El caso Master acaba de desencadenar una de las mayores crisis en la historia reciente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, con repercusiones para todo el sistema político brasileño. Lo que comenzó como una crisis en una institución financiera se ha extendido a distintos sectores del sistema político y, finalmente, al corazón del Poder Judicial.

La polarización entre los partidarios de Bolsonaro y Lula impregna este proceso, mientras que la iniciativa política cambia rápidamente de bando, lo que hace que los contornos de la nueva situación sean aún más inciertos. Lo que ya está claro es que el STF ha sufrido un duro golpe a su legitimidad, que es probable que la polarización se agudice y que el proceso electoral se desarrollará ahora en un entorno más inestable. Artículo aparecido en Esquerda Web.

La situación política que se ha desarrollado en los últimos años, más allá de diversas circunstancias específicas, tiene un fuerte componente dramático, pues se suceden coyunturas ofensivas y defensivas desde arriba, sin que ninguno de los dos sectores que polarizan el panorama nacional logre imponer una derrota estructural al otro. En términos más generales, a finales del año pasado comenzó a configurarse un nuevo elemento: las luchas de sectores de vanguardia que, a pesar de no estar nacionalizados, consiguen infligir derrotas a gobiernos y empresarios. En este sentido, nos encontramos ante un nuevo metabolismo subyacente de luchas que escapan al control de las burocracias tradicionales.

Al analizar esta crisis en la historia del Tribunal Supremo Federal (TSF), se abre un escenario de transición hacia una nueva coyuntura político-electoral que exacerba la polarización jerárquica entre los partidarios de Bolsonaro y Lula, los riesgos para los derechos democráticos de los trabajadores y, obviamente, la necesidad de que la clase trabajadora responda política e independientemente, basándose en sus propios intereses, a esta crisis.

Mucho antes de llegar al centro de la actual crisis institucional, Banco Master parecía un caso relativamente limitado de irregularidades y mala gestión financiera. La institución había crecido rápidamente, captando fondos a altos costos y acumulando activos cuya calidad y valor real generaban crecientes dudas. Sin embargo, la gravedad del escándalo aumentó cuando las investigaciones comenzaron a revelar operaciones multimillonarias sospechosas, relaciones con el Banco de la Reserva de Brasil (BRB) y fondos de pensiones estatales, y una extensa red de corrupción, tráfico de influencias y favoritismo que involucraba a banqueros, operadores del mercado financiero, parlamentarios y miembros de los más altos niveles del Estado. Lo que inicialmente parecía un problema de gestión fraudulenta en un banco reveló así una red mucho más amplia de relaciones entre el capital financiero, el sistema político y las instituciones estatales. Si bien el bolsonarismo parece ser el ámbito político más profundamente comprometido por este mecanismo de apropiación de dinero público, sus ramificaciones alcanzan a figuras situadas en distintos bandos, incluso formalmente opuestos.

Cuando se destapa esta gigantesca red de relaciones, intereses y sospechas de corrupción que involucran al Tribunal Supremo, el escándalo Master da un salto cualitativo y pasa a ocupar el centro del panorama político nacional. Esto ocurre, por un lado, debido a las sospechas que afectan directamente a magistrados del Tribunal Supremo —como en el caso de Dias Toffoli, las relaciones relacionadas con el complejo turístico Tayayá y las acusaciones de encubrimiento y falta de investigación— y, por otro lado, debido a la ofensiva de la ultraderecha, que busca explotar políticamente esta crisis.

La situación empeoró la semana pasada cuando se hicieron públicos los mensajes enviados por Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes y André Mendonça levantó selectivamente su confidencialidad, una medida que profundizó la crisis institucional y favoreció políticamente la ofensiva de la extrema derecha.

A partir de esa chispa, el caso estalla por completo y se abre una nueva situación. Desde entonces, el enfrentamiento entre los distintos ministros del Tribunal Supremo Federal (TSF) deja de ser clandestino y comienza a desarrollarse abiertamente, transformando un escándalo que hasta entonces parecía circunscrito en una profunda crisis intrainstitucional con repercusiones en todo el régimen. Esta crisis trasciende los límites del propio Tribunal, afecta a todo el entramado institucional burgués y convierte al TSF en el principal foco de la situación política, cuyo papel de bombero se confía a Edson Fachin en un intento por contenerla, únicamente a los dos magistrados implicados en ese momento: Alexandre de Moraes y André Mendonça, evitando así mayores daños a la Policía Federal y nuevas ramificaciones que alcancen al régimen en su conjunto.

Esta crisis hace más visible una división dentro de la propia clase dirigente, que ahora se manifiesta abiertamente en el Tribunal Supremo. Esto no altera el carácter social de la institución: el Tribunal Supremo sigue siendo una pieza fundamental del Estado burgués y, cuando están en juego los intereses estructurales del capital, su historial dista mucho de ser favorable a los trabajadores. Basta recordar la decisión que legitimó la tercertización incluso de actividades esenciales, ampliando enormemente las posibilidades de empleo precario, o, más recientemente, la anulación de la llamada «revisión de por vida», que podría haber aumentado las prestaciones de una parte de los jubilados al considerar las cotizaciones anteriores a julio de 1994. Esto, sin embargo, no implica ignorar las contradicciones y divisiones burguesas concretas que se abrieron tras el intento de golpe de Estado de los partidarios de Bolsonaro.

