Estas iniciativas establecen obligaciones para las redes sociales, las plataformas digitales y las empresas de telecomunicaciones.
Distintos bloques presentaron proyectos que se orientan, en mayor o menor medida, a regular los vacíos legales que permiten a plataformas como X (Ex Twitter), Instagram, Facebook, YouTube, TikTok capturar la atención y los datos personales de niñeces y adolescencias. Incluso uno de los proyectos abarca las búsquedas asistidas por inteligencia artificial, como chats o sistemas automáticos de respuesta, que deberían incorporar filtros de seguridad para bloquear consultas de riesgo. Asimismo, contempla aplicaciones de mensajería masiva y comunicación grupal, como WhatsApp, Telegram o Discord.
El debate se centra en modificaciones de diseño estructural con el objetivo de generar entornos digitales seguros para las niñeces y adolescencias. Las propuestas coinciden en la necesidad de que las plataformas digitales incorporen mecanismos obligatorios de verificación de edad y un diseño seguro por defecto; es decir, que las cuenta de las personas usuarias menores de edad sean privadas (no visible para personas desconocidas), con la geolocalización desactivada y la posibilidad de recibir mensajes directos únicamente de contactos aprobados. Además, se prevé que las plataformas integren herramientas efectivas de control parental, respetando la autonomía progresiva de las adolescencias, así como también se fortalezca la protección de datos personales.
De igual manera, dos proyectos coinciden en orientar su regulación hacia el diseño algorítmico de las plataformas, limitando mecanismos como las recompensas variables, el desplazamiento infinito de contenidos -por el cual la pantalla nunca termina y no existe un punto natural de cierre que invite a detenerse- y la reproducción automática. Estos mecanismos están diseñados para captar la atención de las personas usuarias, favoreciendo conductas de uso compulsivo, con un impacto mayor en niñeces y adolescencias debido a que sus cerebros aún se encuentran en etapas de desarrollo.
Además, los proyectos proponen prohibir la exposición de niñeces y adolescencias a contenidos considerados de alto riesgo, como aquellos que promuevan la violencia, la autolesión, los trastornos alimentarios, la explotación sexual, los discursos de odio o cualquier contenido incompatible con el interés superior del niño. Asimismo, plantean la prohibición de perfilamiento comercial y de la publicidad personalizada dirigida a este grupo etario.
Los proyectos coinciden en promover marcos regulatorios aplicables bajo un esquema de corresponsabilidad entre el Estado, las empresas de las plataformas y las familias. En ese marco, establece un régimen de responsabilidad civil por daños derivados de recomendaciones algorítmicas, considerando responsables a las plataformas por los daños psicológicos, emocionales o físicos sufridos por niñeces y adolescencias cuando estos sean consecuencia de la exposición reiterada a contenidos de alto riesgo promovidos mediante sistemas automatizados de recomendación.
Asimismo, incorporan un esquema de sanciones para las plataformas que incumplan las obligaciones previstas, que varían entre recibir apercibimientos, multas de hasta el 10% de su facturación anual, e incluso la suspensión temporal del servicio a nivel nacional mediante orden judicial. Como parte de este esquema de corresponsabilidad, las plataformas también deben incorporar y ofrecer campañas/programas de alfabetización digital.
Plataformas digitales, parte de la vida cotidiana
Durante la última década, los entornos digitales ocuparon un papel cada vez más importante en la vida cotidiana de las personas usuarias. Las plataformas digitales y las redes sociales transformaron los modos de vinculación y la autopercepción de las personas. Este proceso se intensificó durante y después de la pandemia de COVID-19, cuando el aislamiento preventivo a nivel mundial produjo una mayor masificación de su uso.
Las plataformas digitales constituyen espacios privados de interacción, creación, consumo y sociabilidad. Esta integración también plantea nuevos desafíos, particularmente relacionados al bienestar, desarrollo y derechos de niñeces y adolescencias. El riesgo se encuentra tanto en los contenidos con lo que se encuentran las personas usuarias como, principalmente, por el diseño de las propias plataformas.
En relación con la magnitud del fenómeno, según el informe «La seguridad de la infancia y la juventud en la red» de la ONU, alrededor del 82% de la juventud de entre 15 y 24 años utilizaron internet durante 2025 a nivel global. En el caso de Argentina, una nota técnica de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 2025, señala que el 86,5% de estudiantes de sexto grado del nivel primario de todo el país afirmó utilizar redes sociales (según la Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2013/2023).
