Frente a la grave intromisión de Llaryora en la organización de los trabajadores docentes, desde las escuelas exigimos las 17 licencias de UEPC Capital.

El gobierno de Córdoba ha negado desde nuestra asunción el 1 de diciembre del 2023 las diecisiete licencias gremiales que le corresponden a la UEPC capital, mostrando un alineamiento con el gobierno de Milei y sus planes de ataques a las organizaciones de las y los trabajadores. A comienzos del 2024 nos asignaron dos licencias y luego dos más, con la promesa incumplida por parte de la Junta Ejecutiva Central de UEPC de que ese número podría ampliarse a seis. Eso nunca sucedió, y tras haber peleado contundentemente este año en el marco de las paritarias, el gobierno provincial resolvió quitar las cuatro licencias gremiales de la delegación.

Llaryora no actúa en soledad. Aprovecha que el gobierno de ultraderecha y ultracapitalista de Javier Milei le declaró la guerra a los trabajadores. Entre las medidas más regresivas del gobierno nacional está la brutal reforma laboral antiobrera que se aprobó a comienzos de este año. Para lograr derrotar a los trabajadores, Milei avanza en disciplinar a sus organizaciones. Con el aval del peronismo, que muchas veces desmoviliza y en otros casos son parte de estos ataques a los trabajadores, como se ve en la provincia de Córdoba, con el accionar del gobernador y de la Celeste que conduce UEPC.

Los ataques a las organizaciones de los trabajadores nos hacen recordar a épocas nefastas, como la dictadura cívico militar, que -a fuerza de desapariciones, muertes, encarcelamientos y torturas- buscó aniquilar a las organizaciones obreras. Claramente no estamos en ese momento, pero hay una marcada intencionalidad de avanzar sobre los sindicatos. Hay varios ejemplos: la intervención en la UOM, el no reconocimiento de sindicatos de base como el SitraRepA, la negación a otorgar licencias gremiales a varios sindicatos docentes recuperados, el impedir que los delegados concurran a actividades gremiales, el coartar el derecho a hacer asambleas y hasta militarizar las asambleas de trabajadores, entre otras. Todas estas acciones atacan directamente a los trabajadores en la defensa de sus derechos.

El ataque antisindical que significa el retiro de las cuatro únicas licencias gremiales a UEPC Capital por parte del gobierno es una medida profundamente política que busca impedir el funcionamiento independiente de las organizaciones gremiales. Es parte del modo de operar que incluyó la infiltración de la policía con agentes encubiertos en la última asamblea departamental de nuestro sindicato y los gases y la violencia ejercida en el marco de las movilizaciones. “Para UEPC Capital no hay licencias gremiales” dijo el Secretario de Gobierno, Consalvi -según transmite el Secretario General de UEPC Roberto Cristalli-. ¡Para la delegación que más enfrenta los planes de ajustes y ataques a la educación pública del gobierno no hay ninguna licencia!

Las licencias gremiales son de toda la docencia para poder defender sus derechos. La Capital es la delegación más grande de la provincia con 42.000 docentes en 650 establecimientos y en tres turnos. Su cuerpo de delegados es enorme y muy activista (por eso los reiterados aprietes que hace el Ministerio sobre ese organismo), pero la necesidad de la intervención en las escuelas no basta con los delegados, necesita del acompañamiento de la Comisión Directiva en las escuelas. Es por este motivo que exigimos las 17 licencias que históricamente tuvo la delegación.

¿Qué hizo la conducción de la UEPC frente a este ataque?

Desde el inicio, no depositamos ninguna confianza en que la Junta Ejecutiva Central de la UEPC llame a un plan de lucha por el otorgamiento de las 17 licencias preexistentes, porque la JEC sostuvo el rol de garantizar la aplicación de todas las medidas del gobierno de Llaryora. Luego de infinidad de presentaciones legales al gobierno y a la justicia, petitorios con más de cinco mil firmas de docentes, pedidos, reuniones, etc., su respuesta -como no podía ser de otra manera- fue reproducir lo que le dijo el gobierno: la Delegación Capital no va a tener licencias.

La JEC de nuestro sindicato avala el ataque a la docencia que está representada en la delegación más grande de la provincia. Es un escándalo y genera mucha bronca por abajo. Por muchos motivos, la docencia votó hace apenas unos meses en asamblea un “fuera Cristalli” que recorrió la provincia.

Cristalli ofreció a cambio de las licencias gremiales unos míseros cinco millones de pesos en sumas extraordinarias para que se puedan licenciar sin goce de sueldo algunos cargos de compañeros que estamos al frente de la Delegación. Desde la Agrupación Docente Anticapitalista Carlos Fuentealba rechazamos esa suma miserable y este acto extorsivo y proponemos redoblar la campaña por las licencias gremiales. La licencia gremial es un derecho establecido por ley y es el sindicato el responsable de garantizarlo. Si el gobierno se niega a pagarlas, el sindicato tiene que asignar los recursos correspondientes.

La defensa de la UEPC Capital está en manos de la docencia

El viernes pasado asistimos a una audiencia en Tribunales, con una muy buena presencia de delegadas y delegados que hicieron el aguante en la puerta. Se presentó una cautelar que tendremos que sostener con el cuerpo. Es clave la intervención de nuestro cuerpo de delegados para hacer una histórica campaña por las licencias.

Desde la Agrupación de Docentes Anticapitalistas Carlos Fuentealba llamamos a defendernos contra el ataque de Llaryora y exigir todas las licencias. El ataque no es económico, ni administrativo; es profundamente político: lo que está en juego es rechazar toda intromisión de los gobiernos en las organizaciones de los trabajadores. Solo con la participación de la docencia podremos lograr la recuperación de las licencias y defender nuestros derechos.

Hay que organizar un escuelazo llevado adelante por delegados y delegadas, que sirva para denunciar el quite de las licencias, abrir debates en las escuelas y proponer un plan de lucha frente al ataque y peligro que tiene la intromisión del gobierno de Llaryora en nuestra organización. El único camino es que participe toda la docencia y exijamos al gobierno las licencias.