Entre 2022 y 2023, ante una ofensiva que ponía en peligro el funcionamiento del régimen político, un sector del Tribunal Supremo Federal (TSF) encabezado por Alexandre de Moraes adoptó medidas de contención parcial del intento de golpe de Estado. Moraes, como representante del sector de la clase dirigente que no quería derrocar al régimen, a diferencia del otro sector que apoyaba el intento de golpe, mantuvo investigaciones sobre la divulgación de información confidencial relacionada con las máquinas de votación electrónica, ordenó medidas contra las redes utilizadas para difundir desinformación e incluso ordenó la suspensión de Telegram por incumplimiento reiterado de las resoluciones judiciales.

Tras el 8 de enero, las acciones del Tribunal Supremo adquirieron un alcance aún mayor. El Tribunal comenzó a concentrar las investigaciones y los procedimientos relacionados con los ataques a las sedes de los Tres Poderes del Estado, abarcando no solo a los autores de las invasiones y los saqueos, sino también a los autores intelectuales, los responsables de instigar los actos, sus financiadores y los funcionarios públicos sospechosos de omisión. Bajo la dirección del relator Alexandre de Moraes, se abrieron diversas investigaciones, se recibieron más de mil denuncias de la Fiscalía General y se iniciaron cientos de procesos penales. En septiembre de 2023, se dictaron las primeras condenas: tres acusados ​​recibieron penas de entre 14 y 17 años de prisión por delitos que incluían asociación delictiva armada, intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de Derecho democrático, daños agravados y deterioro del patrimonio protegido. A partir de entonces, las condenas se multiplicaron y el Tribunal Supremo, por mayoría de votos, consolidó la idea de que los actos constituían una acción colectiva destinada a derrocar al gobierno electo e impedir el funcionamiento de los poderes constitucionales.

Sin embargo, no podemos caer en la trampa de defender al «sector democrático» del Tribunal Supremo Federal (TSF), ya que, como institución burguesa, solo impuso límites a los intentos de golpe de Estado porque refleja una interpretación política de sectores de la clase dominante. En otras palabras, para las facciones más liberal-democráticas de la burguesía, especialmente Febraban (Federación Brasileña de Bancos) y los industriales, mantener algunos logros democráticos de la clase trabajadora es más hegemónicamente eficiente que un proceso de derrocamiento del régimen. Llevar a cabo un intento de golpe de Estado podría abrir un escenario peligroso para la dominación burguesa misma, ya que la correlación de fuerzas aún no se ha puesto a prueba plenamente en Brasil.

Así pues, las acciones del Tribunal Supremo Federal contribuyeron a contener el intento de golpe de Estado, pero esto no elimina —ni podría eliminar— el carácter clasista de esta institución. Por el contrario, demuestra que distintas facciones de la burguesía pueden chocar incluso dentro de las instituciones encargadas de preservar el propio régimen. El TSF procesó y condenó a Bolsonaro, a miembros de su gobierno y a altos mandos militares, pero dejó en libertad a muchos orquestadores políticos del golpe, a los jefes de las fuerzas armadas y a los financiadores de los intentos golpistas, lo que permitió el mantenimiento de la articulación política, económica e institucional del bolsonarismo. Por consiguiente, ante la actual crisis del TSF, sería un error caer en una especie de bando jurídico, transformando la política en un apoyo incondicional a Alexandre de Moraes, André Mendonça, Fachin o cualquier otra rama del Tribunal.

El mismo problema se manifiesta en la política adoptada por el gobierno de Lula tras el 8 de enero. Si bien hubo una respuesta inmediata, como la intervención federal en materia de seguridad pública en el Distrito Federal, decretada el mismo día del intento de golpe de Estado, tras el punto álgido de la crisis, el gobierno no convirtió el enfrentamiento con las bases políticas y sociales de la extrema derecha en el eje de una movilización independiente de los trabajadores. Por el contrario, apostando por la desmovilización popular, se centró en reconstruir la gobernabilidad con el Congreso, el Centrão (bloque de centroderecha) y las propias instituciones del régimen, al tiempo que impulsaba una agenda de ajuste económico, simbolizada por el nuevo marco fiscal aprobado en agosto de 2023, que sustituyó el antiguo tope de gasto por una nueva norma que limita el gasto público.

La tercera apuesta de Lula fue normalizar el régimen mediante la conciliación de clases y la reestructuración institucional. Fracasó. La actual crisis en el Tribunal Supremo pone de manifiesto las limitaciones de esta estrategia. Lejos de eliminar las contradicciones que impulsaron el intento de golpe de Estado, la normalización preservó gran parte de las condiciones políticas y sociales que permiten a la extrema derecha reorganizar su ofensiva, desmantelar el TSF y posicionarse para regresar al poder central.

A diferencia de la política de conciliación de clases, la tarea de los trabajadores y la izquierda anticapitalista consiste en intervenir en esta crisis histórica con total independencia política, apostando por la politización de las luchas en curso y su transformación en una fuerza capaz de encontrar su propia salida a la crisis. Esto implica apoyar y fortalecer las huelgas de trabajadores postales y bancarios, impulsar la lucha para acabar con la jornada laboral 6×1 y por los derechos de los repartidores, y, al mismo tiempo, plantear un programa político frente al deterioro de las instituciones.

