El 6 de agosto el Congreso va a ser escenario una vez más de la expresión de la rabia que se cocina por abajo contra el gobierno de Milei. El tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada apareció como un posible catalizador para la movilización por una situación que no se aguanta más.

Ese mismo día se trataría el proyecto de ley de la senadora Carolina Losada denominado de Falsas Denuncias. El proyecto tiene mínimas modificaciones del dictamen aprobado en Diputados el pasado abril, pero mantiene exactamente el mismo espíritu: perseguir a quienes realicen denuncias por violencia de género, silenciando aún más a las víctimas.

El borrador, que se habría presentado recientemente modificó el texto, dejando de hablar explícitamente de “violencia de género y abusos sexuales”, para referirse ahora a “delito doloso grave”, y en lugar de hablar de “menores” se refiere a “personas vulnerables”. Conceptos de una enorme vaguedad que no son más que un intento descarado de evitar el enorme rechazo social que generó desde el primer momento.

Este proyecto aparece como parte de una embestida de la extrema derecha contra el alza de luchas que desde 2015 recorren el mundo, contra todas las formas de violencia. Los movimientos Ni Una Menos, el #MeToo, la pelea de Gisele Pelicot junto al movimiento feminista, la pelea de la Marea Verde, las movilizaciones en defensa de los derechos de las personas trans, que tuvieron lugar desde hace más de 10 años, entre otras cosas ganó algo muy importe: romper el silencio y la vergüenza de ser víctima de cualquier tipo de violencia de género.

La voz de las mujeres y diversidades que se alzaron contra la violencia, los abusos, contra el patriarcado envalentonaron a más y más víctimas que dieron un paso y se trasformaron en luchas. Son esas voces las que hoy la extrema derecha quiere volver a silenciar, y encerrar en el closet de la culpa y la vergüenza.

Quienes hoy promueven los proyectos contra las supuestas falsas denuncias no les interesa nada la verdad mucho menos la justicia. No denuncian que los procesos judiciales revictimizan una y otra vez a quienes se atreven a ir contra sus abusadores. No exigen que las herramientas necesarias para atravesar un proceso judicial estén disponibles para las víctimas (querellantes y patrocinios gratuitos, espacios de acompañamiento psi, medidas de protección frente a las amenazas de los denunciados). Sólo quieren silenciar la voz de quienes denuncian.

El aumento de las penas por falsas denuncias es una campaña para atemorizar a las víctimas que teman por una represalia si denuncian y los victimarios no son condenado (como ocurre en la mayoría de los casos). Actualmente Patricia Godoy es un caso ejemplificador de esto: ella fue testigo clave en el caso del cuádruple femicidio de La Plata, donde fueron asesinadas Micaela, Bárbara, Susana y Marisol. El principal acusado, el Karateca Martínez fue absuelto en un fallo muy cuestionado, por la vinculación que tenía con el poder judicial local.

Luego de absolución, denunció a Patricia Godoy por supuesto falso testimonio, y en un juicio exprés, fue condenada a 4 años de cárcel. La lucha del movimiento feminista logró que por ahora cumpla la pena con prisión domiciliaria, mientras se sigue peleando por su absolución.

¡Esto es lo que quieren legalizar! La revancha de los victimarios contra las víctimas.

El proyecto presentado por Carolina Losada está respaldado por una cantidad de abusadores y familiares de abusadores, que es escandaloso. Hay dos que son representativos: la jueza Reghenzani, esposa de Diego Clementi, el ginecólogo condenado a 14 años de cárcel por abusar de sus pacientes; la esposa de Diego Guacci el ex entrenador de la selección femenina acusado de abusos y acoso. Y los mayores propagandistas son las organizaciones de abusadores, que buscan herramientas para su propio beneficio: podemos nombrar la Asociación Varones Unidos, de Pablo Laurta, el femicida de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y amigo de Agustín Laje y Nicolás Márquez biógrafos y “teóricos” de Milei.

De acuerdo a un estudio federal realizado por el Ministerio Publico Fiscal, en Argentina sólo el 0.09% de las causas penales resultaron ser falsas denuncias. De ese ínfimo porcentaje, el 0.8% se vinculas a causas por algún tipo de violencia de género. Es decir, del total de denuncias, las supuestas falsas denuncias por violencia de género, representan menos del 0,008%. En cambio, de cada 1.000 abusos, sólo se denuncian 100 y 1 llega a tener condena. El proyecto de Carolina Losada no resuelve para nada este, que es el verdadero problema de las denuncias.

Apoyarse en la cantidad de fallos desfavorables para víctimas de violencia y abuso para sostener que hay un problema con la “enorme cantidad” de supuestas falsas denuncias es desconocer la verdadera cara de la justicia patriarcal: trabaja para amparar violentos y femicidas, y no para defender a las víctimas.

El domingo 2 se conoció un nuevo caso de femicidio: Mailén Antonich fue asesinada tras asistir a una falsa entrevista de trabajo en Mar del Plata.  La familia quiso denunciar la desaparición de la joven a las pocas horas de haber perdido señal, contando incluso con una foto que había publicado del lugar donde estaba, pero la policía no le tomó la denuncia hasta que la misma familia se acercó al lugar donde había sido asesinada forzando la intervención policial. La familia buscó y encontró el cuerpo de Mailén. El Estado, una vez más, jugó para los femicidas. ¡NO HAY FALSAS DENUNCIAS, FALTAN DENUNCIAS!

La violencia contra las mujeres y niñes está escalando al calor de los ataques de la extrema derecha, que no sólo es responsable ideológica por azuzar discursos negacionistas y de odio, sino por cada ataque a las conquistas que ganamos en las calles.

En una entrevista reciente con Luis Majul, el presidente Javier Milei dijo que su gobierno “pulverizó” la violencia contra las mujeres. Lo único que pulverizó fue el Ministerio de Mujeres y Diversidades, y las pocas políticas de asistencia y prevención de la violencia patriarcal que existían. Lo único que pulverizó es el presupuesto educativo vaciando la aplicación de la ESI, tan necesaria para la detección y denuncia de violencia y abusos en la infancia y adolescencia. Mientras tanto, fueron asesinadas más de 147 mujeres en lo que va del año.

El próximo jueves 6 se está gestando una masiva movilización al congreso contra la aprobación la Ley de Inviolabilidad de la Tierra, a la que Las Rojas y el Nuevo MAS estamos convocando. Con la fuerza que demostramos el pasado 3J, el movimiento feminista tiene que ser parte, para defender nuestro territorio, para enfrentar la ley de Falsas Denuncias, y para volver a decirle a este gobierno de reaccionarios que ya no se aguanta más.