Además, la misma nota expone que alrededor del 80% de las y los cuidadores considera que el uso del teléfono celular, desde temprana edad, no genera ningún peligro (según la Sociedad Argentina de Pediatría, 2022). Otro estudio afirma que, incluso cuando las y los adultos monitorean los consumos culturales de las niñas y los niños con los que conviven, cuatro de cada cinco no activan los filtros de control parental.
En los entornos digitales las niñeces y adolescencias se vinculan e interaccionan cotidianamente, quedando expuestas a riesgos de diversa índole que pueden afectar su bienestar psicosocial, emocional y físico. Es por esto que, el alcance, la influencia y el control de los entornos digitales no pueden ser considerados como una preocupación individual del ámbito privado y familiar.
Desde sus inicios, las redes sociales y las plataformas digitales operan sobre la base de sistemas de autodeclaración de edad, cuya ineficacia resulta ampliamente conocida tanto por las personas usuarias como, principalmente, por los propios proveedores del servicio. En este sentido, los proyectos buscan invertir razonablemente la carga de la verificación de edad, exigiendo que sean las empresas la que garantice el cumplimiento efectivo de las restricciones etarias previstas.
Las niñeces y adolescencias, por encontrarse en etapas de desarrollo, pueden no contar con las herramientas suficientes para identificar, comprender plenamente y mitigar los riesgos de su participación en los entornos digitales. Es evidente las asimetrías de poder entre las empresas, las personas adultas y las niñeces y adolescentes.
¿Qué está pasando en el plano internacional?
En el mundo se están debatiendo y promulgando leyes similares, orientadas a reforzar la protección de niñeces y adolescencias frente a los riesgos del entorno digital. En ese sentido, Australia fue el país pionero: desde diciembre de 2025 prohíbe que plataformas como TikTok, Instagram, X, Facebook, entre otras, incorporen personas usuarias menores de 16 años de edad, estableciendo mecanismos de verificación de edad e identificación personal para restringir su uso debido al aumento de acoso, algoritmos adictivos y problemas psicológicos. Sin embargo, la medida encontró dificultades en su efectividad debido a acciones legales y a la posibilidad de eludir la regulación mediante el uso de redes privadas virtuales (VPNs, por sus siglas en inglés).
Brasil, por su parte, en marzo promulgó el «Estatuto Digital de Niños y Adolescentes», que prohíbe a las plataformas el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos. Además, fomenta la supervisión parental en adolescentes menores de 16 años, y busca proteger a las niñeces y adolescencias de la exposición a contenidos en línea adictivos, violentos y pornográficos, así como la explotación comercial de menores.
En Chile, un proyecto de Ley similar lleva el nombre de «Protección Digital Infantil» y limita el acceso a redes sociales, pero también a portales de apuestas y videojuegos en línea, incluyendo plataformas que transmiten eventos en vivo y contenidos pornográficos.
En abril del presente año, representantes de 22 países iberoamericanos se comprometieron a impulsar políticas y herramientas para proteger a las niñeces y adolescencias en internet. Si bien Argentina adhirió a la declaración de infancia, según lo publicado en el periodico español El País, en una nota al final de la declaración el país explícito que el Estado protegerá frente a delitos específicos como la explotación sexual, pero «no intervendrá en la libertad de expresión ni en el funcionamiento del mercado digital bajo la premisa de ‘alfabetización mediática’ o ‘control de desinformación». Por lo tanto, la suscripción se disocia de cualquier medida que implique la regulación estatal de contenidos, algoritmos o patrones de uso en plataformas digitales.
Efectos negativos de las redes sociales y la responsabilidad de las plataformas
Los efectos negativos de las redes sociales son alertados desde hace años por especialistas, familias, comunidad educativa, etc. Sin embargo, el caso de Nuevo México y KGM fueron los primeros en llegar a los tribunales, y además, obtener fallos favorables (ver «Niñeces y plataformas digitales: la derrota de Meta y Youtube en juicios históricos»).
Este año, Meta, la plataforma de Mark Zuckerberg (propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads y tecnologías de IA) perdió un juicio histórico en Nuevo México, Estados Unidos, y fue condenada a pagar 375 millones de dólares por no proteger adecuadamente, y de forma consciente, a las niñeces y adolescencias de depredadores sexuales y de engañar a las personas usuarias sobre la seguridad de sus plataformas.