Es necesario exigir la apertura de todos los expedientes, una investigación independiente, la rendición de cuentas y el encarcelamiento de todos los implicados en esquemas de corrupción en el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como la confiscación de los bienes y fortunas derivados de estos delitos. Al mismo tiempo, debemos defender incondicionalmente las libertades y los derechos democráticos de los trabajadores frente a las amenazas de la ultraderecha y las presiones imperialistas, sin depositar ninguna confianza en la Corte Suprema, el gobierno o las políticas de conciliación de clases como instrumentos capaces de garantizarlos.

Una crisis no se puede resolver desde arriba

Es precisamente aquí donde surge un problema común, aunque expresado de diferentes maneras, en las respuestas presentadas por diversas corrientes de la izquierda, tanto dentro como fuera del orden establecido: la incapacidad de formular una solución política concreta e independiente para la clase trabajadora ante la crisis.

Por un lado, están quienes subordinan su política a la defensa de las instituciones y terminan transformando la lucha contra la extrema derecha en una defensa política del Tribunal Supremo, del gobierno y de la supuesta normalidad burguesa-democrática. Esto es politicismo, que desplaza las verdaderas luchas de los trabajadores de las calles y traslada la tarea de afrontar la crisis a las instituciones del régimen.

Por otro lado, están quienes se limitan a la denuncia abstracta de la corrupción, el régimen y sus instituciones, sin presentar medidas capaces de vincular las reivindicaciones económicas y las luchas en curso con una solución política propia de la clase trabajadora. Esto es economicismo, que restringe la intervención a las demandas inmediatas sin transformarlas en un punto de apoyo para una disputa política más general.

En ambos casos, falta una política de clase independiente capaz de partir de la etapa concreta de movilización, reforzando las reivindicaciones inmediatas y, al mismo tiempo, impulsándolas hacia una respuesta política de los trabajadores a la crisis.

En la postura expresada por Resistência/PSOL, se caracteriza correctamente el peligro que representa la extrema derecha, pero toda la respuesta estratégica termina subordinada a la campaña electoral de Lula. En su artículo «Alerta Roja», Valério Arcary se posiciona una vez más como asesor de un gobierno burgués de conciliación de clases. En lugar de partir de la necesidad de una movilización independiente de los trabajadores ante la crisis, presenta una reorientación de la campaña de Lula como la solución fundamental.

Según Arcary, para derrotar a la extrema derecha, Lula debería incorporar demandas como el fin de la jornada laboral 6×1, la semana laboral de 40 horas, el transporte público gratuito, la tributación de las grandes fortunas, la reforma agraria y la prohibición de los BET (programas de transporte privado). El problema, evidentemente, no reside en estas demandas, muchas de las cuales son progresivas y forman parte de las luchas concretas de los trabajadores. El problema radica en transformarlas en instrumentos para recomponer electoralmente al gobierno, en lugar de utilizarlas como puntos de apoyo para desarrollar una movilización independiente de la clase trabajadora.

Por lo tanto, todo el panorama político se reduce a que Lula tenga que corregir su rumbo para ganar las elecciones. Como resume Valerio, «ajustar la línea para ganar las elecciones es, por consiguiente, imperativo». La crisis política y la amenaza de la extrema derecha parecen, pues, subordinadas a una estrategia electoral. No se trata de construir una salida para los propios trabajadores, sino de presionar a Lula para que adopte un programa más progresivo. En otras palabras, una táctica temeraria desde el punto de vista electoral y completamente capitulador desde el punto de vista estratégico.

La cita anterior resulta reveladora porque proporciona la clave para comprender las medidas presentadas a continuación. Las demandas sociales no se presentan principalmente como puntos de apoyo para el desarrollo de un movimiento obrero independiente, capaz de acumular su propia fuerza y ​​luchar por una salida a la crisis, sino más bien como instrumentos para reconstruir la iniciativa política y electoral del movimiento político de Lula. El texto incluso afirma que «enarbolar nuevas banderas de derechos ampliados y asumir compromisos con los intereses populares» debería funcionar como «una estrategia de movilización».

Sin embargo, esta movilización queda inmediatamente subordinada al objetivo electoral. Se trata, sobre todo, de crear mejores condiciones para que Lula recupere la iniciativa, amplíe su base social y derrote a la extrema derecha en las urnas. Así, las reivindicaciones dejan de ser un punto de partida para la autoorganización independiente de los trabajadores y comienzan a funcionar como un medio para fortalecer electoralmente un gobierno de conciliación de clases.

Es precisamente aquí donde se manifiesta la contradicción central y el carácter ideológico de esta elaboración. El propio diagnóstico que Arcary presenta en su análisis no se corresponde con la estrategia de dos campos que propone, es decir, la política de vincular política y orgánicamente a la izquierda con el llamado campo burgués «democrático», en lugar de construir un campo obrero independiente.

