Se trata de miles de familia sin techo que ocuparon 100 hectáreas de tierra para no quedar en la calle. Los terrenos se encontraban ociosos, por lo que no hay otro motivo para desalojarlos que demostrar que si sos pobre no mereces tener donde dormir bajo el resguardo de un techo. Ni siquiera se trata de defender la «propiedad privada» de alguna persona concreta, sino de despojar de toda posesión a quien no pueda pagarla. Precisamente, «privarla» de propiedad.

La orden fue emitida por la la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata. En el dictamen, los tres jueces sostienen que: “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”. Ni siquiera es necesario que haya un delito probado para usar la violencia contra los pobres, basta la «presunción» de un crimen. Invierten así todo principio jurídico, toda garantía legal de los pobres, para mostrar el desnudo rostro brutal capitalista de la «justicia».

Los pobres no tienen derecho ni a lo más mínimo. Paredes de tela, techos de chapa, palos de madera, pisos de piedras: ni ese brutal modo de vivir les quieren permitir tener. Se trata de un mensaje evidente a todas las personas que viven en la calle en las grandes ciudades, un escarmiento para que nadie se atreva a aspirar a más que a la misera más absoluta, para que no haya ni uno solo que se atreva a imaginar la más leve esperanza de otra vida.

No podía ser de otro modo: el operativo estará a cargo de la Policía Bonaerense, que parece ir del monopolio de la fuerza a tener el monopolio de la protesta. El gobierno la hizo dueña de la calle durante la cuarentena, se la apropiaron nuevamente con su movilización reaccionaria, los jueces se la entregan para echar de ella a quienes tienen un reclamo infinitamente más urgente, acuciante, dramático que el miserable salario de esta miserable ocupación. El «desalojo», el uso de la violencia para imponer la miseria, está estipulado para realizarse a partir del próximo 23 de septiembre.

Llenándose el pecho de progresismo, el gobierno de Kiciloff asegura que busca terrenos alternativos para que esas familias se puedan alojar. Para asegurar el desalojo «pacífico» de Guernica, sostienen que quienes se retiren sin resistencia no serán procesados. ¿Existe ya esa alternativa? No. ¿Hay algún indicio de que vaya a existir antes del 23? Tampoco. ¿Se les prometió alguna alternativa al frío de la calle y la dureza del piso de concreto antes? Menos. La violencia policial, los agentes del desalojo, tienen toda la concreta existencia de un bastonazo en la cabeza. Las promesas del progresismo son menos que espectrales. ¿Alguien puede sinceramente creer que se les dará alguna solución a estas miles de personas una vez dispersadas a las calles de los distritos del Conurbano, lanzadas a la interperie y le desolación absoluta?

Blanca Cantero, la intendente de Presidente Perón, es más sincera y por lo tanto más beligerante y brutal: no hay alternativa, ni lugar de reposo para esta gente ¡A la calle! En sus declaraciones, sostuvo que: «sabemos que están organizados, no es casualidad» y que serían parte de «movimientos sociales o partidos políticos de izquierda». Porque organizarse en el PJ para gobernar y cómodamente administrar las miserias de la sociedad es perfectamente legítimo, el uso de los métodos corruptos del poder es respetable. ¡Que no se les vaya a ocurrir organizarse a los pobres!

No hay desalojo «pacífico» posible. Incluso lanzando a la calle a miles de personas con la sola sugerencia del escarmiento por la violencia es un uso brutal, descarnado, del poder sobre las vidas ajenas. Desconfiar de las frases de quienes gobiernan es prudente, resistir a sus designios rodeando de solidaridad a la toma de Guernica, un deber.