Después del discurso de Alberto Fernández

No hay que pagar la deuda externa

Debemos aprovechar cada oportunidad de salir a las calles, para romper con la inercia social que prima en la pandemia y que el gobierno alienta para evitar cualquier posible desborde.



El discurso de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias dio inicio formal al año político 2021. Con fuerte impronta electoral centrada en polarizar con la oposición cambiemita, el gobierno retomó la iniciativa política luego del renunciamiento de Ginés a cuenta de las vacunas vip.

Aún cuando no está claro el calendario electoral y se discute la postergación de las PASO o una menos probable anulación, el gobierno parece sentirse seguro de cara a las elecciones legislativas. Pero, si por un lado logró su cometido de volver a aparecer en escena con ofensiva discursiva, por otro lado, la ausencia de anuncios de peso que impacten en la vida real de los trabajadores (salarios, salud y vacunas, femicidios, el futuro de la juventud, educación) transmite la idea de un desacople entre las palabras en las alturas y la realidad cotidiana de las masas en el llano.

Dos días antes, una convocatoria de Juntos por el Cambio a manifestaciones contra el “vacuna-gate” en distintos puntos del país intentó inaugurar el calendario con la apuesta a acciones masivas. El resultado fue un fracaso completo. La indignación hipócrita del macrismo impulsada hasta el hartazgo por los medios de comunicación opositores está a miles de kilómetros de la masa de trabajadoras y trabajadores que, lejos de sorprenderse ante el privilegio que tienen los amigos del poder, lo repudian pero saben que en esto el gobierno es igual a tantos otros. La concentración derechista fue marginal. Sólo trascendió la provocación fascistoide de las bolsas negras con el nombre de Estela de Carlotto, un hecho grave que debe ser enfrentado con la más amplia movilización el próximo 24 de marzo y que fue obviado por el presidente en su largo discurso.

La oposición por derecha al gobierno no termina de salir de su crisis. El proyecto de país liberal de Macri viene de fracasar y, a pesar de la enorme mediación que significa la pandemia, las relaciones de fuerza no han girado a la derecha lo cual lo deja limitado a su base social, incluso siendo que conserva la simpatía de sectores de la burguesía. Por su parte el sector centrista de Cambiemos con Larreta a la cabeza aparece como una opción más acorde al tiempo político y con poder de gobierno, pero sin poder de dirección al interior del partido. Una contradicción de la coalición irresuelta de momento.

Aún si de momento no hay muestras de cuestionamientos generalizados al gobierno de Fernández ni han irrumpido eventos de la lucha de clases que logren impacto nacional en lo que va del año, más allá de los casos de femicidios que sí irrumpen en la escena pero que no llegan a cuestionar de manera directa al gobierno. La concreción del propio proyecto social-liberal aparece como una quimera. La pandemia ha aumentado el deterioro económico, social y sanitario (apenas amortiguado por planes de subsidio a la pobreza como los IFE o las empresas vía subsidio al salario como los ATP) y la perspectiva de una nueva ola de contagios para los próximos meses del año amenaza con profundizar estos elementos de crisis. Pero ¿cómo lograr pasar de las palabras “bonitas” a la satisfacción de las necesidades sociales sin destinar los recursos, es decir sin billetera ni voluntad?

Claro que no es solamente un problema de recursos o de billetera, sino de orientación política y económica: una convicción liberal que ordena al gobierno y que más allá del relato de la judicialización a Macri y sus funcionarios por el destino de los 44000 millones de dólares pedidos al FMI, ha dejado claro que pagará la deuda al Fondo pase lo que pase. La misma convicción liberal que primó ante cada roce con la burguesía a lo largo de 2020 (recordemos Guernica, Vicentin, el “menti-impuesto” a las fortunas y la reforma del cálculo jubilatorio a pedido del FMI, la eliminación de IFE y ATP, etc.), pero en un 2021 que inicia con la acumulación del deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de todo un año y sin fin de la pandemia hasta inicios del 2022 por lo menos.