El artículo reconoce que la ultraderecha está activa simultáneamente en el Congreso, en el Tribunal Supremo, en las calles y en las redes sociales, e incluso señala indicios de una crisis del régimen. Sin embargo, si la ofensiva de la ultraderecha se extiende a tantos ámbitos y afecta al funcionamiento mismo de las instituciones del régimen democrático burgués, una respuesta centrada exclusivamente en recuperar la iniciativa electoral de Lula se queda muy corta respecto al diagnóstico presentado. Por lo tanto, existe una ruptura entre los campos de análisis, táctica y estrategia: se identifica una ofensiva política, social e institucional a gran escala por parte de la ultraderecha, pero la respuesta es fundamentalmente una política de campaña electoral rutinaria, sin poner en el centro la necesidad de organización, movilización e intervención independiente de la clase trabajadora.

Las reivindicaciones económicas y sociales presentadas por Arcary podrían servir como punto de partida para procesos reales de movilización, organización y lucha independiente de la clase trabajadora. El fin de la jornada laboral 6×1, por ejemplo, no es meramente una propuesta programática de campaña; expresa una experiencia concreta de explotación vivida por millones de trabajadores y se ha convertido ya en una bandera capaz de impulsar movilizaciones independientes. Cuando esta reivindicación se presenta principalmente como un medio para mejorar las condiciones electorales de Lula, se produce una inversión de la relación entre lucha directa y elecciones. En lugar de que la campaña electoral sirva para fortalecer una lucha concreta ya existente, la reivindicación misma queda subordinada a las tácticas electorales. Al hacerlo, se pierde de vista la única fuerza capaz de imponer su realización efectiva: la movilización directa, independiente y organizada de los trabajadores.

No se trata de no reconocer la importancia de las elecciones ni en subestimar el peligro que representa una ultraderecha que compite en igualdad de condiciones con los partidarios de Lula. El error reside en reducir la confrontación al ámbito electoral. Es necesario considerar el calendario electoral como un campo de batalla concreto, en el que debemos luchar para derrotar a la ultraderecha en las urnas, sin convertir esta lucha en una estrategia subordinada a Lula. La ofensiva en torno a la crisis del Tribunal Supremo demuestra que la ultraderecha opera mucho más allá del ámbito parlamentario, combinando acciones institucionales y extraparlamentarias, presión política, movilización social y lucha ideológica.

Así pues, una derrota electoral para la ultraderecha solo constituirá una derrota definitiva si se vincula a la construcción de una fuerza obrera independiente, capaz de afrontar los fundamentos económicos, sociales e institucionales que le impiden recuperarse. Se trata, por tanto, de disputar las elecciones para derrotarla electoralmente y, al mismo tiempo, utilizar esta batalla para fortalecer la organización y la movilización, capaces de crear las condiciones para derrotarla también en las calles y a nivel estructural.

Arcary, sin embargo, sigue estancado en la estrategia de actuar como el ala izquierda del movimiento político de Lula. Su objetivo no es derrotar al bolsonarismo y, al mismo tiempo, superar lulismo, sino presionar a este último para que adopte una orientación más progresista. El reto que enfrenta una izquierda anticapitalista es diferente. Es necesario derrotar a la ultraderecha sin subordinarse a la conciliación de clases y, en ese mismo proceso, construir una alternativa política independiente para los trabajadores, capaz de ir más allá del lulismo.

Programa máximo y desconexión de la crisis

Si en Resistencia el problema se manifiesta como la subordinación de las reivindicaciones y luchas a la estrategia electoral del lulismo, en sectores de la izquierda independiente puede adoptar la forma opuesta: la ruptura entre la situación concreta de la lucha de clases y el horizonte estratégico de los trabajadores. En este caso, el problema radica en la dificultad de construir las mediaciones necesarias entre las reivindicaciones económicas y políticas inmediatas, el nivel real de conciencia y movilización existente, y una perspectiva más general de transformación social. Sin esta conexión, se pasa directamente de las luchas parciales a las consignas estratégicas sin pasar por consignas de transición concretas. Si bien estas consignas son correctas en términos generales, no responden a las tareas políticas concretas que plantea la coyuntura, ni ayudan a los trabajadores a avanzar, a partir de su propia experiencia, hacia conclusiones más profundas.

El texto del PSTU, «El sistema de los ricos al descubierto», ofrece un claro ejemplo de esta dificultad y surge de una propuesta directamente vinculada a la crisis desatada por el caso Master. La idea, reforzada por los compañeros, de que «sería posible crear una comisión independiente, con representantes de la clase trabajadora, empleados del Banco Central y de la Policía Federal, sindicatos de trabajadores bancarios, organizaciones estudiantiles y juristas, con acceso irrestricto a los documentos», es una medida con la que coincidimos y que ya hemos defendido en artículos anteriores en Esquerda Web y en el programa del Bancada Anticapitalista – 1611. Su importancia radica precisamente en ofrecer una mediación política concreta: ante instituciones plagadas de corrupción, conflictos internos e intereses de distintas facciones de la clase dominante, se necesitan órganos independientes, apoyados por organizaciones obreras, capaces de investigar y divulgar los mecanismos de esta crisis.

El problema surge inmediatamente después. En lugar de desarrollar esta propuesta, vinculándola a las luchas existentes y extrayendo de ellas nuevas tareas capaces de impulsar la experiencia política de los trabajadores, el texto salta directamente a otro nivel programático: «es necesario acabar definitivamente con el Tribunal Supremo Federal tal como existe», sustituyéndolo por «un jurado popular integrado por los órganos de la clase trabajadora».

