PAMI: Macri contra la salud de los jubilados



En nuestra nota anterior dábamos cuenta del drama social que suponen 7 millones de jubilados y pensionados, de los cuales la mitad cobran la mínima  de $ 6.394,  desde de marzo último. La afirmación de Macri que “la mínima son 9.000 y pico” en el programa de Mirtha Legrand en marzo pasado, tuvo un dejo futurista: de aplicarse en las futuras actualizaciones semestrales el último porcentaje (12,96%) los jubilados alcanzarían ese monto en setiembre de 2018.

En esta nota trataremos sobre la atención de su salud, un tema en el que han sufrido una constante agresión. Digamos que el PAMI integra el sector de Obras Sociales, siendo la mayor del país; su Presupuesto 2017  alcanza los 6.850 millones de dólares,  los que se financian  en un 25% con aportes del Estado nacional  y un  75% con aportes de los trabajadores (registrados)  en actividad, los empleadores, el Estado como empleador y los propios jubilados:  estos últimos aportan el 3% de su haber mínimo, y el 6% sobre lo que supera el mínimo: más que lo que  cualquier trabajador en actividad aporta a su obra social.

A pesar de ser definido como “persona de derecho público no estatal” desde su creación en 1971, sus autoridades siempre fueron elegidas por el gobierno de turno: nadie iba a dejar de lado el manejo de semejante caja política; sus verdaderos dueños, los trabajadores en actividad y pasivos, que son los que lo sostienen, siempre han tenido que sufrir las decisiones políticas de sus “administradores”: de esta verdadera pandilla podemos recordar en la década de los 90 a Carlos Alderete, procesado por defraudación; Bramer Markovic, quien renunció acusado de malversación de fondos; Víctor Alderete, condenado a prisión domiciliaria por su edad, y más acá el “economista justicialista” como se denominaba asimismo Horacio  Rodríguez Larreta, interventor del PAMI cuando Favaloro se suicidó, como acto de desesperación. En su carta a De la Rúa expresaba: “Valga un solo ejemplo: el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros (creo desde el año 94 o 95) de 1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían”.

El hoy intendente de la Ciudad,  renunció a su cargo porque manifestaba tener “vocación política y la voy a ejercer en mi partido”,  para pasar así al gobierno de Ruckauf en la Provincia de Buenos Aires, sin la más mínima autocrítica, característica de todo el elenco político de los 90: el representante del “cambio” había sido también funcionario de Menem  como Subsecretario de Políticas Sociales.

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Otras autoridades que han dejado su huella, pero en la comisaría, han sido Domingo Petracca, hombre de Luis Barrionuevo, condenado a dos años de prisión en suspenso; González Gaviola, designado por Kirchner y renunciado por múltiples denuncias en su contra; y Luciano Di Cesare, denunciada por la entonces ministra de Salud Graciela Ocaña, hoy otra tramoyista del “cambio” por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Además, Di Cesare fue procesado por  el delito de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública por haber comprado Letras del Tesoro nacional con fondos del PAMI en vez de otorgarles prestaciones a los jubilados.

Di Cesare, que manejó el PAMI de 2010 a 2015, también fue denunciado  por estafa por la compra, para afiliados fallecidos, de medicamentos que eran revendidos en el mercado negro por la llamada «mafia de los medicamentos». Se fue de PAMI cobrando más de 1 millón de pesos por supuestas vacaciones no gozadas.

Nos hemos detenido en esta crónica casi policial, para dar cuenta que esta  matriz de corrupción de décadas no puede atribuirse sólo al bandolerismo de sus autoridades, sin que se haya encontrada la manera de controlarlos: el PAMI funciona como una gigantesca caja política, como el IOMA en la provincia de Buenos Aires, y toda su estela de corrupción es un mecanismo establecido de financiamiento y quienes lo ejecutan se llevan sus “honorarios”.

El gobierno, intenta utilizar esta historia como excusa para realizar una verdadera cruzada ajustadora, cuyo objetivo no es erradicar los negocios, sino achicar el gasto social. Así su actual titular, Cassinoti, expresa que «los problemas que tuvo PAMI los últimos años se debieron al fraude y la estafa, y esto se corta con control y auditorías». Lo que están cortando en realidad, son las prestaciones. Su predecesor, Regazzoni, redujo la cobertura en medicamentos a aquellos jubilados que posean un auto de más de 10 años, o que cobren una mínima y media: “no podemos dar un beneficio social a una persona que se va a veranear a Punta del Este” afirmó con su mejor cara de funcionario macrista.

Sin embargo, esto no era suficiente ajuste para el gobierno y  fue echado. En su lugar asumió Cassinoti, que como corresponde a este gobierno de CEOs, era el director Ejecutivo de la Cámara de Droguerías, con un paso por la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que presidió hasta 2013.

Cassinoti, consciente de lo que se le pide, comenzó a aplicar una política de menos anuncios pero más ajuste con el simple expediente de complicar y dilatar cualquier trámite que los jubilados tengan que hacer para autorizar prestaciones, incrementando las  que requieren autorización previa.

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La otra cara de su ajuste en el recorte de las prestaciones es la eliminación directa como prestadores de  instituciones privadas de la salud que prestaban servicios a los afiliados.

Así, los sanatorios y clínicas  que continúan prestando servicios agotarán su capacidad y a los jubilados, que “dios los ayude” o sus hijos, que si  los adhieren a sus obras sociales, los calificarán como “privilegiados”, lo que  provocará el recorte de medicamentos: un círculo vicioso que tiene como objetivo sacarse de encima prestaciones.

Ya todos los medios anuncian las medidas de ajuste que prepara el gobierno para después de octubre para bajar el déficit fiscal, que en 2017 se estima en más del 7% del PBI. El mismo se puede reducir aumentado impuestos (que Macri quiere bajar, y de hecho ya bajó anulando las retenciones al campo y la minería)  o reduciendo gastos. Como un 2,5% de dicho  déficit corresponde al pago de intereses de la deuda que el gobierno no va a dejar de pagar, es imposible que  cumpla su objetivo sin achicar su principal gasto, el de las prestaciones sociales. Recordemos que el 34% del  Presupuesto Nacional se destina sólo a jubilaciones y pensiones y un 9% más a asignaciones familiares, asignación universal por hijo, transferencias a PAMI, a  ex Cajas Provinciales y a Cajas Provinciales “armonizadas”.

El tema de la salud de los jubilados refiere a un tema más profundo como es el derecho a un acceso igualitario a la salud para todos, eliminando la escandalosa desigualdad de Hospitales Públicos desmantelados y Sanatorios del primer mundo, junto al obsceno y millonario manejo por la podrida burocracia sindical de sus Obras Sociales: recordemos la detención de Zanola, jerarca de la Asociación Bancaria por ser “jefe de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de medicamentos apócrifos”.

En el camino de aumentar los presupuestos destinados a la salud pública, y garantizar el acceso igualitario a  la misma, se impone evitar el genocidio de no garantizar ya condiciones  de vida digna y atención de la salud para los que más lo necesitan. Y los recursos para ello deben venir de los que nunca pusieron: los grandes empresarios, la patronal rural, las mineras, las petroleras, las grandes constructoras y los bancos.

ADMINISTRACION de PAMI por sus dueños: los trabajadores activos y pasivos.
100% de cobertura de salud en todas las instituciones, prácticas  y  medicamentos.

Marcelo Giecco
Precandidato a Senador Provincial

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