Nueva misión del FMI para un plazo de gracia y nuevo acuerdo de ajuste

El gobierno quiere llegar a un acuerdo con el FMI a toda costa, pidiendo un plazo de gracia para empezar a pagar. El Fondo exigirá lo que siempre exige: que se ajuste a los trabajadores.

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Encabezada por Julie Kozack (directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI) y Luis Cubeddu (jefe de misión para Argentina), que se unirán al representante permanente del FMI en la Argentina, Trevor Alleyne, la misión de FMI a la Argentina consistirá en una serie de entrevistas con miembros del Gabinete (especialmente, con el Ministro Guzmán y el titular del BCRA, Miguel Pesce), pero también del Congreso, así como de distintos sindicatos y sectores empresarios, en la primera de lo que será una serie de una consultas presenciales que continuará el mes de noviembre para acordar un nuevo programa de financiamiento en el país.


En principio, según el vocero del FMI Gerry Rice, la visita de este martes sería de carácter informal, una “staff visit” en la que los representantes del Fondo vendrían a “escuchar” al gobierno para conocer los planes económicos y políticos para el próximo período. Se trata de un caso excepcional, ya que durante los últimos meses el FMI no había realizado misiones presenciales a ningún país (en los últimos días, por ejemplo, el Fondo cerró un acuerdo de 6.500 millones de dólares con Ecuador de forma enteramente virtual). Por esta razón, distintos analistas han considerado que esta visita se trata de un gesto de buena voluntad por parte del organismo internacional hacia el gobierno fernandista (Infobae, 3 – 10) .


Se trataría de una “misión política” (ídem), una visita destinada a comenzar a evaluar el clima político del país, que no sin razón se ha descrito como “de incertidumbre” (ídem) debido a la fuerte crisis económica que vive el país y en la que empieza a despuntar la creciente crisis social (por ejemplo, el índice de pobreza que alcancó el 40,9% en los últimos días, el problema de la vivienda que trajeron a colación las ocupaciones de terrenos como en el caso de Guernica, así como el cada vez más desbordado sistema de salud) y de crisis política. El gobierno de Fernández aparece cada vez con menor margen de maniobra, entre una situación económica objetiva que no da perspectivas de mejorar y que aprieta los bolsillos de la población trabajadora, una pandemia que llegó para quedarse, y las presiones por derecha de la burguesía argentina.

La visita se da en el contexto del reciente anuncio de las nuevas medidas económicas por parte del gobierno de Alberto Fernández (que intentan empujar a la oligarquía sojera a liquidar sus reservas de grano y facilitar la entrada de dólares a la economía argentina, que sufre una aguda sequía de divisas) al tiempo que se empieza a poner en discusión el proyecto de Presupuesto para el 2021 (discusión en la que los representantes del FMI esperan interceder).

La deuda argentina con el FMI, cuyos vencimientos comienzan el año que viene y corren llegan hasta 2022 y 2023, asciende a 31.913,7 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs, la moneda de cuenta del FMI), que equivalen a 45.000 millones de dólares. Las negociaciones con el Fondo estarían destinadas a evaluar un aplazamiento de los vencimientos de pago, como señaló Sergio Chodos, representante argentino en el FMI (Télam, 5 – 10). No está claro a qué tipo de arreglo final llegarían, pero en principio se inclinarían por un  “acuerdo de facilidades extendidas”, con un plazo de reembolso que va de 4 a 10 años, a diferencia del acuerdo “stand – by”, que puede implicar plazos de entre 12 y 24 y que no puede superar los 36 meses. Según anticipan los analistas, el FMI prestaría especial atención a 2 problemas: controlar la emisión monetaria y el déficit fiscal para evitar un desborde inflacionario (MDZ, 5 – 10). Los números del país al respecto no son muy esperanzadores, en la medida que la recaudación fiscal hacia el mes de septiembre estuvo sólo 3 puntos por encima de la inflación (43,7% contra 40%) y que la emisión de moneda por parte del Banco Central alcanzó los 193.500 millones de pesos, una cifra elevada.

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