Más adelante, el salto se amplía: los trabajadores “deben autoorganizarse y construir su propio Estado” y, para acabar con la corrupción, sería necesario “nacionalizar los bancos y los sectores estratégicos y ponerlos bajo control obrero”. El problema no reside en el horizonte estratégico de estas formulaciones, sino en la ausencia de mediaciones que permitan alcanzarlo desde la situación concreta. Entre una comisión independiente para investigar el caso Master y la construcción de un Estado obrero, existe todo un proceso de experiencia, organización y lucha política que debe recorrerse. Sin consignas de transición capaces de vincular una etapa con la otra, el programa máximo aparece yuxtapuesto a demandas inmediatas, correcto como horizonte general, pero sin responder cómo transformar la crisis actual en una experiencia concreta de movilización y avance de la conciencia obrera.

El problema no radica en debatir la naturaleza estratégica de estas propuestas, sino en presentarlas de forma desvinculada del nivel concreto de organización, concienciación y movilización actual. En las condiciones actuales, plantear la sustitución del Tribunal Supremo Federal por un jurado elegido directamente por los trabajadores no responde a las necesidades políticas más urgentes que plantea la crisis, ni ofrece, por sí solo, una herramienta capaz de desencadenar un verdadero proceso de movilización.

¿Cómo se pasa de una comisión de investigación independiente a la sustitución del Tribunal Supremo Federal sin un profundo proceso de lucha de clases capaz de cuestionar el poder político mismo de la burguesía? ¿Qué experiencia concreta de lucha permitiría a amplios sectores de los trabajadores concluir que es necesario construir otra forma de Estado? ¿Y qué organismos autoorganizados reales existen hoy —o están empezando a surgir— capaces de sostener esta perspectiva? Estas no son preguntas secundarias. Son precisamente las mediaciones políticas las que deben construirse para que el horizonte estratégico deje de ser una mera proclamación general y se transforme en una conclusión fruto de la propia experiencia de lucha de los trabajadores.

El propio texto parece reconocer esta dificultad al afirmar: «Pero nada de esto se logrará sin la lucha de los trabajadores para conseguir estos cambios. Es necesario que los sindicatos y los movimientos dialoguen y se organicen». La formulación es correcta en términos generales, pero sigue siendo abstracta. ¿A qué trabajadores se refiere? ¿En qué luchas se basan? ¿Qué experiencias concretas están transformando actualmente la conciencia de sectores de la clase trabajadora? ¿Y cómo podría vincularse la crisis del Tribunal Supremo Federal (TSF) con estos procesos?

Es precisamente en este espacio donde debe realizarse un análisis del nuevo metabolismo de la lucha de clases y las posibilidades que ofrecen las movilizaciones en curso. La tarea no consiste simplemente en convocar genéricamente a sindicatos y movimientos a la lucha, sino en partir de las huelgas, paros laborales y reivindicaciones ya existentes, nacionalizarlas y vincularlas a una respuesta política concreta a la crisis. Esto significa, por ejemplo, vincular estas luchas a la demanda de una comisión de investigación independiente, con la participación de organizaciones obreras, capaz de abrir los archivos e investigar a fondo el caso Master, así como exigir el enjuiciamiento y la prisión de los responsables y la confiscación de los bienes obtenidos mediante esquemas de corrupción y malversación de fondos públicos.

Asamblea Constituyente: cuando el eslogan se vuelve anacrónico

Una dificultad similar a la encontrada en la formulación del PSTU aparece en el texto del MRT «¡Abajo la República de los Banqueros, por una salida obrera!», aunque a través de una propuesta diferente. El artículo intenta partir de luchas concretas. Cita la huelga de los trabajadores bancarios, las movilizaciones de los docentes, la lucha contra el horario de trabajo 6×1 y la confrontación con la precarización del trabajo. Luego, afirma correctamente que «es necesario, por lo tanto, que los trabajadores presenten su propia alternativa a la crisis, basándose en las luchas en curso». El problema, sin embargo, surge en la conclusión que se extrae inmediatamente de esta observación: «la solución debe ser luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, impuesta por la lucha». Una vez más, se pasa de procesos de movilización reales y aún parciales a un eslogan político que, en las condiciones actuales, no funciona como agitación concreta porque no establece un vínculo con las luchas existentes ni con el nivel de conciencia y organización alcanzado por los trabajadores.

La consigna de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana puede cobrar fuerza en un contexto de generalización y politización de las luchas, especialmente cuando la crisis institucional se combina con un proceso ascendente de movilización que aún no ha dado lugar a órganos propios del poder obrero, como consejos populares u otras formas de autoorganización. Pero esta no es la etapa actual de la lucha de clases. Anticipándose a las condiciones que podrían convertirla en una necesidad sentida por amplios sectores de la clase, la Asamblea Constituyente corre el riesgo de quedarse en una proclamación exclusivamente propagandística, en lugar de funcionar como una consigna capaz de organizar, unificar y promover la experiencia concreta de los trabajadores frente a la crisis.

