Navanethem «Navi» Pillay, jurista sudafricana de origen tamil, recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 tras una trayectoria vinculada a la defensa jurídica de presos políticos durante el apartheid y a su posterior participación en organismos judiciales internacionales. Fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, integrante de la Corte Penal Internacional y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Su nombre se puso en el centro de la escena por su papel como presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados. En septiembre de 2025, ese organismo concluyó que Israel había cometido genocidio contra la población palestina en Gaza. El informe sostuvo que existían elementos suficientes para establecer la intención de destruir, total o parcialmente, al grupo palestino en Gaza. Sus conclusiones corresponden a una comisión de investigación y no constituyen una sentencia judicial.
La reacción del gobierno de Benjamin Netanyahu fue virulenta. Tras el anuncio del Nobel, funcionarios israelíes descalificaron a Pillay y al Comité Noruego, porque no hay genocidio frente a los ojos del mundo sin negar que esté pasando lo que todo el mundo está viendo que está pasando. La acusación de «antisemitismo», en boca de un sionista, tiene el mismo valor que la de ser «antialemán» en boca de un nazi.
Donald Trump, por su parte, profundizó su ofensiva contra la Corte Penal Internacional. Su administración impuso sanciones contra integrantes del tribunal, en una política que ya había comenzado antes del Nobel y que se intensificó a partir de las investigaciones que afectan a Estados Unidos y sus aliados. En noviembre de 2024, la CPI había emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
El delirio mesiánico de Trump de indignarse por no recibir el Premio Nobel (¿el de Corina Machado no le alcanza?) se combina con la política de negar todo juicio a los crímenes coloniales e imperialistas de Estados Unidos y su aliado Israel.
Washington justifica las sanciones en nombre de la soberanía estadounidense y acusa a la CPI de exceder sus atribuciones. Que el país que más guerras y crímenes ha perpetrado a espaldas de los organismos internacionales que él mismo creó se indigne por supuestas violaciones a su «soberanía» es tan completamente absurdo que cuesta creerlo. Israel, por su parte, respondió a las investigaciones con una combinación de rechazo, descalificaciones y presión política. La coincidencia de estas reacciones muestra hasta qué punto los gobiernos más poderosos están dispuestos a utilizar sus recursos para defenderse cuando sus acciones quedan bajo escrutinio.
Estas disputas también exponen los límites de las instituciones internacionales. La ONU y la CPI forman parte de un orden mundial estructurado por Estados capitalistas y relaciones imperialistas, con Estados Unidos a la cabeza. Sus organismos pueden investigar, documentar hechos y formular acusaciones, pero no están por encima de las relaciones de fuerza que condicionan su funcionamiento. La capacidad de aplicar sus decisiones depende, en gran medida, de la cooperación de los propios Estados, incluidos aquellos con mayor poder económico, diplomático y militar.
Por eso, el reconocimiento a Pillay puede leerse como parte de una disputa política más amplia, sin convertir el Nobel ni los tribunales internacionales en una garantía de justicia. La documentación de los crímenes y la denuncia de los responsables son importantes, pero las instituciones jurídicas no pueden sustituir la acción de los pueblos que enfrentan la ocupación, la represión y la violencia estatal. Mucho menos cuando países como Estados Unidos, como parte del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen de antemano asegurada completa impunidad.
En Palestina, la posibilidad de frenar la ofensiva israelí está ligada a la resistencia del propio pueblo palestino, a la solidaridad internacional y a la movilización contra los gobiernos que sostienen política, económica y militarmente al Estado israelí. La denuncia de la complicidad de Washington es central, porque su respaldo constituye uno de los pilares que permiten a Netanyahu continuar con su política.
El episodio vuelve a mostrar que la impunidad de los poderosos tiene raíces materiales y políticas. Enfrentarla exige denunciar los crímenes, combatir la complicidad de los Estados y fortalecer la acción independiente de los pueblos y los trabajadores, sin depositar expectativas estratégicas en las instituciones del orden capitalista internacional.




