Por Ana Clío
El fiscal de Córdoba Fernando Moine decidió imputar a una mujer que se sometió a un aborto clandestino, el mes pasado. El caso llegó a la Justicia a razón de que la joven, de 21 años, se descompuso en su casa de Río Cuarto y fue llevada al Nuevo Hospital San Antonio de Padua donde los médicos que la atendieron notaron que la joven había recurrido a la interrupción de su embarazo.
Luego de que la chica denunciara al ginecólogo, Roldán Tafur, el cual le hizo la IVE, el fiscal imputó primero al médico, y luego decidió imputarla también a ella. En la declaración, el médico imputado afirmó que la mayoría de los casos que atiende son de pacientes que llegan con abortos mal hechos y que él se ocupa de salvarles la vida. Por su parte, la joven aseguró que era pobre y que no sabía que el aborto fuera ilegal. Sin embargo, poco le importó al fiscal.
Este sujeto, con el poder de decidir sobre la vida de las mujeres, fue el mismo que el mes pasado, elevó a juicio la causa de la comerciante Claudia Muñoz (asesinada de 30 puñaladas) y descartara que se tratara de un femicidio. Tampoco consideró que hubiera existido alevosía, solo calificó al hecho de “homicidio simple”.
En 2016, el mismo fiscal fue el encargado de llevar el caso de Emiliano Cahuana quien mató a piñas y patadas a Samantha Yoerg, su pareja de 22 años y la madre de sus dos hijos. El hombre confesó que la molió a palos. No obstante, Moine tampoco consideró que fuera un femicidio.
En 2007 este hombre, portador de la justicia patriarcal, salió en todos los medios. El motivo fue porque el fiscal general lo tuvo que apartar de la investigación del asesinato de Nora Dalmasso, porque Moine fue uno de los fiscales que, junto a la Policía y los abogados querellantes, abonaron la hipótesis de que el asesino sería Gastón Zárate, un pintor que estuvo preso 25 horas y que, tras una movilización de 3.000 personas y la falta de pruebas consistentes, recuperó su libertad.
Estos casos son ejemplos de cómo es que la justicia encubre y hasta justifica la violencia hacia las mujeres. Son cómplices y responsables de esta violencia producto de un sistema capitalista y patriarcal que nos somete, al igual que el Estado y el gobierno que no se hace responsable de prevenir dicha violencia, ni de meter presos a los femicidas.