El DNU perderá su vigencia el próximo 31 de enero. La movilización tendrá como finalidad llevar el reclamo hasta el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat de la Nación.

El decreto entre otros aspectos contemplaba la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos o el congelamiento de los precios de alquiler entre otros. Atendiendo, según el texto, al hecho de “Que la emergencia sanitaria antes aludida, con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de COVID-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país.”

Según las/los convocantes de la manifestación, “En caso de no prorrogarse y extenderse el DNU 766, en febrero comenzará una ola de desalojos sin precedentes. No hay plan de contingencia en ningún nivel del Estado para las miles de personas y familias habitantes e inquilinas a nivel nacional que se ven al borde de quedar en la calle, en caso de levantarse la suspensión de los desalojos por falta de pago. Además, en cientos de juicios por desalojo se dictarán fechas de lanzamiento, lo cual sólo empeorará el panorama.”

Por su parte, agregan que no han obtenido respuestas por parte de las autoridades nacionales. En tanto, la pandemia por Covid-19 puso de manifiesto el problema del enorme déficit habitacional que sufre parte importante de la población trabajadora, tal como se expresó en las recuperaciones de tierras que en distintos puntos del país fueron violentamente desalojados, con Guernica como el ejemplo más emblemático.

Otro aspecto del problema está ligado al avance sobre territorios de pueblos originarios y naturales como bosques nativos u otros ecosistemas, producto del avance de la expansión de la frontera agraria y el uso especulativo de las mismas por parte de grandes firmas inmobiliriarias.

Así, la tierra y la vivienda son un gran negocio para pocos que el Estado protege con represión. Quienes ven vulnerado su derecho a la vivienda son criminalizados. El reclamo señala problemas urgentes que afectan a las mayorías trabajadoras que ven necesaria la prorrogación -y real aplicación- del decreto como su extensión. Mientras, se deja entrever que se necesitan políticas estructurales y de fondo para garantizar derechos esenciales, no las ganancias capitalistas a costa de ellos.