Tampoco hubo referencias de peso a las vacunas y la urgencia de una vacunación masiva. Si es un hecho que el plan de vacunación ha iniciado a nivel nacional, se estima que el porcentaje de vacunados está próximo al 1.6% del total de la población. Un número insignificante teniendo en cuenta que se calcula que la inmunidad de rebaño se logra a partir del 70% de la población vacunada. En esto, el gobierno tampoco saca los pies del plato: al igual que algunos países como India o Sud África no ha hecho más que declamar que deberían eliminarse las patentes (lo cual permitiría producir de manera masiva las vacunas) pero sin tomar ninguna medida concreta al respecto. Y esto en un país que tiene la capacidad técnica y los recursos científicos y humanos para poder desarrollarlas sin problemas (de hecho Argentina produce el componente activo de las vacunas de Astrazeneca y próximamente la Sputnik V). Una muestra de apego irreductible a las leyes del mercado capitalista completamente ajenas a las necesidades de los de abajo.

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Un gobierno tutelado por el FMI

Durante su alocución, Alberto Fernández hizo referencia a la necesidad de investigar el endeudamiento del gobierno de Macri. Esta supuesta investigación carece de toda efectividad y eficiencia en la medida de que el gobierno no pone en duda el pago de dicha deuda y está jugado a llegar a un entendimiento con el FMI que le garantice al organismo internacional el cobro integro de la deuda. No obstante esto, una resolución superestructural en dicho organismo de crédito internacional le dio un margen de respiro al gobierno que le permite postergar un poco la firma de dicho acuerdo. Es que el gobierno argentino recibirá del Fondo 3.500 millones de dólares en los próximos meses en concepto de “derechos especiales de giro” disponibles para países miembros del organismo, lo suficiente para afrontar pagos de deuda con el propio Fondo, que este año serían de 3.700 millones de dólares. De ahí la calma del gobierno al referirse a la negociación con el organismo para este año.

No obstante esto, el FMI continúa metiendo a contracorriente del mundo para que el país ajuste sus cuentas. Durante 2020 la mayoría de los países aumentaron sus deudas públicas (y muy fuerte en la Unión Europea y Estados Unidos) para la creación de planes de asistencia con el fin de disminuir el impacto económico generado por la pandemia y este año, nuevamente, el Banco Central Europeo autorizó a los países miembros de la UE a mantener alto el gasto público mientras continúe la pandemia. En nuestro país el FMI insiste en retirar las ayudas sociales a medida que haya una reactivación económica, ya que considera el nivel de gastos insostenible en el tiempo.

Para el gobierno de Fernández los dictámenes del FMI son un ordenador incuestionable. Tributo de esto es la promesa del gobierno de reducir el déficit fiscal de 8.5% a 4.5% para este año, una reducción que implica entre otras medidas el retiro de asistencias vinculadas ala covid-19 aún en la persistencia de la pandemia. El descongelamiento de tarifas anunciado por Fernández en transporte, gas y electricidad congelados desde marzo del 2019 es parte de esta iniciativa.

Para suavizar este anuncio poco feliz para los trabajadores, prometió la desdolarización de los precios de servicios, una promesa poco creíble cuando el Plan GAS (una medida impulsada para incentivar la inversión en Vaca Muerta) garantiza a las empresas privadas los precios en dólares, al igual que los de hidrocarburos cuyo precio está establecido por la cotización internacional del barril.

Aquí los discursos vuelven a chocar con la orientación liberal. Si pretende despegar el precio de las tarifas respecto del dólar en el marco del descongelamiento, debería compensar a las empresas y/o a los usuarios vía subsidios. Gastos que a la vez pretende evitar para no salirse de los márgenes establecidos por el FMI. Recordemos que el acuerdo que negocia el gobierno implica la tutela por parte del organismo de crédito que exige reformas estructurales y medidas de austeridad para garantizar el pago de deuda.

Continúa el ajuste vía inflación

Pero mientras los dólares que entran vuelven a salir para el pago al FMI, por abajo los salarios se siguen deteriorando ante la inflación cercana al 8% en los primeros dos meses y cuyas estimaciones para el año están muy por encima del 29% que pretende el gobierno, algunas consultoras hablan de hasta un 50%. En este marcó la burocracia de Baradel y compañía ha firmado un aumento paritario docente que intentan imponer como caso testigo para todos los trabajadores. Un aumento en 3 cuotas de un 34,5% que no solo quedaría por debajo de las proyecciones de inflación de este año, sino que, además, no contempla una recuperación de lo perdido durante el año pasado. Mientras que no se invirtió un peso a lo largo del 2020 en condiciones edilicias y para mejorar los recursos educativos, ahora pretenden someter a la educación a un nuevo desfinanciamiento y evitar que los salarios de los trabajadores en general se recuperen luego de que en el 2020 los salarios quedaron en promedio 6 puntos por debajo de la inflación.