Aquí también existe una mediación que el artículo no demuestra. Una crisis de las instituciones de la democracia de los ricos —es decir, de la democracia burguesa— no implica automáticamente la necesidad de una Asamblea Constituyente. Para que esta consigna adquiera una función política concreta, sería necesario que sectores significativos de la clase trabajadora, basándose en su propia experiencia, comenzaran a romper no solo con una u otra institución, sino con el funcionamiento general del régimen, buscando una forma de reorganización política que cuestione las instituciones existentes y abra espacio para la intervención independiente de los trabajadores.

El artículo en sí, sin embargo, dista mucho de demostrar que este proceso esté ocurriendo o incluso que existan tendencias significativas en esa dirección. Las luchas que menciona —las de los empleados bancarios, los docentes, quienes se oponen al horario laboral 6×1 y los trabajadores sometidos a diversas formas de empleo precario— surgen de demandas concretas y poseen un enorme potencial de politización. A través de la propia dinámica de la lucha, pueden plantear cuestiones cada vez más generales para el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial y los intereses de clase que estas instituciones representan. Pero esto es diferente de afirmar que estas experiencias están convergiendo actualmente hacia la necesidad de una Asamblea Constituyente. Esta transición debe demostrarse políticamente, no simplemente presuponerse.

Tras presentar la propuesta, el texto enumera una serie de temas que una Asamblea Constituyente debería debatir: el control del sistema financiero, los recursos naturales, el poder judicial, la existencia del Senado y la composición del Parlamento. Se trata de problemas políticos fundamentales y perfectamente legítimos. Sin embargo, enumerar los temas que podría tratar una Asamblea Constituyente no responde a la pregunta crucial. ¿Por qué, basándonos en la experiencia concreta que viven hoy los trabajadores, este debería ser el eslogan capaz de canalizar sus necesidades y darles visibilidad política? El contenido potencialmente radical de un eslogan no demuestra, por sí solo, su idoneidad para la situación actual.

Esta diferencia es fundamental. Un eslogan cobra fuerza no solo por su contenido programático, sino también por la relación que establece con las necesidades, la experiencia y el nivel concreto de movilización de la clase trabajadora, así como por su capacidad para impulsar esta experiencia más allá de sus límites actuales. Sin esta mediación, la Asamblea Constituyente —como cualquier otro eslogan desvinculado de la dinámica real de las luchas— deja de funcionar como una respuesta concreta a la coyuntura y se convierte en una fórmula propagandística. En lugar de surgir de las contradicciones y necesidades planteadas por el propio movimiento de lucha de clases, aparece como un eslogan previamente extraído del programa y aplicado a la realidad desde fuera. De este modo, el Programa de Transición deja de servir como instrumento para tender puentes entre las necesidades de los trabajadores, su organización y conciencia actual, y las tareas anticapitalistas para resolver los problemas, y corre el riesgo de convertirse en un catálogo aleatorio de eslóganes elegidos al margen de la experiencia concreta de la clase.

Estas posturas presentan problemas distintos, pero conducen, por diferentes caminos, a la misma dificultad: la incapacidad de construir una política que parta del movimiento real de la clase trabajadora y lo haga avanzar.

En las maniobras políticas y el bicampismo representados por Arcary, las demandas concretas y las luchas mismas se subordinan exclusivamente a las contiendas electorales y a la estrategia de sostener el campo “democrático” burgués. En sectores de la izquierda independiente, como el PSTU y el MRT, por el contrario, aparece una combinación de economicismo y maximalismo: por un lado, la lucha por las demandas se acompaña o apoya tal como se presenta; por otro, se eluden las mediaciones necesarias y se presentan directamente eslóganes estratégicos que no encuentran correspondencia en el plano concreto de organización, conciencia y movilización de los trabajadores. En un caso, la lucha se subordina a las elecciones; en el otro, el programa se superpone al movimiento real.

Nosotros, al igual que nuestros compañeros que se identifican con la izquierda revolucionaria, debemos afrontar este problema buscando puentes concretos entre las necesidades inmediatas, las experiencias de lucha, las formas eficaces de organización obrera y una perspectiva política anticapitalista.

No se trata de rebajar el programa al nivel de conciencia actual, ni de proclamar desde fuera las conclusiones estratégicas que pretendemos alcanzar, sino de encontrar las mediaciones capaces de generar avances políticos, organizativos y de concienciación a partir de la propia experiencia de la clase trabajadora. Y es precisamente en este sentido que lo que hemos denominado el nuevo metabolismo de la lucha de clases puede ofrecer una clave fundamental: comprender dónde, cómo y a través de qué sectores emergen nuevas experiencias de lucha, organización y radicalización, para construir, a partir de ellas, una política capaz de vincular las batallas actuales con una perspectiva estratégica de los trabajadores.

Caracterizar un nuevo metabolismo de la lucha de clases no implica afirmar que existe un aumento generalizado de las luchas en la actualidad, y mucho menos una situación revolucionaria. El proceso es desigual, fragmentado, atraviesa distintos sectores de la clase trabajadora y aún no ha generado una expresión política unificada ni órganos autoorganizados capaces de centralizarla. Pero sería igualmente erróneo no percibir que, en los últimos años, han surgido experiencias que indican cambios importantes en la capacidad de acción, organización y resistencia de sectores de la clase trabajadora.