La fiscalía argumentó que Meta sabía que estaban causando daños a la salud mental sin desarrollar medidas para revertirlas ni contenerlas. También sostuvo que la empresa realizaba declaraciones públicas engañosas sobre la seguridad de sus plataformas y permitió daños, incluyendo la explotación sexual infantil, contra sus usuarios. Además, fue acusada de desarrollar prácticas comerciales abusivas, aprovechándose de la falta de experiencia del grupo etario.
A su vez, se produjo otro fallo histórico contra Meta y Youtube, en California, EE UU. La joven KGM denunció a Meta, Youtube y otras plataformas por haberle ocasionado daños personales de salud mental incluyendo cuadros clínicos de ansiedad y depresión, ansiedad social, agorafobia, pensamientos de autolesión y dismorfia corporal. Durante el juicio se presentaron ante el jurado documentos internos de Meta y Youtube. Se expuso que, en 2015 -la época en la que la demandante comenzó a utilizar la aplicación-, Instagram tenía cuatro millones de personas usuarias menores de 13 años, incluyendo el 30% de las niñeces entre 10 y 12 años de Estados Unidos. Además, los ejecutivos de estas plataformas tecnológicas conocían y discutían los efectos negativos de sus productos en este grupo etario. Afirmando que el desplazamiento infinito de contenido, las recomendaciones algorítmicas y la reproducción automática de videos fueron diseñadas deliberadamente para atraer y fomentar un uso compulsivo de usuarios jóvenes.
Las plataformas están diseñadas para atrapar la atención, al maximizar el tiempo de permanencia, porque ese tiempo es lo que se convierte en ingresos publicitarios. Diversos estudios han comprobado que el «desplazamiento infinito» genera una necesidad constante de seguir consumiendo contenido. Además, sus efectos son distintos en un cerebro adulto que en uno en desarrollo. La maduración del cerebro humano es un proceso que se extiende hasta los 25 años, por lo tanto las niñeces y adolescencias enfrentan una mayor vulnerabilidad a sus efectos. En ese sentido, las áreas relacionadas con el control de impulsos y la toma de decisiones todavía están en formación, mientras que los sistemas de recompensa son especialmente sensibles. Así, el uso de recompensas intermitentes, -los «likes», comentarios o notificaciones- activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina, reforzando la conducta y fomentando su uso continuado, incluso compulsivo.
Redes sociales y capitalismo
A pesar de que Meta establezca la edad de 13 años como la edad mínima de acceso a sus plataformas las medidas que la empresa adopta para cumplir esta restricción resultan insuficientes. El problema es que el funcionamiento de las plataformas digitales se desarrolla bajo el capitalismo: megaempresarios como Meta de Mark Zuckerberg desencadenan problemas de salud mental en cientos de miles de niñeces y adolescencias para maximizar sus ganancias.
Las plataformas digitales fomentan un uso problemático que no depende únicamente del contenido que circula en ellas, sino fundamentalmente de la forma en que están diseñadas: deliberadamente orientadas a captar y retener la atención de las personas usuarias, funcionales a la acumulación de capital. Cuanto más tiempo pasan conectadas las personas usuarias, mayor cantidad de datos producen, más publicidad consumen y mayor es el beneficio económico para estas megaempresas.
Al mismo tiempo, conscientemente exponen a niñeces y adolescencias a riesgos psicológicos, sexuales y violentos. Por lo tanto, resulta urgente implementar regulaciones y sanciones a nivel mundial que obliguen a las empresas de redes sociales, en particular, y a las plataformas digitales en general, a modificar el diseño adictivo y perjudicial con el que están diseñadas. Asimismo, es acuciante frenar la discrecionalidad con la que acumulan ganancias inmensas mediante la información y tiempo de uso de las personas usuarias.
Desde un régimen de corresponsabilidad son las mega empresas quienes deben estar obligadas a garantizar seguridad digital especial para niñeces y adolescencias. A su vez, el Estado, debe desarrollar programas educativos entendiendo a este grupo etario como sujetos políticos de derechos con autonomía progresiva entendiendo la importancia y promoviendo el reconocimiento de intentos de manipulación, el consentimiento digital, privacidad y uso de la inteligencia artificial desde edades temprana promoviendo herramientas a las niñeces y adolescentes para habitar los entornos digitales un mundo que difícilmente podrán mantenerse al margen.