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Por estos días las trabajadoras y trabajadores de la salud en Neuquén han llevado adelante una gran movilización y la convocatoria  a una asamblea inter-hospitalaria en rechazo a un aumento mísero del 12% ofrecido por el gobierno provincial y aceptado por la burocracia sindical. O el caso del frigorífico Arrebeef en la localidad de Perez Millan (Buenos Aires) donde los trabajadores cansados de salarios miserables mientras que los precios de exportación y el kilo de carne en el mercado interno no para de subir,  han iniciado una pelea por aumento y ocuparon el local del sindicato. Muestras de que eventualmente el tema salarial y de condiciones de trabajo podría dinamizar la coyuntura ante la continuidad del deterioro.

Los jóvenes, uno de los sectores más afectados por la pandemia a nivel educativo y psico-social también son víctimas de la súper explotación y la precarización, en algunos casos trabajando en comercios 12 horas por día y 6 veces por semana por salarios de 20 mil pesos; en call centers con salarios de 14 mil, como repartidores con salarios ínfimos y sin derechos laborales, en fábricas como personal eventual o “por agencia” o incluso bajo las nuevas modalidades de docencia precarizada. Este fenómeno de súper explotación juvenil, precarización aparece como un hecho mundial en que las condiciones de pandemia son aprovechadas por las patronales para exprimir al máximo a las nuevas generaciones mientras otro quedan relegados a la desocupación. Un caldo de cultivo que podría dar lugar a nuevas irrupciones juveniles como ha ocurrido en los últimos años. Este sector puede ser de los más dinámicos por lo que resulta de mucha importancia ligarnos laboralmente y eventualmente pelear juntos por los derechos de las nuevas generaciones.

A las calles contra los femicidios y por los 30.000 desaparecidos

Alberto Fernández insiste a sus simpatizantes que no se movilicen. Así lo hizo evitar la presencia de manifestaciones en el Congreso durante la apertura de sesiones este último primero de marzo, y es en ese mismo sentido que el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos afines al mismo han decidido no marchar el 24 de marzo pese a que toda la vida social ha retornado casi a la normalidad plena: se habilitan la apertura de cines, teatros y hasta los partidos de fútbol con público. Un doble estándar reaccionario que garantiza el lucro de los empresarios, pero pretende congelar las movilizaciones para circunscribir la política a los estrechos muros del parlamento y las instituciones burguesas. Esta apuesta consiente a la desmovilización no es ingenua, mientras mayor sea la pasividad en las calles menor es el poder de cuestionamiento a los de arriba y principalmente al gobierno.

Este intento desmovilizador se da en circunstancias dramáticas. En lo que va del año se han producido 50 femicidios y se calcula que el 20% son cometidos por miembros de la fuerza policial, pero el gobierno que supo “decretar” el fin del patriarcado es incapaz de llevar adelante una sola medida que ponga fin a esta aberración. La creación del Ministerio de la Mujer no pasó de ser un gesto sin efectos prácticos para la vida de miles de mujeres víctimas de violencia de género, en ese sentido hacemos responsables políticos al gobierno y a la ministra Gómez Alcorta, y exigimos la destitución de los jueces y funcionarios que amparan a los femicidas. ¡Es necesario decir basta! Este lunes 8 de marzo debemos ser miles en las calles para terminar con los asesinatos de tantas mujeres, por justicia por Úrsula, Ivana, Guadalupe y todas; para que no haya ni una menos.

A su vez el próximo 24 de Marzo se presenta como una gran oportunidad de movilizar masivamente y empalmar con amplios sectores democráticos que pueden estar dispuestos a salir a las calles. El Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) ya está organizando una gran movilización para ese día en donde marchando de Congreso a Plaza de Mayo levantará sus banderas para conmemorar a los desaparecidos de la última dictadura militar y exigir a este gobierno cese de la impunidad de ayer y de hoy. Y junto con esto repudiar las provocaciones fascistoides llevadas adelante días atrás por sectores ligados al Pro y a libertarios que intentan atacar una de las mayores conquistas de los sectores democráticos como son la memoria de la dictadura y de los responsables, la verdad sobre los crímenes cometidos y la exigencia de justicia.

Debemos aprovechar cada oportunidad de salir a las calles, para romper con la inercia social que prima en la pandemia y que el gobierno alienta para evitar cualquier posible desborde. Desarrollar toda actividad que nos lleve a establecer contacto por la vía de volanteos, piqueteos y agitaciones a la vez que calentamos motores para instalar a nuestros candidatos y figuras.

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