a una niña que está en situación de violencia en su hogar? ¿Acaso no es esencial acompañar a una adolescente que está embarazada viviendo en situación de calle? ¿Acaso no es esencial sostener los espacios terapéuticos para aquellos niños o niñas que fueron abusados sexualmente? ¿Acaso no es esencial gestionar recursos de subsistencia mínima para alimento o vivienda? Pero es así, lo primero que se les ocurre a los políticos capitalistas es cerrar estos programas porque es más barato que garantizar los cuidados y recursos necesarios para prevenir el contagio.

También están los Servicios que sí son considerados por el gobierno como “esenciales”: los dispositivos convivenciales, los de atención a personas en situación de calle, las líneas de atención para situaciones de violencia. ¿Cuál es la solución que se les ofrece a las y los trabajadores de esos lugares? En principio, casi nada. Pongamos de ejemplo los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes. El hacinamiento, que es perjudicial en cualquier estado de situación – por la propagación rápida de todo tipo de enfermedades, y por el daño subjetivo que vivir en el amontonamiento genera – es de extrema gravedad frente a esta epidemia. En CABA hubo casos de infección de dengue en uno de estos dispositivos, ¿cuál fue la medida de protección? Trasladar a todos los chicos y chicas de ese lugar a otro edificio, donde ya se alojaban adolescentes: ¡amontonamiento al cuadrado!

Algo similar ocurre con las líneas de atención de violencia. Las campañas por “quedarse en casa” pueden ser efectivas pensándolo desde el punto de vista de la epidemia, pero son un enorme factor de riesgo en casos de violencia. El encierro en el hogar es uno de los factores más peligrosos para las mujeres, niñas y niños. Las situaciones de violencia aumentan de manera considerable, y en estos casos, pedirle a una mujer víctima de violencia que se quede en su casa por 14 días, conviviendo con el violento, puede ser fatal.

Pero nuevamente las medidas del gobierno son para que todo el peso caiga sobre las espalda de les trabajadores… o de las víctimas. Muchos programas han cesado la intervención y en algunos casos se redujo a la atención telefónica de urgencias. Pero no hubo ningún aumento presupuestario que dé alguna respuesta concreta: en el momento en que el propio Ministerio anuncia con certeza el aumento de los casos de violencia, los hogares, refugios, subsidios de emergencia y asistencia de emergencia, lejos de incrementarse, se restringen. El Instagram del Ministerio de la Mujer y Diversidad renovó la campaña por la Línea 144 alentando a las personas en situación de violencia a llamar para “evaluar la articulación que corresponda”. La “articulación” es nula porque no hay recursos para resolver el problema. Ni siquiera en tiempos normales.

¿Pero qué pasa al interior de la Línea? Ocurre que, aún a sabiendas de que en este momento los casos de violencia aumentan, no se ha ampliado la planta de personal de atención. Al contrario, muchas compañeras al estar comprendidas en los grupos de riesgo, han tenido que dejar de asistir, lo que implica una sobrecarga de trabajo para quienes sí se pueden quedar. No es una solución reventar a las compañeras que quedan trabajando en un área tan sensible.

Si bien es cierto que la primera reacción puede ser considerar el aislamiento como la mejor solución, enseguida  se nota que la suspensión de tareas de asistencia sólo resuelve la situación de las y los trabajadores – sólo en parte y para un sector acotado de éstos –. Pero la población con la que intervenimos, queda totalmente desamparada. Trabajar en áreas de lo social o de asistencia, es abordar situaciones que aunque no aparezcan en el protocolo de lo esencial, resulta desmesurado suspender. No sólo por las problemáticas específicas (violencia, abuso, explotación, etc.) sino porque es el sector de la sociedad más vulnerable, más golpeado por la crisis económica, con menos recursos para afrontar una pandemia de la gravedad del COVID-19.

Es el sector social que vive en calle, que no tiene agua ni jabón, menos que menos alcohol en gel. Que no tiene ninguna cobertura de salud. Que vive de changas o trabajos hiper informales, y que en la medida en que se sigan suspendiendo las actividades, no van a tener ningún tipo de ingreso. Es el sector que es “intervenido” por los programas de asistencia social, porque son el último eslabón.

¿Cuál es la solución entonces? Sin caer en voluntarismo ni discursos cínicos de sacrificios personales por amor y entrega al otro – porque como dijimos al principio, la defensa de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras está íntimamente ligada a la defensa de la población con la que trabajamos –, la solidaridad de los y las de abajo debe de ser nuestra respuesta para enfrentar una crisis de esta envergadura. Entendiendo que hay servicios y trabajos que por su sensibilidad no pueden ser suspendidos, es urgente pelear por las mejores condiciones de trabajo para las y los laburantes y la población que se atiende.

Algunas medidas para enfrentar la emergencia

En primer lugar, todo el presupuesto necesario para abastecer a los hospitales y centros de salud de los insumos necesarios para cuidar a los que nos cuidan.

En el caso de los servicios de asistencia social, la licencia especial para aquellas personas comprendidas en los grupos de riesgo. Seguido de esto, garantizar el funcionamiento de los servicios que requieran la presencia de las y los trabajadores. En el caso de que esto se pueda resolver sin presencia física, hay que avanzar por ejemplo en suspender la entrega de todo tipo de certificado y papeles como requisito para el cobro de los subsidios, sin suspensión del cobro y asignación de subsidios, sin burocracia ni papeleo. Que los programas que deban seguir funcionando lo hagan con las y los trabajadores que estén en condiciones y que se refuerce con más personal, ya sea contratando más trabajadorxs o habilitando a las y los trabajadores de servicios suspendidos y capacitados para asumir en otras funciones.

En todos los casos hay que exigir los recursos de higiene y salubridad básicos: jabón, papel, alcohol, guantes. Es fundamental que se garantice el testeo de toda la planta personal, para detectar posibles infecciones. Que los turnos de trabajo no superen el horario habitual y de ser necesario cubrir más horas, que se contrate más personal. Que se paguen las horas extras y se otorgue un plus por trabajar en situación de riesgo. Y, por supuesto, la exigencia del pase a planta permanente y aumento salarial de todas y todos los trabajadores, es necesario poder contar con la seguridad y la estabilidad laboral para llevar adelante este tipo de tarea.

Los patrones no quieren perder ni un centavo. Como lo están denunciando en distintas fábricas: mientras se le pide a la población que circule lo menos posible en las fábricas se mantiene el hacinamiento, se obliga a realizar horas extra y solo donde los trabajadores reclaman se están logrando las licencias para los mayores de 60 o para el personal con enfermedades crónicas de riesgo.

Tampoco a nuestros señores políticos del gobierno nacional o de la Ciudad se les ocurren ideas muy sencillas que pueden resolver problemas graves. Por ejemplo, los hoteles (que no están alojando a nadie porque además no puede entrar ningún extranjero) pueden convertirse en albergue para gente en situación de calle. O para alojar mujeres y niñes que requieran salir del hogar violento. Esa sí que sería una verdadera “articulación” para resolver la cuestión. O para trasladar a niñas, niños y adolescentes desde los hogares hacinados a cómodas y limpias habitaciones. También se pueden utilizar la cantidad impresionante de edificios de lujo vacíos de los negociados inmobiliarios.

La solidaridad para organizar y asumir las tareas de cuidado y protección necesarias y la organización desde abajo para exigirle al gobierno que destine presupuesto y medidas para garantizar la atención en todas las áreas de asistencia y de salud, es el único camino para que la crisis del COVID-19 y el impacto económico no lo paguemos los y las trabajadoras y los sectores vulnerables de la población.