Las huelgas de repartidores son una de las expresiones más significativas de este proceso. Las plataformas han creado una forma de explotación basada precisamente en la dispersión de la mano de obra. El repartidor no tiene un lugar fijo de trabajo, no convive diariamente con cientos o miles de compañeros en la misma fábrica, utiliza sus propias herramientas y se le presenta ideológicamente como «autónomo». Pero es bien sabido que esta «autonomía» desaparece ante las relaciones laborales reales.

Todo parecía indicar, por lo tanto, una enorme dificultad en la organización colectiva. Las huelgas demostraron precisamente lo contrario. Trabajadores dispersos a lo largo de cientos de kilómetros de la misma ciudad lograron crear puntos de encuentro, establecer reivindicaciones comunes, organizar huelgas y enfrentarse directamente a las multimillonarias empresas. La importancia de esta experiencia trasciende a los repartidores. Demuestra que las transformaciones en la organización capitalista del trabajo no han hecho desaparecer a la clase trabajadora ni han eliminado su capacidad de lucha. Simplemente han modificado las condiciones en las que debe construirse dicha organización y, con ello, están empezando a generar nuevas formas de acción colectiva.

La lucha por acabar con la jornada laboral 6×1 apunta en la misma dirección. Su fuerza no surgió originalmente de una elaboración parlamentaria ni de un eslogan artificialmente construido por organizaciones políticas. Encontró terreno fértil en la experiencia social vivida por millones de trabajadores con largas jornadas, largos desplazamientos, bajos salarios y la sensación cada vez más extendida de que prácticamente toda la vida está subordinada al trabajo. Por eso, esta reivindicación ha logrado adquirir una capacidad de identificación que trasciende las categorías profesionales específicas.

La huelga 6×1, en este sentido, pone de manifiesto una de las contradicciones históricas fundamentales entre capital y trabajo: la disputa sobre quién controla la vida. Y precisamente porque surge de una experiencia compartida, tiene el potencial de unir a trabajadores que permanecen separados por formas contractuales, categorías sindicales y diferentes regímenes de explotación. Un trabajador de supermercado, un dependiente, un repartidor a domicilio o un empleado de una gran empresa pueden reconocer en esta causa un problema común, aunque sus condiciones laborales concretas sean muy diferentes.

Estos procesos se ven agravados por huelgas y movilizaciones de empleados bancarios, postales, docentes y otros colectivos. No se trata de sumar mecánicamente estas experiencias y proclamar la existencia de un levantamiento general que aún no existe, sino de comprender lo que revelan en su conjunto: mientras una crisis política e institucional se agudiza en las altas esferas, afectando a distintas facciones de la clase dominante, en las profundidades aún existen movimientos fragmentados pero reales que comienzan a experimentar con nuevas formas de lucha, organización y politización.

Es precisamente a partir de esta combinación contradictoria que debe partir una política revolucionaria. Esta no debe sustituir estas experiencias con eslóganes grandilocuentes que aún no se corresponden con su etapa de desarrollo, ni subordinarlas a la estrategia electoral del lulaísmo.

La tarea consiste en identificar sus tendencias más avanzadas, contribuir a su nacionalización, tender vínculos entre luchas que actualmente permanecen separadas y formular consignas políticas capaces de conectarlas con la crisis que se desarrolla en las alturas. En otras palabras, se trata de construir un puente entre la crisis del régimen, iniciada y profundizada por el enfrentamiento entre las distintas facciones de la burguesía en el seno del Tribunal Supremo Federal, y las necesidades y demandas concretas que movilizan a los trabajadores.

Es en este terreno donde las luchas económicas pueden adquirir un contenido político más general, y donde la crisis institucional puede dejar de ser una disputa entre sectores de la clase dominante para transformarse en un espacio de intervención independiente por parte de la clase trabajadora. Esta es la mediación necesaria entre las demandas inmediatas, la lucha política y una perspectiva anticapitalista de los trabajadores.

Apoyarse en el nuevo metabolismo y los sectores en lucha

La combinación de la crisis histórica del Tribunal Supremo, agravada por la ofensiva de Bolsonaro —que abre una coyuntura aún más incierta y peligrosa desde arriba— y las importantes luchas que se desarrollan desde abajo lleva a una conclusión: ni las soluciones vinculadas a la estrategia de conciliación de clases, que subordinan a los trabajadores a una de las facciones de la burguesía, ni aquellas que, aunque reivindiquen una perspectiva revolucionaria, son incapaces de presentar una política concreta para intervenir en la situación actual, nos sirven.

Independientemente del resultado que la clase dirigente encuentre para la crisis actual —y todo indica que sigue profundamente dividida—, el problema central para los trabajadores sigue siendo el mismo. Un sector de la burguesía, más directamente alineado con la ideología de Bolsonaro, parece apostar por el sacrificio político de Alexandre de Moraes como parte de una ofensiva más amplia contra el Tribunal Supremo Federal (TSF). Otro sector tiende a buscar una solución negociada, capaz de restablecer cierto grado de estabilidad institucional sin perturbar el equilibrio del régimen. Ante estas alternativas construidas desde arriba, el desafío es diferente: construir una respuesta independiente que parta de las luchas existentes, contribuya a desarrollarlas, nacionalizarlas y unificarlas, y al mismo tiempo formule medidas políticas concretas que permitan a los trabajadores intervenir en la crisis del régimen con sus propios intereses y su propia fuerza.

Por lo tanto, no existe otra vía eficaz para nuestra clase y para una perspectiva anticapitalista que comenzar con el apoyo total a los sectores en lucha y a las demás luchas en curso. Es necesario combinar la defensa de sus reivindicaciones inmediatas con la construcción de una salida concreta y adecuada para la clase trabajadora en la crisis política que hoy tiene su principal epicentro en el Tribunal Supremo Federal (TSF). No se trata de transformar la lucha directa en una mera táctica electoral, ni de superponer soluciones políticas abstractas, desconectadas de la realidad, a las movilizaciones existentes.

Por el contrario, se trata de construir concretamente el vínculo entre la lucha sindical y la lucha política, asegurando que las movilizaciones en curso se conviertan en puntos de apoyo para la intervención independiente de los trabajadores en la crisis del régimen y, al mismo tiempo, que esta intervención política contribuya a fortalecer, unificar y expandir las propias luchas.

Desde este punto —y a partir del apoyo inmediato y práctico a las categorías en lucha— abogamos por la construcción de un pleno nacional de luchadores, candidatos, movimientos sociales, federaciones sindicales y organizaciones políticas de izquierda, con el objetivo de elaborar un programa político y económico común y preparar una jornada nacional de movilización. La construcción de una jornada de lucha que unifique a las categorías y ponga en primera línea los intereses más arraigados de la clase trabajadora debe articularse con la necesidad de crear las condiciones para la organización y la sensibilización necesarias para organizar una gran jornada nacional de huelgas que abarque a diferentes categorías de trabajadores y sectores como las mujeres, la juventud, el movimiento negro y los pueblos indígenas.

Esta coalición debería unificar la lucha para acabar con el horario laboral 6×1, defender los derechos de los repartidores y la medida provisional del salario mínimo, combatir las privatizaciones y exigir una investigación independiente sobre el escándalo del Banco Master, con la divulgación de toda la información de interés público y el enjuiciamiento de todos los implicados, con penas de prisión y confiscación de los bienes obtenidos mediante esquemas de corrupción.

No podemos dejar en manos de la clase dirigente la definición de soluciones a la crisis que ellos mismos crearon. Los trabajadores deben apropiarse de los principales problemas nacionales e intervenir en ellos desde su propio interés, transformando las luchas existentes en una fuerza política independiente.

Pasar a la ofensiva y alterar de forma más profunda el equilibrio de poder no será el resultado de una proclamación, sino de un proceso en el que avancen conjuntamente demandas concretas, movilización, organización y conciencia política. Es a través de este camino que se pueden crear las condiciones para luchas más amplias y radicales y, en última instancia, para confrontaciones de trascendencia histórica.

Aunque nos encontramos en plena campaña electoral, es necesario romper con la rutina y construir una campaña vinculada a las luchas y necesidades políticas concretas de la clase trabajadora, con el objetivo de derrotar a la extrema derecha sin subordinarnos al lulaísmo y, al mismo tiempo, avanzar en la construcción de una alternativa independiente.

No concebimos esta sesión plenaria nacional como una cumbre ni como una simple reunión de organizaciones, sino más bien como un espacio inmediato que permita a las luchas actualmente dispersas reunirse, debatir sus demandas y construir acciones conjuntas frente a la crisis política.

En este sentido, la campaña electoral debe utilizarse para dar visibilidad, fuerza y ​​alcance nacional a este proceso de movilización, y no para subordinar las luchas a las necesidades electorales.

Esto exige que las organizaciones con verdadero peso entre los trabajadores y la juventud —como la CUT, la CTB, la UNE, el MST y el MTST— rompan con la pasividad y pongan su fuerza social, su capacidad de movilización y su estructura al servicio de la movilización. No basta con que estas organizaciones se limiten a declaraciones o apoyo electoral: deben contribuir concretamente a la construcción de una campaña de lucha unificada.

En este sentido, abogamos por que CSP-Conlutas tome de inmediato la iniciativa de convocar una asamblea plenaria nacional urgente, abierta a todas las categorías de trabajadores en lucha, movimientos sociales, federaciones sindicales, organizaciones políticas y candidatos de izquierda, e invite a otras organizaciones a construirla conjuntamente. Conlutas, precisamente por reivindicar una perspectiva independiente y de clase, no puede limitarse a monitorear cada conflicto por separado: debe poner su estructura y su capacidad de articulación al servicio de la unificación política de las luchas en curso.

Al mismo tiempo, los candidatos y organizaciones de la izquierda socialista deben utilizar la contienda electoral como plataforma para fortalecer este proceso, dando visibilidad a las huelgas y movilizaciones, haciendo un llamado a la unidad en las luchas y poniendo sus espacios políticos al servicio de la organización independiente de los trabajadores. La campaña electoral debe servir para impulsar la lucha directa en defensa de los derechos económicos, sociales y políticos de los trabajadores, y no para subordinar estas reivindicaciones a las necesidades de la contienda electoral. El objetivo debe ser precisamente el contrario: utilizar la campaña para derrotar categóricamente al bolsonarismo, ampliar la autoorganización independiente de la clase y superar la conciliación lulista.